El debate sobre el control de armas en Estados Unidos volvió al ojo público esta semana con uno de los casos más importantes en años, tras la llegada de una ley estatal de Hawái ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La medida cuestionada, aprobada en 2023, forma parte de un conjunto de normas que hacen de Hawái uno de los estados con las regulaciones más estrictas sobre armas de fuego en el país.
La ley en cuestión prohíbe el porte de armas de fuego en propiedades privadas abiertas al público a menos que el propietario dé permiso explícito; esto incluye tiendas, hoteles o restaurantes, y ese permiso debe esclarecerse de forma verbal o mediante señalización visible.
Esta disposición se aprobó en respuesta al fallo de 2022 de la Corte Suprema en New York State Rifle & Pistol Ass’n v. Bruen, que reforzó el derecho a portar armas en público bajo la Segunda Enmienda de la Constitución.
Una mayoría de magistrados del máximo tribunal estadounidense, dominado por jueces conservadores, se mostró escéptica respecto a la ley de Hawái, considerándola una “violación del derecho constitucional a portar armas”.
La Corte Suprema amplió los derechos sobre armas en un fallo de 2022 y, en general, ha favorecido a los propietarios de armas.
California, Maryland, Nueva Jersey y Nueva York, todos estados demócratas, también tienen leyes que sobreponen los derechos de los dueños de estos locales a los de los propietarios de armas.
“Nuestra tradición nacional es permitir el porte en establecimientos privados abiertos al público”, dijo a los jueces Alan Beck, abogado que representa a los propietarios de armas que impugnan la ley estatal.
Beck acusó a Hawái de “pasar por encima” del derecho asegurado en la Segunda Enmienda a “poseer y portar armas”.
El juez Samuel Alito, uno de los seis conservadores en el tribunal de nueve miembros, afirmó que la ley de Hawái relegaba “la Segunda Enmienda a un estatus de segunda clase”.
El Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump respalda la impugnación. Su representante ante la corte, la subprocuradora general Sarah Harris, señaló que la ley de Hawái convierte la “propiedad abierta al público, como una gasolinera, en el equivalente a la casa de alguien”.
Tres residentes de Maui con permisos de porte oculto y la organización Hawaii Firearms Coalition son los demandantes de esta norma y sostienen que esta regla entorpece efectivamente su derecho constitucional a portar armas en la mayor parte de los lugares de la vida cotidiana, ya que la mayoría de los dueños de comercios no colocan señales ni permiten por defecto el porte.
Los abogados argumentan que la medida convierte en delito el simple hecho de portar un arma en lugares públicos privados, dejándolos con pocas opciones más allá de calles y aceras para ejercer su derecho.
