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| 7/25/2020 6:02:00 AM

Alerta en el Catatumbo: masacres y desapariciones, una tragedia anunciada

El asesinato de ocho personas en la zona rural de Cúcuta se suma a otras dos masacres ocurridas en 2020 en esa región del país. La guerra entre el ELN y los Rastrojos se recrudece y cada día se degrada más.

Alerta en el Catatumbo: masacres y desapariciones, una tragedia anunciada Mataron a estos hombres en Totumito, en medio de una disputa territorial en la que el ELN quiere expulsar a los Rastrojos de Tibú y los corregimientos de Cúcuta. Foto: Defensoría del Pueblo
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Solo hay una hora y media de camino desde el centro de Cúcuta hasta la vereda Vigilancia, donde el 18 de julio ocurrió una masacre de ocho personas y el desplazamiento masivo de otras 400. Los primeros seis cuerpos aparecieron tendidos en el suelo, boca abajo, en fila india en la finca El Limar, vereda Totumito del corregimiento de Carboneras, perteneciente al municipio de Tibú. Todos los cuerpos, baleados, llevaban al menos 24 horas a la intemperie cuando llegó la Defensoría del Pueblo. Según uno de los funcionarios, los cerdos de la finca ya empezaban a morderlos.

En el lugar, los habitantes de Vigilancia, vereda de la zona rural de Cúcuta a 20 minutos de Totumito, avisaron a la Defensoría de un séptimo cuerpo a menos de 500 metros. Hubo un octavo asesinato, el de Ernesto Aguilar Barreras, a quien encontraron con signos de tortura, sin las manos. Según denunció la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), ese agricultor tenía una finca en Vigilancia y era miembro de la Junta de Acción Comunal. Ese sábado a las ocho de la mañana, cuando viajaba en un carro, lo habrían abordado hombres armados que lo asesinaron a machetazos.

Al enterarse de los ocho asesinatos cometidos en un solo día, los habitantes de la vereda Vigilancia solo pensaron en huir. "Si nos quedamos nos matan, los Rastrojos están enviando mensajes, nos dicen que si no nos vamos va a haber otra masacre", le dijo uno de ellos a Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Hasta el casco urbano de Banco de Arenas llegaron 412 personas desplazadas, entre las que había 23 adultos mayores, 132 niños, cinco personas en condición de discapacidad y 47 migrantes venezolanos. Foto: Alcaldía de Cúcuta.

De ese modo, 414 personas salieron desplazadas hacia el casco urbano del corregimiento de Banco de Arenas, allí la Alcaldía de Cúcuta levantó un refugio temporal en el colegio Rafael García Herrera, donde reciben atención. Sin embargo, en plena pandemia, estas 120 familias pasan momentos muy difíciles. "La Alcaldía tiene pleno control de la seguridad alimentaria de las familias, afortunadamente tenemos una capacidad robusta en la Secretaría, pero, siendo honestos, esas no son condiciones para 400 personas, entre las que hay 132 niños, se pueden presentar problemas porque la institución educativa no es tan grande. Estamos tratando de buscar soluciones para el corto plazo en el marco del Comité de Justicia Transicional”, explicó la secretaria de Posconflicto, Eliza Montoya.

La gente del corregimiento toma en serio la palabra de los armados. El ELN busca controlar el área metropolitana y rural de Cúcuta, y se ha fortalecido porque opera tanto en el lado colombiano como en el venezolano. La banda criminal los Rastrojos intenta mantener el control y ganar terreno para adentrarse en el Catatumbo. Ambos disputan la zona en una guerra sin cuartel. De hecho, según el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), la hipótesis inicial es que el ELN habría asesinado a las seis personas asumiendo que eran colaboradores de los Rastrojos. Esa versión se apoya además en que la Defensoría encontró cerca de la finca una bandera de la guerrilla. Sin embargo, los campesinos señalan a los Rastrojos por la masacre, pues los vieron ese día con armas de alto calibre.

De esos seis muertos, tres tenían nacionalidad venezolana: Yorbert Enrique Flores Ortega, Mauricio García Jiménez y Yunior Manuel Yanes González. Los dos últimos eran amigos y ninguno sobrepasaba los 40 años. Al parecer vivían en la finca, donde las autoridades encontraron hamacas y camas para seis personas, así como comida fresca y mercado. "Encontramos elementos para raspar la hoja de coca, más que procesamiento, allí la recogían", aseguró el coronel Palomino. La población civil está en la mitad del conflicto, en muchos casos tienen que escoger a quién le venden sus cultivos, lo que los convierte en objetivo militar del otro bando.

En la zona rural de Cúcuta hay más de 300 hectáreas de cultivos ilícitos, y crecen cada vez más. Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, los cultivos de coca en Norte de Santander en 2019 crecieron 24 por ciento, hasta llegar a 8.113 hectáreas. Dominar el área rural de Cúcuta significa controlar la ruta de la coca hacia Venezuela. Y sembrarla en corregimientos como Banco de Arena --donde encontraron dos cuerpos- da una mayor rentabilidad, son tierras fértiles y fácilmente accesibles. Mientras en el Catatumbo una finca puede estar fácilmente a cinco horas de la carretera principal, en la zona rural de Cúcuta está a minutos de la frontera.

