El presidente Donald Trump firmó el 25 de marzo de 2025 una orden ejecutiva que introduce cambios significativos en el proceso electoral de Estados Unidos. Esta medida exige que los ciudadanos presenten una prueba documental de ciudadanía, como un pasaporte o una identificación emitida por el gobierno, al registrarse para votar en elecciones federales. Además, establece que todas las boletas de voto deben ser recibidas a más tardar el día de las elecciones para ser contadas.
La orden también instruye a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) a cortar fondos federales a los estados que no cumplan con estas disposiciones y al Departamento de Justicia a perseguir delitos relacionados con las elecciones.
Actualmente, la EAC está conformada por dos miembros designados por el Partido Demócrata y dos por el Partido Republicano.
“La Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. está revisando detenidamente el decreto del presidente y evaluando los próximos pasos para fortalecer la integridad del registro de votantes y las elecciones estatales y federales”, declaró en un comunicado el presidente de la EAC, Donald Palmer. “Asimismo, prevemos consultar con funcionarios electorales estatales y locales”.
El decreto también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) colaborar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, para examinar los padrones electorales estatales. El objetivo es identificar a ciudadanos extranjeros en las listas y proporcionar esa información a los funcionarios estatales y locales responsables de administrar las elecciones.
Sin embargo, esta acción ejecutiva ha generado controversia y se anticipa que enfrentará desafíos legales. La Constitución de Estados Unidos delega la autoridad para establecer reglas electorales a los estados y al Congreso, no al presidente. Además, la Corte Suprema ha bloqueado anteriormente intentos de exigir prueba de ciudadanía para votar.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han condenado la orden, argumentando que podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos elegibles y representa una extralimitación del poder ejecutivo.
En una publicación de blog, Richard Hasen, experto en derecho electoral de UCLA, describió el decreto de Trump como “una apropiación de poder ejecutivo” que podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos. “El objetivo aquí es la supresión de votante, pura y simple”, afirmó.
Por su parte, la secretaria del Estado de Colorado, Jena Griswold, quien pertenece al Partido Demócrata, calificó la orden como ilegal. “El decreto de Trump impediría que los estadounidenses elegibles ejerzan su sagrado derecho al voto”, expresó en un comunicado. Además, acusó a la administración de Trump de utilizar el gobierno federal como una herramienta para dificultar la participación de los votantes en las urnas.
Esta medida se enmarca en los esfuerzos continuos de la administración Trump por reformar el sistema electoral, bajo el argumento de prevenir el fraude, a pesar de la falta de evidencia sustancial que respalde tales afirmaciones.