Bogotá alcanzó un hito en materia de justicia y sistema penitenciario al reducir el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía hasta el 36,2 %, una cifra que representa una disminución de 136 puntos porcentuales frente al 172 % registrado en agosto de 2025.
El resultado fue posible gracias a una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) regional Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y la Policía Metropolitana de Bogotá.
De acuerdo con la entidad, este trabajo conjunto no solo ha permitido descongestionar los Centros de Detención Transitoria (CDT), sino también mejorar el acceso de las víctimas a la justicia, agilizar los procesos judiciales de las personas privadas de la libertad y avanzar en condiciones más dignas para quienes permanecen recluidos en estos espacios.
Uno de los pilares de esta estrategia ha sido PPL Connect, una herramienta tecnológica presentada en abril de 2026 por la Secretaría de Seguridad y el Consejo Superior de la Judicatura. Desde su implementación, el aplicativo ha facilitado el traslado de más de 5.500 personas condenadas desde los CDT de Bogotá hacia establecimientos penitenciarios del orden nacional.
La plataforma centraliza la información de las personas privadas de la libertad y permite identificar los cuellos de botella en cada etapa del proceso judicial. Además, ofrece datos actualizados en tiempo real para que los jueces puedan tomar decisiones con mayor rapidez y ordenar oportunamente los traslados cuando existe una sentencia condenatoria.
Para fortalecer esta estrategia, también fue clave la participación de la Rama Judicial. Con el respaldo del magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura, fueron creados cinco juzgados transitorios con función de conocimiento, encargados de priorizar los procesos penales de las personas recluidas en los Centros de Detención Transitoria de Bogotá.
Gracias a estos despachos judiciales, se han emitido más de 150 decisiones de fondo, entre ellas 99 sentencias condenatorias, lo que ha permitido avanzar en la definición de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad y facilitar el inicio o la continuidad de los trámites necesarios para su traslado al sistema penitenciario administrado por el Inpec.
Para la Secretaría de Seguridad, estos resultados reflejan el impacto de la coordinación entre las distintas entidades del sistema judicial y penitenciario.
“Este es un avance significativo en materia de hacinamiento en Bogotá. El trabajo continúa para entregarle a la ciudad las URI y las estaciones de Policía sin hacinamiento”, afirmó Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad.
La administración distrital aseguró que continuará fortaleciendo estas medidas con el objetivo de seguir reduciendo el número de personas recluidas en los Centros de Detención Transitoria y garantizar que quienes cuentan con una condena sean trasladados oportunamente a establecimientos penitenciarios del orden nacional.