40 años de la tragedia de Armero: el periodista Mario Villalobos revela evidencias del valioso tiempo que se perdió en atender la emergencia

A pesar de que el Ruiz bramaba a diario y que la nube de cenizas que despedía llegó incluso hasta la frontera con Venezuela, a pesar de los alarmantes informes de los expertos internacionales que, si bien no podían pronosticar hora y fecha de una erupción insistían en un riesgo real e inminente y en la necesidad imperiosa de tomar medidas preventivas, y pese a que la prensa ponía el dedo en la llaga casi a diario, la burocracia colombiana hizo de las suyas.

El rastreo documental de la época que se desarrolló durante diez meses para este libro, demuestra de forma categórica cómo, a pesar del ofrecimiento de los expertos de venir a Colombia, armados de equipos especializados con tecnología de punta para monitorear el volcán como era debido, y la disposición de entrenar a sus colegas colombianos en temas asociados al riesgo, el Estado perdió tiempo valioso haciendo consultas prácticamente innecesarias sobre un riesgo que era visible y evidente, y cómo, para colmo de males, no quiso asumir el costo de la vigilancia del asesino que rugía día y noche.

La historia comenzó cuando el entonces embajador de Colombia ante la UNESCO, Aurelio Caicedo Ayerbe, alertado por los informes que la UNDRO le entregó a esa entidad, le envió una carta a su jefe, el canciller, Augusto Ramírez Ocampo, haciendo hincapié en el ofrecimiento de los expertos y la imperiosa necesidad de actuar de inmediato; la misiva, fechada en París el 26 de junio, es clara:

“Los científicos consideran que los recientes temblores y otras anomalías que presenta el volcán indican una posible reactivación que de ser realidad podría causar una magna erupción con daños considerables.

Las Naciones Unidas y la UNESCO estiman que, sin crear ánimo de alarma, se deben tomar de inmediato una serie de medidas, entre ellas la observación y medición sistemática del volcán, con la instalación de equipos especiales y el entrenamiento de expertos nacionales.

Para ello, la UNESCO ha entrado en contacto con los principales organismos científicos internacionales y está en condiciones de poner a disposición de Colombia:

-Un grupo de expertos vulcanólogos, conformado por científicos de varios países.

-Algunos equipos y materiales de medición

-El entrenamiento de personal colombiano, en Colombia y en centros de Investigación Vulcanológicos de otros países

-Intercambio de información y de experiencias sobre fenómenos similares”.

De hecho, Caicedo Ayerbe fue absolutamente claro en explicarle al Canciller Ramírez Ocampo que era necesaria únicamente una petición formal de nuestro país por los canales diplomáticos:

“Es necesario, sin embargo, para que este proyecto de prevención de una posible erupción del Ruiz se lleve a cabo, que el Gobierno de Colombia proceda a hacer una solicitud formal a la UNESCO, lo antes posible a través de esta delegación.

Para una mejor ilustración en valija No 1 va copia del informe y de las notas que se han cursado entre diversos organismos sobre este asunto”.

Es decir, lo único que debía hacer el Estado colombiano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores era enviar una carta, aceptando la ayuda internacional, y proceder a la coordinación de la llegada de los expertos y los equipos.

Pero, como si se tratara de un episodio macondiano, la carta del embajador Caicedo Ayerbe se quedó engavetada durante más de un mes hasta que entre el 30 y el 31 de julio de 1985, la Cancillería decidió enviar sendas misivas a todas las entidades que creía deberían evaluar si valía la pena aceptar o no la ayuda.

Lo que resulta inverosímil es que, a pesar de la urgencia expresada por la máxima autoridad mundial en la materia y pese a su ofrecimiento de ayuda de manera inmediata, el Estado colombiano perdió treinta y cuatro días consultando si era necesario aceptar esa oferta, cuando el volcán estaba en franca actividad.

Mauricio Acero Montejo, subsecretario de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, le escribió al Ministerio de Minas, a Ingeominas, a la Gobernación de Caldas, a la Defensa Civil y al Instituto Geofísico de Los Andes.

Tal como se puede apreciar en este facsímil, el texto de las cartas era similar: hacía un resumen de la oferta y les pedía emitir un concepto sobre si, de acuerdo con su experticia y sus evaluaciones internas, valía le pena aceptar la ayuda de la UNESCO, a través de la UNDRO, entidad presidida por John Tomblin, el mismo hombre que visitó el volcán y se cansó de advertir una amenaza inminente.

“Solicitamos a la mayor brevedad su opinión al respecto, pues nuestro Gobierno debe proceder a hacer una solicitud formal a la Unesco lo antes posible a través de nuestra delegación en París”, decía la carta enviada por la Cancillería a las cinco entidades.

