SEMANA: ¿Qué implicaciones tiene para América Latina y para el sistema internacional de derechos humanos la caída de Nicolás Maduro en un operativo liderado por Estados Unidos?
Carolina Jiménez Sandoval: Como dijimos en reiteradas ocasiones, Nicolás Maduro lideraba en Venezuela un régimen autoritario en el que se han cometido graves violaciones de derechos humanos y en el que, además, opera un sistema de gran corrupción y de colusión de funcionarios gubernamentales con economías ilícitas.
Nos parece muy grave el precedente que acaba de sentar Estados Unidos. Es decir, un ataque militar de un país —en este caso, una potencia mundial— al territorio de otro país es una abierta violación de los principios del derecho internacional, sobre todo de aquellos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas para que se pueda usar la fuerza de forma legal.
En cuanto a la violación del espacio territorial de un Estado, se tienen que cumplir algunas condiciones: que esté aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que se trate, por ejemplo, de defensa legítima. Esos criterios no se cumplen en este caso. Al parecer, hay entre 40 y 60 muertos, según indicó The New York Times.
El problema es que esto sienta un precedente en cuanto a la manera en que Estados Unidos está dispuesto a llevar a cabo sus relaciones internacionales. Hoy, Estados Unidos entró en un país con un gobierno autoritario para extraer a un presidente de facto. Mañana puede hacer lo mismo con otro presidente elegido democráticamente, pero que no sea afín al gobierno de Estados Unidos. Lo que quiero decir aquí es que Estados Unidos se arrojó la facultad de utilizar un mecanismo que, insisto, tiene muchas limitaciones en el derecho internacional, como es el uso de la fuerza, que es el último recurso y está prohibido bajo la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, me parece que es bastante grave.
SEMANA: ¿Cuáles deberían ser las prioridades inmediatas del Gobierno de transición en Venezuela?
Carolina Jiménez Sandoval: Creo que esta es una pregunta difícil de responder porque, en este momento, no estamos todavía viendo una transición democrática en Venezuela. Como ha sido ya anunciado oficialmente, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ha nombrado a la vicepresidenta de facto, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada.
Hasta el momento, no hay ninguna indicación de que el presidente electo constitucionalmente, Edmundo González Urrutia, pueda volver a Venezuela. Esto nos pone en una situación muy compleja, porque lo que más preocupa a las y los venezolanos, pero también a la comunidad internacional democrática, es que podamos estar frente a una transición sin transición.
Es decir, un cambio exclusivamente del liderazgo en el Poder Ejecutivo, en el que no haya un cambio real de los otros poderes públicos y, sobre todo, de los mecanismos represivos del madurismo. Entonces, es difícil hablar de cuáles deberían ser las prioridades de un gobierno de transición.
Ahora bien, si el gobierno de transición ocurriera, en materia de derechos humanos, las prioridades son muchas, desgraciadamente, porque el país vive una profunda crisis de derechos humanos. Una prioridad es, obviamente, la liberación plena de los presos políticos, que son casi 900 personas.
Toda persona privada de su libertad, solamente por motivos políticos, por disentir, por pensar distinto o por haber protestado, debería hoy en día estar con su familia. En Venezuela, el sistema de justicia es un brazo represivo. Muchas de las leyes contra el odio y las leyes contra el financiamiento del terrorismo han sido utilizadas para imponer cargos con los que se justifica la prisión política de muchas personas. Es muy urgente que el sistema de justicia sea reformado.
Creo que hay que tomar en cuenta la situación de los millones de migrantes y refugiados que están fuera del país, porque un cambio político en Venezuela, una transición ordenada y pacífica y un repunte de la actividad económica muy probablemente llevarían a que una parte de la población que hoy vive fuera de las fronteras venezolanas quiera retornar, pero a un país muy diferente de como lo dejaron.
Ahora es un país sumido en pobreza y desempleo. Va a tener grandes retos y, por eso, me parece imperativo que, con una perspectiva de derechos humanos, se pueda elaborar un plan nacional de reintegración, bienvenida y acogida de los millones de refugiados y migrantes que quieran volver a Venezuela.
