Uno de los escándalos de corrupción que más retumbó en el pasado Gobierno fue el del mantenimiento de los helicópteros militares MI-17, que se realizó siendo ministro de Defensa Iván Velásquez. El negocio fue por un valor de 32 millones de dólares, de los cuales 16,2 millones fueron entregados como anticipo cuando, en principio, todo se había diseñado para un pago a contra entrega.
Entre los hechos más llamativos del contrato figura una presunta actuación irregular en medio de las fiestas de fin de año, el 31 de diciembre de 2024. En ese momento se presentó un documento para habilitar a la empresa Vertol Systems Company Inc., que se quedó con el negocio.
Se trataba de una “autocertificación”, realizada por uno de los miembros de la empresa americana para darle vía libre al millonario contrato, aunque el estudio previo ya había rechazado ese documento.
Esta es una de las conclusiones del escrito de acusación de 73 páginas, conocido por SEMANA, en contra del exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez, el ex secretario general Hugo Alejandro Mora, el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio Herbert Arnulfo Buitrago y el excomandante de la Brigada de Aviación n.º 32 del Ejército Nacional coronel Julián Ferney Rincón, quienes fueron llamados a juicio esta semana.
Aunque los acusados hasta el momento han advertido que irán a juicio, SEMANA conoció que en voz baja y bajo reserva uno de ellos podría prender el ventilador para buscar beneficios judiciales y podrían salpicar a funcionarios y particulares de alto nivel.
Esta colaboración se sumaría a la de Diego Alejandro Manrique, quien se desempeñaba como asesor del sector Defensa adscrito al despacho del viceministerio y fue designado como integrante del Comité Estructurador y Evaluador Económico. Manrique se acogió a un principio de oportunidad y entregó de forma voluntaria su celular para la extracción de las conversaciones de WhatsApp que delataron la coordinación de lo ocurrido.
El expediente, documentado por la Fiscalía y la Contraloría, tiene como principal acusado al viceministro Suárez, a quien señalan como “el eje de articulación y determinación de un plan criminal estructurado, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025”, cuyo propósito, presuntamente, era direccionar de manera ilícita el contrato de mantenimiento de los MI-17.
“Acordaron el propósito criminal con el doctor Luis Edmundo Suárez Soto, quien al carecer de competencia funcional, que le permitiera ordenar el gasto, tramitar y celebrar contratos, se valió de su jerarquía dentro del ministerio con ocasión a su cargo de viceministro para la Estrategia y Planeación, y procedió en el mes de septiembre de 2024 a ordenar verbalmente que el futuro proceso contractual para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 se debía tramitar bajo la modalidad de selección directa reservada con la empresa Vertol System Company Inc.”, señala la acusación.
Según el documento, que tiene contra las cuerdas al exviceministro, Suárez no solo dio órdenes ilegales, sino que habría coordinado la etapa precontractual, convirtiéndose en el eje articulador del proceso; incluso al conocer que Vertol Systems no contaba con las acreditaciones técnicas, habría ordenado flexibilizar los requisitos.
Suárez habría señalado que “no se debía ser tan legalistas”, que había que “ser creativos”, “buscar soluciones”, “tener una mente abierta”, hasta el punto de que los calificó de ser “más papistas que el papa”.
Además, habría sido quien contactó al entonces director de la Aerocivil, Sergio París, para que rápidamente verificara las capacidades técnicas de una empresa llamada MI‑Series Personnel & Parts, aliada de Vertol Systemas para este multimillonario negocio. También habría recibido el informe de evaluación técnica del 31 de diciembre de 2024 en el que claramente se advertía que no cumplían los requisitos, pero horas después, con la jugadita de la “autocertificación”, dieron vía libre.
Además, al exviceministro Suárez lo señala la Fiscalía de ser quien presionó la modificación de la forma de pago para que fueran entregados los 16,2 millones de dólares por “anticipado, a pesar de que el contratista nunca acreditó fortaleza financiera y contravenía lo dispuesto en el Manual de Contratación y el Código de Comercio respecto a la imprevisibilidad”.
La síntesis de la acusación y de las irregularidades que se habrían cometido en el contrato son planteadas así por la Fiscalía: “Entre los meses de septiembre y octubre del año 2024, Carlos Martín Uribe, representante de la empresa MI-Series Personnel & Parts, en asocio con James Lester Montgomerie, lograron cohesionar a servidores públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que se direccionara hacia la empresa Vertol System Company Inc. el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17, por un valor aproximado de 32 millones de dólares”.
El contrato estaba, según la Fiscalía, claramente direccionado. Para eso, uno de los acusados, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército No. 32 de Apoyo y Sostenimiento de Aviación, en el ejercicio de funciones de gerente de Proyecto, habría insistido en por lo menos tres ocasiones para que presentara la cotización, pese a que había otros interesados.
“Esto ocurrió en al menos tres ocasiones a pesar de los incumplimientos de los plazos establecidos en las solicitudes realizadas, plazos que eran ampliados de manera oficiosa por el coronel Rincón (…) En esa fase de exploración, otras empresas presentaron cotización conforme a la necesidad antes planteada, pero solo fueron tenidas en cuenta para determinar con apariencia de legalidad que la propuesta de Vertol Systems Company era el ofrecimiento más favorable para la entidad”, se lee en el documento en poder de SEMANA.
Sobre Herbert Arnulfo Buitrago, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, según la acusación, fungió como facilitador en el trámite de documentos y cotizaciones por orden del exviceministro Suárez.
El director de Contratación, Hugo Alejandro Mora, habría firmado la minuta contractual del 31 de diciembre de 2024, aun sabiendo que la empresa Vertol Systems no cumplía con los requisitos para el multimillonario contrato. El gerente del proyecto, coronel Julián Ferney Rincón, fue quien otorgó plazos excepcionales a la empresa y disminuyó la exigencia documental, para que pudiera participar y quedarse con el contrato.
En diálogo con SEMANA, el exviceministro Suárez negó la vinculación con el escándalo con un argumento central: “Yo no estuve en esa firma del contrato porque yo no participé en él, yo no firmé ese contrato”. Sin embargo, reconoció que en el proceso hubo dificultades, pero que todo pasó por el equipo técnico de la División de Asalto Aéreo del Ejército (DAVVA)
“Es el papel del Ejército, ni más ni menos. Primero, son los dueños de las aeronaves. Hay todo un batallón en la DAVVA para los MI-17. Por lo tanto, toda la capa de decisión técnica tiene que decidir si la empresa cumplió o no técnicamente”, señaló Suárez.
Se trata de un negocio multimillonario, necesario para poner a operar los helicópteros para el transporte de tropas, pero que las irregularidades hicieron naufragar y el país estuvo a punto de perder más de 16 millones de dólares.
Todo ocurrió cuando Iván Velásquez fungía como ministro de Defensa y hasta le costó la cabeza a su exsecretaria y mano derecha, Ana María Garzón, quien en una declaración rendida ante la Procuraduría señaló a su exjefe Velásquez, quien no ha sido vinculado al proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación.