Los hechos narrados por la Fiscalía General de la Nación dejaron a los 10 uniformados, capturados por el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, como los responsables de una tragedia que arrancó el pasado 25 de julio, cuando Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo fueron capturados por la policía. La imputación de cargos se completó y el fiscal del caso describió la responsabilidad de cada uniformado. Ninguno aceptó cargos.
La cronología que hizo la Fiscalía detalló de qué forma las víctimas terminaron en la mitad de un operativo para dar con los responsables del asesinato de un patrullero de la Policía a manos del Clan del Golfo y en el marco del llamado Plan Pistola. Los jóvenes fueron señalados por los uniformados de ser los asesinos del patrullero.

“Los capturaron, sin oponer resistencia, son golpeados por ustedes para ese momento funcionarios de la Policía… Ustedes piden mediante el uso de radio, apoyo. Llegan otros funcionarios y, contrario a garantizar la seguridad, los golpean al relacionarlos con la muerte del patrullero Díaz, causaron padecimientos innecesarios”, dijo el fiscal en la audiencia de imputación.
La imputación se realizó de acuerdo al grado de responsabilidad que tendría cada uniformado en los hechos investigados por la Fiscalía. Para el fiscal del caso, el coronel Benjamín Núñez, entonces el comandante operativo de la Policía del departamento de Sucre, fue el responsable de disparar, de asesinar a los jóvenes, pero el resto de uniformados participaron de forma distinta y grave en el crimen.
“Jóvenes que momentos antes de ser subidos a la camioneta estaban con vida, allí también se encontraban en dicho platón de la camioneta, el teniente coronel Benjamín Núñez y otro funcionario de la Policía Nacional. Servidores todos ustedes de la Policía que en abuso de sus funciones continuaron privando de la libertad a estos tres jóvenes de manera ilegal y sin justificación alguna, que se insiste estos jóvenes subieron con vida ha dicho rodante”, señaló el fiscal.

Los imputados y el resultado de la audiencia quedó así:
- Subteniente, María Camila Buritica: homicidio y privación ilegal de la libertad. No aceptó cargos.
- Patrullero, Jesús María Bolaños: homicidio, manipulación, alteración u ocultamiento de material probatorio y privación ilegal de la libertad. No aceptó cargos.
- Patrullero, Rafael Paz Barbosa: homicidio y privación ilegal de la libertad. No aceptó cargos.
- Patrullero, Santiago Garavito Diaz: homicidio y privación ilegal de la libertad. No aceptó cargos.
- Patrullero, Yamit Alfonso Henao Araque: privación ilegal de la libertad y favorecimiento. No aceptó cargos.
- Patrullero, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo: privación ilegal de la libertad y favorecimiento. No aceptó cargos.
- Patrullero, Uber Giillermo Mieles: tortura y falsedad en documento público. No aceptó cargos.
- Patrullero, Bernardo Pontón Mercado: tortura. No aceptó cargos.
- Patrullera, Diana Marcela Puerta: tortura. No aceptó cargos.
- Patrullera, Leila Carolina Ávila: tortura. No aceptó cargos.

Luego de la imputación de cargos, la Fiscalía pidió a la juez de control de garantías imponer una medida de aseguramiento en contra los uniformados por considerar que los hechos son muy graves, además de que la investigación apenas arranca y las pruebas están en riesgo dada las condiciones y los cargos de los procesados.
Pendiente está la imputación de cargos en contra del coronel Núñez, pues hasta el momento y para la Fiscalía es prófugo de la justicia. La información que tienen los investigadores es que salió del país con destino a Panamá y luego a México.