Pero ninguna de ellas respondió, tal como se lo solicitaron, a la mayor brevedad, y esa demora provocó la pérdida valiosa de tiempo en la respuesta al ofrecimiento de ayuda.

De hecho, la primera en responder fue la Gobernación de Caldas, en cabeza de Pablo Muñoz, quien lo hizo el 9 de agosto, es decir, once días después. El funcionario dio el visto bueno y pidió la llegada adicional de otros científicos italianos y franceses.

El 13 de agosto, dos semanas después de la consulta de la Cancillería, respondió Ingeominas, entidad encargada de la elaboración del mapa de riesgos; su director, Alfonso Gómez Reina, ratificó que la entidad ya estaba trabajando desde varios meses atrás con los expertos y que sí era necesaria la ayuda de la UNESCO.

La Defensa Civil, encargada de la prevención y eventual evacuación de la población, lo hizo casi un mes después, el 27 de agosto. Su director, el general (R) Guillermo De La Cruz Amaya, confirmó que la entidad había hecho campañas preventivas en la región con la idea de no alarmar a la población, y aseguró que aceptar la ayuda de la UNDRO era recomendable.

El Ministerio de Minas y Energía, mediante la Dirección General de Minas, contestó el requerimiento de la Cancillería el 29 de agosto, treinta y cinco días después. Su director (E), Horacio Gil, informó que ya se había instalado una red de instrumentos de monitoreo en cercanías del volcán y que sería Ingeominas -entidad adscrita al Ministerio- la que conceptuaría sobre la necesidad o no de la oferta de ayuda.

Pero la respuesta de la quinta entidad consultada confirma que, o se subestimó la furia del Ruiz o que algunos expertos nacionales consideraban que en ese momento -a escasos tres meses de la tragedia- no se contaban con los elementos de juicio necesarios para aceptar la ayuda internacional ofrecida.

El Instituto Geofísico de Los Andes -para entonces el más reputado centro de estudio de fenómenos vulcanológicos en el país y uno de los más importantes de la región- cuyo concepto era clave por nivel de su experticia en el tema, respondió la carta de la Cancillería el 12 de agosto, ¡cuarenta y cinco días después!

Su director, el sacerdote Rafael Goberna, uno de los oráculos nacionales en el tema y quien tuvo contacto con buena parte de los especialistas nacionales e internacionales que visitaron el Ruiz desde su reactivación en 1984, sorprendió a la Cancillería, conceptuando que el riesgo estaba sobrevalorado:

“A mi parecer, se ha exagerado un poco el peligro de una violenta erupción, en parte por el desconocimiento de la historia de la actividad anterior de dicho volcán y en parte por haber coincidido ese aumento en el mes de diciembre con la ocurrencia de un temblor fuertemente sentido en la región, pero con el epicentro fuera de ella”, explicó el experto.

El religioso, que tenía en su poder información minuciosa y actualizada permanentemente por su contacto estrecho con quienes seguían la actividad de Ruiz, le recomendó a la Cancillería no aceptar el ofrecimiento de ayuda.

“Por lo tanto no creo que en este momento sea necesario solicitar a la UNESCO o a otras entidades internacionales el envío de expertos y científicos vulcanológicos. Tengo entendido que la UNDRO ha enviado dos sismógrafos con un técnico para cooperar con la investigación sísmica que se está realizando”, le respondió el sacerdote al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En resumen, mientras la UNESCO, a través de la UNDRO -abiertamente preocupada por la crítica situación del Ruiz- ofreció ayuda inmediata, el Gobierno colombiano se dedicó a consultar a cinco entidades que dilataron su respuesta un mes y medio, tiempo valioso que se perdió para aceptar la colaboración, monitorear debidamente el volcán y, eventualmente, generar de manera más rápida y efectiva un mapa de riesgos con base en observación detallada, producto de la sapiencia de los expertos y de la tecnología que Colombia estaba lejos de poseer en ese momento.

El episodio del generoso ofrecimiento de ayuda internacional por parte de la UNESCO tiene un final digno de un cuento de Gabriel García Márquez. El 12 de septiembre, es decir, dos meses y medio después de que el embajador Caicedo Ayerbe avisara sobre la disposición de esa entidad para venir a colaborar a Colombia, finalmente, obtuvo respuesta por parte de sus superiores en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En una carta fechada ese día, Mauricio Acero Montejo, subsecretario de Organismos y Conferencias Internacionales, le confirma al diplomático acreditado ante la UNESCO que las entidades consultadas están de acuerdo con aceptar la ayuda ofrecida.

