Uno de los jefes policiales más conocidos de Florida, identificado durante años con una postura dura frente a la inmigración irregular, afirmó el martes que el Congreso de Estados Unidos debería estudiar una fórmula que permita permanecer en el país a algunos migrantes que ingresaron sin autorización pero que hoy están integrados a la sociedad.
Se trata de Grady Judd, sheriff del condado de Polk, ubicado al este de Tampa, en el centro de la península de Florida.
El funcionario explicó que también planea solicitar orientaciones más claras al gobierno de Donald Trump sobre qué perfiles de migrantes deben ser priorizados dentro de la actual ofensiva de deportaciones impulsada por la administración federal.
Durante una conferencia de prensa, Judd planteó que existe un sector de la población migrante que no representa un riesgo para la seguridad pública y que incluso contribuye a la economía y al tejido social de las comunidades donde reside.
“Tiene que haber un camino a seguir para las personas que están en este país, que entraron ilegalmente, pero no tienen historial criminal, trabajan y están contribuyendo a la sociedad”, afirmó el sheriff.
Judd es considerado un aliado cercano de Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Además, preside el Consejo Estatal de Aplicación de las Leyes de Inmigración, un organismo integrado por ocho jefes policiales designados por líderes republicanos del estado.
Las declaraciones se produjeron luego de que surgieran reportes sobre una reunión del Consejo realizada el lunes, en la que algunos alguaciles habrían planteado la posibilidad de revisar o matizar ciertas posturas frente a la política migratoria.
Ante esas versiones, Judd quiso despejar cualquier duda sobre su respaldo al Gobierno federal. “Cualquier insinuación de que no estamos apoyando al presidente o al Gobierno es absolutamente falsa”, aseguró.
El sheriff insistió además en que respalda plenamente la estrategia actual de Washington y del gobierno estatal. “Lo que está haciendo Trump en materia de inmigración es correcto, y lo que está haciendo el gobernador DeSantis es correcto”, añadió.
Aun así, sus declaraciones evidencian una postura más pragmática frente a la política migratoria, en medio de cuestionamientos sobre la viabilidad y las implicaciones de las deportaciones masivas.
El debate cobra especial relevancia en Florida, considerado uno de los principales bastiones de la agenda migratoria restrictiva impulsada por Trump, donde las autoridades enfrentan el desafío de equilibrar la línea dura con las realidades sociales y económicas del estado.