Los ánimos están caldeados en el Catatumbo y en el área rural de Cúcuta. A las alcaldías llegó una notificación del Ministerio de Defensa para dar inicio al programa de erradicación terrestre con glifosato, combinado con la erradicación manual, a partir del 20 de julio. Por eso no sorprende que los grupos armados ejerzan más presión y terror sobre los campesinos de la zona. Así lo habían advertido a esta revista al menos diez personeros del Catatumbo al comienzo de 2020. A eso se suma el aumento de las minas antipersonal, el reclutamiento de menores, las amenazas y los asesinatos. "Desde antes de que empezara la pandemia estamos tratando, por lo menos, de implementar un piloto de sustitución de cultivos, se ha impulsado no políticamente sino con un propósito humanitario", aseguró Eliza Montoya, secretaria de Posconflicto.

Tragedia anunciada

La Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas sobre el riesgo que corren las comunidades del área metropolitana de Cúcuta, en especial Puerto Santander, y las de la zona rural en los corregimientos de Aguaclara, Guaramito, San Faustino, Buena Esperanza, Banco de Arena, Ricaurte y Palmarito. "Se prevé la ocurrencia de homicidios selectivos y múltiples (masacres), confinamiento de la población civil, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, imposición de restricciones a la movilidad y amenazas y ataques contra los procesos sociales, líderes y lideresas de la zona", señalaron en marzo de este año, justo después de que aparecieron ocho cuerpos a pocos metros de la escuela del sector Santa María, en Palmarito. Estas personas habrían muerto en enfrentamientos del ELN y los Rastrojos del lado venezolano, en Boca de Grita, y después los habrían trasladado a Colombia.

La macabra práctica se ha vuelto cada vez más común en la zona. De hecho, en Cúcuta han empezado a aparecer cuerpos desmembrados en los ríos. En el último mes han encontrado tres en Caño Picho, un sector cercano a la cárcel de la ciudad, en la línea fronteriza. "Desde hace unos 20 días, con un intervalo de dos semanas se han encontrado descuartizados una dama y un caballero que no se han logrado identificar. Lo que presumen las autoridades es que los mataron en Venezuela", dijo el secretario de Seguridad de Cúcuta, Sergio Martínez.

El homicidio en esa ciudad ha aumentado. Al 2 de julio se habían registrado 112 asesinatos, según la Policía, lo que representa un incremento del 3 por ciento con respecto a 2019. En lo que va corrido del año han reportado tres masacres, en las que han muerto 18 personas. Sin embargo, las cifras oficiales no dan cuenta del recrudecimiento de la violencia en el área metropolitana y en la ruralidad. Así lo advierte la Defensoría en la alerta de Puerto Santander: "El escenario de riesgo que se observa en este municipio no se refleja en las cifras de homicidios o desapariciones, pues justamente es el silenciamiento de hechos como la desaparición forzada, el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes y la violencia sexual, entre otros, que no se denuncian, pero que suceden a gran escala en el municipio de menor tamaño en Norte de Santander".

Lo que ocurre hoy recuerda las prácticas de los peores años del paramilitarismo en el departamento. A principios de este mes desaparecieron cuatro miembros de una familia que viajaba al Catatumbo para encontrarse con otro familiar. Pocos días después fueron hallados dos de los cuerpos desmembrados y empacados en costales en la vereda Puerto León, en el corregimiento Banco de Arena, de Cúcuta. Según la Policía, los mataron los Rastrojos.

La guerra se ha recrudecido desde febrero de 2020, según relata Wilfredo Cañizales, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar. Los Rastrojos se han desplazado hacia el lado colombiano de la frontera después de que la Guardia Venezolana los sacó de Boca de Grita y Orope, donde ejercían control y tenían casas lujosas. "Se asientan en el área metropolitana de Cúcuta, sobre todo en Puerto Santander y en el área rural de Tibú, con toda su gente ahí. Están asfixiando a las comunidades, a los finqueros les están pidiendo cinco millones, a los parceleros desde 500.000 hasta dos millones de pesos, como la gente no puede pagar los comienzan a matar", aseguró Cañizales.

Tras la masacre, la Policía y el Ejército trasladaron más efectivos al área rural de Cúcuta, un refuerzo importante, pues para resguardar 149 kilómetros de frontera hay 3.300 policías. Aunque el ELN y los Rastrojos protagonizan la disputa, también actúan en la zona el EPL, que tuvo una alianza con estos últimos y se enfrenta al ELN también, así como el cartel de Sinaloa y otras bandas como la Línea y el Tren de Aragua, también sanguinarios y disponibles al mejor postor, alimentados por el dinero del narcotráfico. Cúcuta, así como el Catatumbo, requiere atención urgente para evitar que sigan cumpliendo las advertencias, porque en la zona creen que la confrontación va a empeorar.

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