SEMANA: ¿Qué mecanismos concretos recomienda WOLA para garantizar la liberación, protección y reparación integral de los presos políticos y sus familias tras años de persecución y detenciones arbitrarias?
Carolina Jiménez Sandoval: Lo primero que necesitan las personas presas políticas es libertad. Si las ONG calculan que hay casi 900, probablemente eso implica que hay muchas más personas privadas de su libertad.
Es necesaria una reforma profunda del sistema penitenciario, pero sobre todo un plan inmediato de respuesta que logre identificar a todas las personas recluidas y privadas de libertad por motivos políticos. Eso va a necesitar apoyo humanitario internacional.
Entonces, no solo para las víctimas de prisión política, sino también para las víctimas de desaparición forzada, de tortura, de violencia sexual y de género y de la persecución sistemática que se ha vivido durante muchos años en Venezuela, debe haber un plan integral de reparación.
Venezuela todavía tiene mucho que aprender de diferentes países que han recorrido un camino de reconstrucción desde el autoritarismo hacia la democracia: ver cuáles son las mejores lecciones aprendidas para que Venezuela pueda transitar hacia ese destino.
SEMANA: ¿Cómo puede evitarse que el proceso de transición derive en impunidad, y qué rol deberían jugar la justicia internacional y los organismos multilaterales en la investigación de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela?
Carolina Jiménez Sandoval: Una de las maneras de evitar que la transición derive en impunidad es asegurar que haya compromisos concretos de las autoridades que estén a cargo del poder con la lucha contra la impunidad. No vale, no es suficiente decir que se quiere luchar contra la impunidad si no hay compromisos concretos.
Tiene que haber, como parte del plan de un gobierno de transición, un compromiso con la justicia transicional y con la lucha contra la impunidad.
Estamos hablando de muchos años de autoritarismo en Venezuela, muchos años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en los que no ha habido procesos de construcción de memoria, de escribir, entender y narrar la verdad y, sobre todo, de reparar a las víctimas.
Esperamos que haya una comunidad internacional comprometida, tanto con voluntad política como con financiamiento internacional, para promover y apoyar un proceso que sin duda va a ser difícil, pero también largo. Sin justicia, no hay transición duradera.
SEMANA: ¿Qué mensaje envía este giro político a las víctimas, a la diáspora venezolana y a otros regímenes autoritarios de la región sobre la rendición de cuentas y los límites del poder?
Carolina Jiménez Sandoval: Lo que pasó en la madrugada del 3 de enero termina mostrando que, obviamente, nada está escrito en piedra, que la historia del continente continúa en movimiento y que estamos en un momento muy diferente de las relaciones internacionales.
Denuncio la violación del derecho internacional cuando se trata de ataques militares de un país a otro, pero también queda muy claro que es muy urgente la necesidad de reconstruir un camino de transición democrática en Venezuela.
La imagen de Nicolás Maduro esposado, caminando cuando llegó a Nueva York, es tal vez una de las imágenes que mejor ilustra cómo puede cambiar la historia en un país. Hace un año, el 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro se juramentaba para un tercer mandato en Venezuela, que había obtenido de manera ilegal, violando la soberanía popular expresada en las urnas, a pesar de todos los obstáculos del 28 de julio de 2024.
Maduro va a ser investigado y procesado por tráfico de drogas, etcétera, pero no tenemos conocimiento de procesos por temas de derechos humanos, y creo que eso sería algo tremendamente importante. Tiene que haber rendición de cuentas en materia de derechos humanos en Venezuela.
Estamos hablando de un país en el que ha habido miles de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas —la mayoría de corta duración, pero que han generado muchísima angustia en los familiares—, miles de detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, persecución política, además de graves violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales por la permanencia de la emergencia humanitaria compleja.
Sin duda alguna, lo importante es que las víctimas y la sociedad civil puedan ser parte fundamental de cualquier proceso de reconstrucción que se lleve a cabo en Venezuela.