Sin, embargo, increíblemente y a pesar de que el Ruiz era un peligro latente, el Ministerio le ordena al embajador aceptar la oferta, garantizándole que los especialistas tendrán toda la colaboración necesaria para adelantar su trabajo, pero le aclara que no desembolsará un solo peso para la llegada de los expertos y los equipos que podrían establecer con precisión el verdadero nivel de riesgo y aconsejar oportunamente una eventual evacuación.

El texto de la carta del subsecretario Acero al embajador Caicedo Ayerbe es contundente: “En consideración a las circunstancias anteriores, creemos de suma importancia la colaboración ofrecida por la Unesco, razón por la cual ruego al señor Embajador interponer sus buenos oficios para agilizar los tránsitos respectivos para su aceptación, en el entendido que todos los gastos estarán a cargo de la organización oferente”.

El Gobierno colombiano, el mismo que estaba obligado a monitorear y evaluar el riesgo del Ruiz y que se demoró dos meses y medio para consultar a cinco entidades y aceptar la cooperación de los más consagrados expertos del mundo, mientras se seguía cocinando el caldo de la desgracia a la vista de todos, pretendía que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de la UNESCO, asumiera el costo de la vigilancia y el manejo del riesgo del volcán que acabó con Armero.

Lo que resulta todavía más irónico es que al día siguiente, 13 de septiembre, la Cancillería le envió a su delegación ante la UNESCO en París, una comunicación vía Télex, en la que le avisó al equipo diplomático acreditado que haría arreglos en Bogotá para ir acelerando el paso.

Es decir, aparentemente daba por descontado que la ONU aceptaría la condición de enviar a sus hombres pagando con sus propios recursos y por eso, le envió a la Embajada colombiana ante esa entidad una valija diplomática que contenía la hoja de ruta a seguir, en coordinación con la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con sede en Bogotá.

El texto hace énfasis en la urgencia de obtener la ayuda y asume que el Gobierno colombiano daba por hecho que UNESCO aceptaría sin chistar su extraña condición de asumir los costos de la delegación de expertos:

“ACUERDO INIMINENTES SEÑALES ERUPCIÓN VOLCÁN DEL RUIZ AMENAZA CON DESTRUIR ZONA CAFETERA PAÍS EN DEPARTAMENTOS CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA. HÁCESE INDISPENSABLE CONCRETAR CON CARÁCTER URGENTE COOPERACIÓN OFRECIDA UNESCO A INGEOMINAS PARA DESARROLLAR PROGRAMA INVESTIGACIÓN ZONA. VALIJA LLÉVALE COMPLETA DOCUMENTACIÓN PROGRAMA CUYA ACEPTACIÓN PRESENTÓ PLANEACIÓN NACIONAL A UNESCO A TRAVÉS OFICINA PNUD EN BOGOTÁ”.

En plata blanca, eso quiere decir que los más reputados expertos ofrecieron venir a ayudar a vigilar el volcán y que el Gobierno colombiano no solamente se demoró en evaluar esa oferta a pesar de la inminencia conocida de una erupción, sino que pretendía que le saliera gratis.

La demora provocada por la burocracia entre el 26 de junio, día en que el embajador Caicedo Ayerbe informó sobre el ofrecimiento, y el 12 de septiembre, cuando recibió instrucciones, fue fatal. Se perdieron 79 días valiosos mientras el Ruiz seguía hirviendo a fuego lento su cólera.

Si Colombia hubiera aceptado la ayuda de manera inmediata, en el término de la distancia habrían llegado al país los más doctos en el tema, habrían instalado tecnología de punta para monitorear al volcán, y habrían entrenado a los expertos colombianos y a los organismos encargados de atender una eventual emergencia.

De haber aceptado la ayuda y haberla pagado sin miramientos, el mapa de riesgo que hizo Ingeominas, cuya primera versión estuvo lista apenas el 7 de octubre, a escasos 35 días de la avalancha, se habría basado en información más confiable, probablemente habría sido más preciso, su publicación habría sido más rápida y, por lo tanto, se habría podido alertar a los pobladores de Armero y toda la zona de influencia del volcán, organizando un plan de evacuación y salvando miles de vidas.

Ni siquiera García Márquez habría soñado con un coctel tan variopinto para un final tan absurdo como inexplicable. La burocracia, ese mal que parece ligado al ADN colombiano desde que el mundo es mundo, le dio un portazo a la esperanza de las víctimas de una avalancha que los extranjeros olfatearon y advirtieron hasta el cansancio, pero que la parsimonia estatal tradujo en cartas, telegramas y télex, a sabiendas de que el Ruiz blandía su sombra amenazante sobre Armero.