Si es inmigrante en California, esto es lo que debe saber sobre la Ley AB 495

La nueva Ley estatal AB 495, conocida como Family Preparedness Plan Act of 2025, acaba de ser aprobada en California y ofrece una serie de derechos y riesgos para las familias, especialmente aquellas con miembros inmigrantes.

Esta normativa reforma mecanismos de tutela temporal, ampliación de las personas que pueden hacerse cargo de menores y regulaciones sobre cooperación escolar con autoridades migratorias.

Principales disposiciones de la AB 495

Bajo leyes anteriores, un adulto que no fuera el padre podía usar una declaración de cuidador para inscribir al menor en la escuela o autorizar atención médica limitada, pero estando dentro de ciertos requisitos familiares.

AB 495 amplía el tipo de personas que pueden calificar, incluso, a “miembros extendidos no parientes” (como padrinos, mentores, amigos cercanos), siempre que el menor resida con ellos.

Bajo esta ley, se crea un nuevo mecanismo para que los padres que anticipen ausencias temporales (por ejemplo, detención inmigratoria, enfermedad, despliegue militar), designen a un tutor interino sin perder por completo sus derechos parentales, de acuerdo a lo que explica Alliance for Children’s Rights.

Por otra parte, contiene disposiciones que restringen la recolección de información sobre el estatus migratorio de estudiantes o sus familias, salvo lo exigido por leyes estatales o federales.

Además, obliga a escuelas y centros autorizados de cuidado infantil a acatar nuevas políticas fiscales para evitar colaborar de más con autoridades migratorias.

Todas las peticiones, registros y documentos relacionados con una tutela bajo esta fórmula serán confidenciales.

Tampoco podrán revelarse al público general ni compartirse con agencias de inmigración sin una orden judicial basada en necesidad convincente no relacionada con la aplicación migratoria, tal y como se menciona en California Family Council.

La AB 495 fue aprobada por la Legislatura de California y, el 12 de octubre de 2025, quedó convertida en ley como Capítulo 664 de los Estatutos de 2025.

La ley pretende dar a los padres inmigrantes una herramienta más clara para designar quién cuidará a sus hijos si son objeto de detención o deportación.

Riesgo de pérdida de control sobre decisiones importantes

Críticos del proyecto advierten que, con la ampliación de quién puede ser cuidador, existe el peligro de que adultos poco confiables u oportunistas obtengan autoridad para decisiones médicas, escolares e incluso retiro del menor de la escuela, sin supervisión suficiente, como lo indica el Center for Christian Thought & Action.

Una de las controversias es que la ley no exige verificaciones exhaustivas de la relación entre el cuidador potencial y el menor, ni la aprobación explícita del padre o madre en todos los casos.

Algunos expertos alertan sobre falta de transparencia y posible uso indebido, sin embargo, aunque la ley permite nombramientos temporales, no elimina el derecho de los padres a impugnar decisiones que consideren injustas.

Pero los partidarios de la ley aseguran que los padres inmigrantes que teman una deportación, tendrán la posibilidad de elegir cuidadores de confianza para sus hijos.

Incluso, el proyecto fue respaldado por grupos de defensa de inmigrantes y niños como la Alianza por los Derechos del Niño y First 5 California.