No parece haber salida pacífica a la vista a la crisis política de Ortega en Nicaragua

Álvaro Conrado murió de una manera tan violenta, que nadie en Nicaragua imaginó que en los días siguientes este tipo de asesinatos serían constantes en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Mucho menos que el número alcanzara más de 350 casos en dos meses y medio. Mientras acarreaba agua para que sus compañeros de trincheras pudieran lavarse el gas lacrimógeno que exprimía los ojos, un francotirador lo flanqueó en medio de un descampado polvoso. La bala impactó en su garganta.

Alvarito tenía 15 años antes de morir el 20 de abril. Ese día se escapó de su casa para protestar junto a una legión de jóvenes estudiantes que salieron a desafiar el poder de Ortega. Su figura se hizo estandarte de la resistencia ciudadana. Pero su asesinato sería uno de los primeros en recoger los elementos comunes en los 350 muertos confirmados por organismos de derechos humanos: el uso de fusiles de guerra contra los manifestantes, la negación de atención a los heridos y la falta de justicia.

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Cuando empezaron las muertes, la protesta en Nicaragua era por las reformas a la seguridad social de la administración de Ortega. En ellas se elevaban los aportes patronales y de los empleados y se implantaba un tributo del 5 por ciento a las pensiones. El país se indignó y la protesta cívica arrinconó a la administración sandinista.

_{Daniel Ortega, cada vez más atrincherado, no planea aceptar la opción de las elecciones anticipadas. Quiere llegar a 2021 en el poder.}

La propuesta de los obispos de la Iglesia católica, los principales mediadores del conflicto, es el anticipo de elecciones generales para marzo de 2019. Pero Ortega se negó a admitir esas demandas en una aparición pública el 7 de julio, que distó de sus multitudinarias demostraciones de fuerza. “Aquí las reglas las pone la Constitución de la república a través del pueblo; las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”, afirmó Ortega, en referencia a los manifestantes. “Si los golpistas quieren llegar al gobierno, pues que busquen el voto del pueblo”. Ortega piensa en el 2021 cuando termina su administración.

Los bastiones sandinistas se rebelan

Las protestas ciudadanas se multiplicaron en todo el país. Un fenómeno inusual bajo un régimen que había mantenido el férreo control de las calles durante la década que lleva gobernando. Los analistas llamaban “indiferente” a la ciudadanía ante la deriva autoritaria de Ortega. El mandatario reformó la Constitución política para reelegirse de forma indefinida, corrompió el sistema legislativo, electoral y judicial, sometió a las Fuerzas Armadas, concesionó buena parte del territorio nacional a un desconocido empresario chino para construir un canal interoceánico y hasta situó en la primera línea de sucesión a su mujer.

Los indiferentes explotaron y sorprendieron a los analistas, a los periodistas y al mismo gobierno, que primero no reconocía el reto ciudadano en las calles y luego terminó insinuando que se trataba de una intentona golpista.

Las principales universidades públicas fueron la incubadora de la protesta que se volvió nacional. Luego, los empresarios declararon su “divorcio” del gobierno de Ortega, con quien habían mantenido negocios y habían colaborado para sostener un esquema que le dio al país relativa estabilidad macroeconómica. Por otro lado, Ortega afianzaba su poder político por medio de triquiñuelas y violaciones a los derechos humanos. Todo eso bajo la bonanza de los dólares venezolanos, canalizados de forma ilegal para financiar la administración sandinista.

