En el contexto de las políticas de seguridad y control implementadas en Estados Unidos durante los últimos años, el funcionamiento de los aeropuertos ha estado bajo constante revisión. Estas infraestructuras son consideradas puntos estratégicos para la movilidad nacional e internacional, así como para la protección del territorio.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el país reforzó de manera significativa los protocolos de seguridad aérea. Como parte de esa respuesta, se creó la Transportation Security Administration (TSA), encargada de supervisar los controles en la mayoría de los aeropuertos del país.
Sin embargo, esta entidad ha atravesado por una fuerte crisis en los últimos meses, lo que ha orillado al gobierno norteamericano a no pagar salarios por más de un mes (deuda que ya quedó subsanada) o utilizar agentes del ICE en aeropuertos para cumplir con esas tareas.
En este escenario, el presidente Donald Trump propuso avanzar hacia una privatización parcial de los controles de seguridad aeroportuaria. La iniciativa, incluida en el presupuesto de la Casa Blanca, busca introducir cambios en el modelo actual mediante la participación de empresas privadas en estas funciones.
Según la propuesta, se plantea un recorte de 52 millones de dólares en la financiación de la TSA, junto con la posibilidad de que aeropuertos, especialmente los más pequeños, sustituyan a los agentes federales por inspectores de seguridad privados. Estos costos, de acuerdo con el plan, serían asumidos por la propia agencia.
En las últimas semanas, las empresas privadas pudieron evitar las ausencias masivas con las que lidiaban algunos aeropuertos que emplean personal de la TSA, cuyos empleados pasaron por la crisis anteriormente señalada.
“Estos 20 aeropuertos desconocen por completo el cierre del Gobierno”, declaró en marzo Sheldon Jacobson, profesor fundador de informática en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en entrevista con la CNN.
“Todas las operaciones en los aeropuertos privatizados son normales porque seguimos pagando a nuestros empleados durante el cierre (...) Nuestros empleados nunca han dejado de cobrar su sueldo durante ninguno de los cierres del Gobierno”, señaló Nat Carmack de BOS Security, la empresa que realiza el control de pasajeros en el Aeropuerto Regional de Tupelo en Mississippi, también para el mismo medio.
El debate sobre esta propuesta se ha centrado en sus posibles efectos. Por un lado, defensores de la iniciativa sostienen que la participación privada podría mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de espera y optimizar recursos dentro de los aeropuertos. Por otro lado, existen cuestionamientos sobre los riesgos que implica el delegar estas funciones, especialmente en lo relacionado con la uniformidad de los estándares de seguridad y la supervisión estatal.
Actualmente, la TSA cuenta con aproximadamente 50.000 empleados encargados de garantizar la seguridad en la mayoría de terminales aéreas del país. La eventual implementación de este modelo implicaría cambios en la estructura operativa del sistema y en la gestión del personal vinculado a estas labores.