La Justicia de Perú condenó este miércoles, 31 de enero, a 19 años y 8 meses de prisión al antiguo jefe de los servicios de Inteligencia del expresidente peruano Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, esto por los hechos de la masacre de Pativilca, que ocurrieron en enero de 1992 y que significaron la ejecución ilegal de seis personas en medio de la política del mandatario contra la guerrilla de Sendero Luminoso.
Montesinos, recluido actualmente en la Base Naval del Callao, uno de los principales centros de detención de país, fue condenado bajo los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada por la masacre que tuvo lugar en la zona rural, según lo informado por el medio local La República.
Inicialmente, la Fiscalía peruana había pedido para él 25 años de cárcel por la ejecución extrajudicial en enero de 1992 en la provincia de Pativilca de seis campesinos a los que hicieron pasar por guerrilleros de Sendero Luminoso, a pesar de que nada tenían que ver con el grupo subversivo mencionado.
Su defensa, con base en la legislación peruana, ha pedido que esta última pena se tenga ya por cumplida debido al tiempo que ya ha permanecido en prisión desde que en 2001 fuera condenado a 25 años por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, una figura legal con la que ya ha evitado en otras ocasiones prolongar su estado en prisión y que permitiría su salida en junio de 2026.
Las víctimas fueron ejecutadas por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operó durante los dos primeros años del mandato del recientemente excarcelado expresidente Alberto Fujimori, quien a diferencia de Montesinos, ha optado por mantener su inocencia y proseguir con la causa judicial. Esto recordando que el exfuncionario del presidente aceptó su responsabilidad en los hechos ocurridos.
El Grupo Colina ha sido señalado por varios crímenes de lesa humanidad durante la primera parte de la década de los 90, entre los cuales están las ya citadas masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por las que Fujimori fue condenado a 20 años de prisión, si bien pudo salir gracias a un controvertido indulto humanitario.
La situación de Fujimori
Perú negó recientemente que haya desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando excarceló al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) alegando razones humanitarias, pese al pedido del tribunal para que se abstuviera de liberarlo. “No ha existido desacato alguno por parte del Estado”, señaló la Cancillería en un comunicado en respuesta al pronunciamiento de la Corte IDH sobre el caso del expresidente peruano de 85 años.
El Gobierno peruano indicó también que entregará a la Corte un informe con la argumentación de su posición dentro del plazo requerido por el tribunal interamericano, que vence el 4 de marzo de 2024. La Corte IDH, órgano judicial del sistema interamericano con sede en San José, había pedido a Perú el pasado 6 de diciembre que no excarcelara a Fujimori hasta que los magistrados analizaran el indulto que le había concedido la justicia peruana, ante su avanzada edad y quebrantos de salud.
El tribunal consideró que el Perú había caído en desacato al no atender sus recomendaciones, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió la legalidad de la medida que le restituyó a Fujimori el indulto otorgado 2017.
“Las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte”, indicó. Al mismo tiempo, el Gobierno peruano remarcó su respeto de “los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos”.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad en 2009. Estuvo preso un total de 16 años. Aquejado de un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras dolencias, Fujimori dejó la prisión el mismo día que la Corte IDH pidió posponer su excarcelación.
*Con información de la AFP.