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| 10/19/2019 2:04:00 AM

Cataluña: independencia versus legalidad

El peso de la ley cayó sobre los líderes del independentismo catalán. Ello ha generado caos en la región, pero no una salida a la crisis.

Cataluña: Protestas del independentismo catalán van en contra de la aplicación de las leyes de España Miles de personas han salido pacíficamente. En las noches, sectores extremistas incendian carros y atacan a la Policía. Foto: AP
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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

Cataluña está paralizada. El lunes, el Tribunal Supremo de España condenó hasta a 13 años de cárcel a los principales líderes independentistas, lo que generó la ira de miles, que en retaliación se tomaron las calles. Y desde entonces no han parado. Aunque la sentencia judicial es absolutamente legal, muchos no lo aceptan. Tras casi una semana consecutiva de protestas, el caos se apoderó de la región autonómica con más de 45 incendios, 97 heridos y 33 detenidos. Además, en Barcelona hubo 400 contenedores y más de una docena de vehículos quemados. Como si esto fuera poco, Quim Torra, presidente autonómico de Cataluña, desafió nuevamente al Estado español al anunciar que “en esta nueva legislatura” convocará un nuevo referéndum de autodeterminación. Así mismo, calificó la sentencia como “el golpe a la democracia más importante desde 1978”. A menos de un mes para las elecciones generales, Cataluña domina el debate político no solo en su territorio, sino en toda España.

Pedro Sánchez. Presidente del gobierno español

La histórica sentencia castigó a los líderes independentistas porque estos intentaron separar su región de España por vías ilegales y porque utilizaron dineros públicos para ello. Como le dijo a SEMANA el analista español Manuel Gomis: “No existen métodos legales en manos de los independentistas para convocar a un referéndum. Han apostado por vías que se salen de la constitucionalidad”. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pidió al presidente catalán restaurar el orden. Y afirmó que, pese a la oleada de violencia, no tomará medidas, por lo pronto.

Un sector del independentismo protesta, en últimas, contra el sistema judicial.

Quim Torra. Presidente autonómico de Cataluña

Todo empezó en septiembre de 2017, cuando el gobierno autonómico de Cataluña convocó a sus ciudadanos a un referéndum de independencia, que celebró el 1 de octubre. Sin embargo, antes de esa fecha la justicia española advirtió sobre las consecuencias jurídicas de esa medida, a la que señaló múltiples ilegalidades. Entre ellas, que el marco (“ley de referéndum de autodeterminación”) sobre el que se cimentó es ilegal según el derecho internacional, pues se basó en una interpretación errónea del principio de “autodeterminación”. Las resoluciones de las Naciones Unidas que lo proclaman lo limitan “inequívocamente” a pueblos sometidos “a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”. Y si no es así, no pueden celebrarse en contra de las disposiciones constitucionales del país.

Así, el 57 por ciento de los catalanes se abstuvo de participar. Tan solo un cuarto participó, y de esos, el 90 por ciento votó a favor de la independencia.Ese día, las fuerzas policiales atacaron violentamente a los civiles para evitar que votaran. Todo quedó registrado en cámaras y los videos le dieron la vuelta al mundo. Según cifras del gobierno catalán, los servicios médicos atendieron a más de 800 personas ese día. El uso desmesurado de la fuerza, de cierta forma, alimentó el sentimiento de indignación latente hasta el día de hoy.

A pesar de que la mayoría de los catalanes no votó, el entonces presidente del gobierno autonómico, Carles Puigdemont, declaró unilateralmente su independencia el 10 de octubre, pero luego la suspendió. En respuesta, el gobierno del presidente Mariano Rajoy se acogió a una medida sin precedentes en España. Aplicó el artículo 155 de la Constitución, que le permitió suspender la autonomía de Cataluña. Así, disolvió el Parlamento catalán, convocó a nuevas elecciones autonómicas celebradas el 20 de diciembre de ese año y asumió las funciones del gobierno de Puigdemont. Ningún país del mundo reconoció la independencia de Cataluña. Entonces, la justicia española acusó a los líderes de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Varios de ellos, incluido el expresidente Puigdemont, huyeron y se refugiaron en Bélgica.

Raül Romeva. 12 años de cárcel / Joaquin Forn. 10 años y medio de cárcel / Jordi Turull. 12 años de cárcel. 
Oriol Junqueras. 13 años de cárcel / Josep Rull. 10 años y medio de cárcel
Jordi Sánchez. 9 años de cárcel / Carme Forcadell. 11 años y medio de cárcel
Dolors Bassa. 12 años de cárcel / Jordi Cuixart. 9 años de cárcel

¿Les fue bien?

El Tribunal Supremo de España actuó con menos severidad de lo que había planteado inicialmente, pues en su sentencia descartó el delito de rebelión, cuyas penas podrían llegar hasta los 25 años de prisión. Según el tribunal, no hubo violencia en el plan estructural de los independentistas. A cambio, los acusó de sedición, un delito menos grave, que implica alzamientos públicos para dificultar la aplicación de la ley. No obstante, los independentistas catalanes han interpretado la sentencia como un ataque a las protestas pacíficas, pues la consideran “excesiva” o “injusta”, como dijo Quim Torra. Lo paradójico del asunto es que ahora protestan contra el sistema judicial.

¿Cómo separarse?

En el improbable escenario de que España aceptara la separación de Cataluña, sería necesario que el país entero acordara una reforma constitucional agravada, es decir, que afectaría al Título Preliminar de la Constitución (artículo 1.2, que residencia la soberanía nacional en el pueblo español, y artículo 2, que proclama “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”). Tanto el Senado como la Cámara deben aprobar dicha reforma por una mayoría de dos tercios. De ser aprobada, se disuelven las cámaras y se convoca a nuevas elecciones. Las nuevas cámaras deben aprobar la reforma por mayoría simple. Luego de estudiarlo, el nuevo texto constitucional debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios, tanto en el Senado como en la Cámara. El último paso es someter la reforma a un referéndum nacional.

Por otra parte, el dictamen del Tribunal Supremo de España no está en tela de juicio, pues respetó las garantías procesales de los acusados. Además, el sistema judicial español goza de respetabilidad y legitimidad internacional, entre otras por su independencia de poderes, fortalecidos en la Constitución de 1978.

Todos los sectores de la política, desde la izquierda de Unidos Podemos, hasta el ultraderechista Vox, coinciden en su respaldo a los mecanismos constitucionales del país. Lo cierto es que con elecciones en noviembre el caos catalán dominará el debate, independientemente de que no haya una salida clara. 

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