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| 5/22/2020 2:32:00 PM

Barranquilla puede quedarse sin transporte masivo la próxima semana

Los concesionarios de Transmetro dicen que solo tienen plata para operar hasta el 27 de mayo. Gerente de la empresa invita a buscar soluciones de fondo a la crisis.

Barranquilla puede quedarse sin servicio de transporte masivo la próxima semana Según cifras de la empresa, Transmetro ha movilizado 323 millones de usuarios en 10 años de operación. Foto: Archivo Particular

Crisis ha sido una palabra repetida muchas veces en los 10 años de historia de la empresa, pero la insostenibilidad del sistema de transporte masivo de Barranquilla tocó fondo con la llegada del nuevo coronavirus. O eso, por lo menos, es lo que dicen los tres concesionarios del Transmetro, quienes durante los últimos días han insistido públicamente en que solo tienen "gasolina" para operar hasta el próximo 27 de mayo.

Los representantes de las empresas Unión Temporal Sistur, Grupo Empresarial Metrocaribe y Recaudos SIT Barranquilla enviaron un mensaje de ultimátum, en el que señalan que están operando con el 20 por ciento de los ingresos normales, por lo que las cuentas de la operación no dan y la suspensión del servicio es el camino que les queda.

Los concesionarios señalaron que siendo responsables con el momento que se vive debido a la crisis de la covid-19 han acatado las medidas de prevención establecidas por las autoridades de salud y el plan operacional que diseñó Transmetro S.A.S. para este tiempo respecto a la oferta máxima de pasajeros del sistema. Pero, igualmente, dijeron que “dicha situación tuvo como consecuencia que durante el primer mes (de la cuarentena) sólo pudieramos movilizar el 18% de la demanda de un día hábil normal del Sistema”.

Señalan, además, que los números negativos los obligarán a parar la operación de los 176 vehículos que en estos momentos están saliendo a las calles a más tardar el miércoles de la próxima semana. Eso sí, reconocen que la Alcaldía de Barranquilla ha liberado los recursos que tiene disponibles, “pero la olla se raspó y no hay una solución fácil y rápida”.  

En resumen, según Santander Castillo, gerente de Recaudos SIT, uno de los concesionarios, sus ingresos provienen exclusivamente de la tarifa que pagan los usuarios, la que, incluso en días de operación normal solo alcanza a cubrir el 80 por ciento de la tarifa técnica. Y que las medidas de aislamiento y operación implementadas afectaron radicalmente ese rendimiento.

La paralización del sistema de Barranquilla afectaría a unos 31.000 usuarios y a 1.200 trabajadores, según datos suministrados por la misma empresa. Sin contar con el caos que generaría en las calles y las rutas de transporte público en medio de la pandemia y las cifras de contagio y mortalidad presentadas en la capital del Atlántico.

La respuesta de la empresa

Fernando Isaza, gerente de Transmetro, respondió a los concesionarios también con una carta pública. Palabras más, palabras menos, les dijo que los entes territoriales no son responsables por la afectación de la operación, en este caso la Alcaldía de Barranquilla, ya que solo han acatado las medidas dictadas por el gobierno nacional.

“Mal podríamos pronunciarnos sobre esto, ya que no es este el escenario para debatirlo. Lo tomamos como una manifestación de los operadores frente a una situación que dicen venir sufriendo, sin que ello establezca un reconocimiento legal a un hecho y unos montos”, aclaró el gerente en la respuesta.

En diálogo con SEMANA, Isaza aclaró que no es que estén dudando de las cifras que han presentado los concesionarios y que tienen claro la baja en el número de usuarios. Sin embargo, señaló que el análisis debe hacerse desde la perspectiva y los riesgos adquiridos por las partes en los contratos suscritos.

Fernando Isaza, gerente de Transmetro, informa a algunos usuarios sobre la operación del sistema en la Estación Joe Arroyo.

En los primeros días de abril, Isaza y el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, enviaron una carta conjunta al Ministerio de Transporte en la que solicitaban de manera urgente que el gobierno nacional tomara medidas y definiera políticas de financiamiento y protección para el sistema de transporte de Barranquilla y el transporte colectivo, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia.

Sobre el anuncio de un cese de parte de los operadores, Isaza dijo que “el ejercicio de su libertad se enmarca dentro de sus obligaciones, advirtiendo las consecuencias contractuales que eventualmente se derivarían de tal decisión, de conformidad con lo dispuesto en los contratos y en la ley frente al servicio público”.

En tal caso, para el gerente de Transmetro lo adecuado sería que los concesionarios confirmaran lo más pronto posible su decisión para poder informar al Área Metropolitana de Barranquilla, la autoridad competente en este caso, para que tome las medidas necesarias que ayuden a resolver la situación de la mejor manera para la población barranquillera

Ante el duro momento, el gerente insistió en que es necesario buscar soluciones de fondo, tanto a corto como a largo plazo, porque “es algo que viven todos los sistemas masivos del país”. Eso sí, dejó claro que al tratarse de un servicio considerado como esencial es necesario el apoyo del gobierno nacional, así como lo ha hecho con otros sectores en medio de esta crisis.

La situación es general, porque a los bajos recaudos de los sistemas se suman los menores ingresos de los próximos meses. Se estima que los sistemas de transporte masivo perderán 1,8 billones de pesos en lo que queda del año.

Hace uno días el mismo Isaza le había dicho a SEMANA que solo en el mes de abril el bajón en la ocupación le generó a Transmetro pérdidas por 1.800 millones de pesos semanales y que según sus cálculos hasta junio el sistema necesitaría unos 15.000 millones y de ahí en adelante otros 43.000 millones hasta diciembre para poder funcionar.

Par el Transmetro y el resto de sistemas un camino de salvación podría estar en un decreto que prepara el Ministerio de Transporte con el que se contemplaría facilitar el uso de algunos fondos creados para la sostenibilidad, permitirles aumentar los cupos de endeudamiento y extenderles avales para créditos. Además, se autorizaría usar para operación una parte de los recursos de cofinanciación de la Nación.

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