A través de su cuenta de X, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, compartió una publicación de su hija, Mariana González de Tudares, en la que denunció cómo el régimen venezolano ha usado el encarcelamiento de Rafael Tudares, yerno del líder opositor, como una “venganza política” contra la oposición democrática del país.
“En este comunicado público, mi hija Mariana denuncia tres episodios de extorsión, en los que la detención de Rafael fue utilizada deliberadamente como instrumento de presión para forzar decisiones políticas. La gravedad de estos hechos y de todo el vicio ‘jurídico’ exige respuestas inmediatas”, dice el mensaje de González Urrutia.
En un comunicado fechado el 19 de enero de 2026, González aseguró que el expediente judicial contra Tudares “es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos”, y sostuvo que el proceso estuvo marcado por la ausencia total de garantías. “No existen testigos. No existen evidencias contra Rafael. No existen hechos demostrables contra Rafael que constituyan delito”, afirmó.
La denunciante también señaló que nunca se le permitió acceder al expediente ni ejercer una defensa privada. “A mí nunca se me permitió acceder al expediente. Nunca se me entregó copia. Nunca se me permitió realizar el nombramiento de una defensa privada”, indicó, y agregó que incluso su abogado “jamás tuvo acceso al expediente”.
Según el comunicado, Rafael Tudares solo pudo revisar el expediente el día de su “única y sumaria audiencia de juicio”. “Rafael es abogado. Él revisó íntegramente su propio expediente y pudo constatar que no había pruebas en su contra”, relató su esposa, quien calificó la condena como una “violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa”.
Además del proceso judicial, González denunció tres episodios de extorsión, ocurridos en sedes diplomáticas, espacios vinculados a la Iglesia y oficinas de organizaciones que afirman defender derechos humanos.
“En esos tres episodios hubo testigos presenciales, quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo”, aseguró.
En dichos encuentros, afirma haber recibido presiones directas para forzar una renuncia política de su padre, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, como condición para la liberación de su esposo. “Se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, denunció.
Para González, estos hechos configuran “un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil”, utilizando la privación de libertad “como mecanismo de presión política y personal”, incluso desde espacios que “deberían ser neutrales y protectores de derechos”.
En el cierre del comunicado, la esposa del abogado rechazó cualquier justificación legal del proceso. “Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad”, afirmó.