Después sucedió la ruptura entre la base popular fiel “al comandante y la compañera”. Los primeros muertos enervaron a los partidarios de Ortega porque empezaron a sufrir, sin distingo, la arremetida armada para sofocar las protestas. Ciudades que eran consideradas bastiones sandinistas, leales a Ortega y Murillo, le declararon su afrenta al gobierno. Monimbó, cuna de la insurrección sandinista en los setenta, alzó barricadas. Lo impensable sucedía. El comandante Ortega perdía su base social.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que corroboraba la muerte de los manifestantes, salió del país a mediados de mayo. En sus registros llevaban una lista de 76 muertos, pero dos semanas después el marcador marcó y marcó del lado de la muerte. El último conteo de la CIDH es de 264 asesinados en 86 días de protestas, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabiliza 351 muertos (de ellos 139 eran jóvenes de entre 18 y 30 años); 22 niños asesinados; 2.100 heridos; 51 lesionados con daños permanentes; y 261 desaparecidos o secuestrados.

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La amenaza paramilitar

Ante el aumento de la violencia oficial, los ciudadanos levantaron barricadas y tanques para protegerse. El gobierno de Ortega desató una “operación limpieza” ejecutada por la Policía Nacional y civiles armados quienes operan encapuchados y en conjunto con los oficiales. Son los paramilitares quienes realizan labores de exterminio y represalias selectivas contra manifestantes. La narrativa oficial negaba su participación, pero en la última semana un prominente diputado sandinista, Jacinto Suárez, admitió que son “trabajadores del Estado” que se han armado para defenderse.

Los paramilitares operan con los oficiales uniformados. Después de “limpiar” la mayoría de las 136 barricadas que obstaculizaban la vía Panamericana en Nicaragua, realizan ahora labores de patrullaje con los policías. El gobierno ha implantado una estrategia de terror que les ha ganado terreno a los manifestantes en las calles. La vida cotidiana ha sido trastocada: los comercios y empresas suspenden labores a las cuatro de la tarde y las calles quedan desoladas. Decenas de personas han muerto a manos de estos grupos irregulares.

En la incursión armada realizada del 18 de julio en Masaya, los paramilitares difundieron fotografías celebrando la “liberación” de la ciudad. Ya no disimulan su actuar con la Policía. De hecho, el comisionado mayor Ramón Avellán advirtió que liberarían Masaya “costara lo que costara”. El costo fue de al menos tres asesinados y decenas de heridos, según organismos de derechos humanos. Los embates armados dejan al menos dos muertos en cada jornada.

Los paramilitares protagonizaron actos de terror tan abyectos como quemar a una familia entera en la ciudad de Managua. El 30 de mayo masacraron la denominada “marcha de las madres”, una manifestación gigantesca y desarmada. El ataque causó 15 muertos. Sin embargo, la jornada más violenta de la rebelión cívica fue el 8 de julio: 24 muertos solo en el departamento de Carazo, cuando los paramilitares “limpiaron” la barricada en esa localidad. La gran pregunta es: ¿quién los arma? Expertos en seguridad apuntan sus análisis a la comandancia del Ejército de Nicaragua, que hasta ahora niega participación alguna.

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De las 136 barricadas ciudadanas levantadas en todo el país, quedan menos de 10. La “operación limpieza” de los paramilitares y Policías ha sido brutal. Acabaron con una de las resistencias más fieras en la ciudad de Masaya, en el barrio indígena de Monimbó.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –que representa varias organizaciones de la sociedad civil– ha llamado a decenas de protestas y paros nacionales. Este organismo es la contraparte del gobierno de Ortega en el diálogo nacional instalado y mediado por los obispos católicos. Sin embargo, el diálogo está más muerto que vivo ante la negativa de Ortega de discutir los temas de fondo: el anticipo de elecciones y la democratización de Nicaragua. Escenario al que la Organización de Estados Americanos (OEA) cree que es más fácil llegar si interviene como lo hizo el miércoles cuando sus representantes, reunidos en Washington para hablar por tercera vez sobre Nicaragua, votaron a favor de realizar elecciones anticipadas. El amplio margen de la votación (21 a favor y 3 en contra) es una clara muestra del aislamiento en el que viven Ortega y su esposa. No escuchan lo que dicen las calles y se han atrincherado en el poder. “Ortega está solo, le quedan las armas”, afirmó Azalea Solís, integrante de la Alianza Cívica.