Una nueva polémica acaba de armar el Gobierno del presidente Gustavo Petro con la confirmación de que en la cárcel de La Paz, en Itagui, donde hace algunos días los presos armaron una parranda con el cantante vallenato Nelson Velásquez, siguen sin cámaras de seguridad que permitan monitorear lo que pasa en ese centro penitenciario.
En medio de la cumbre del Plan Decenal de Justicia para definir los objetivos para el periodo 2028 - 2038, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo confirmó: “De acuerdo con el cronograma de contratación, el 30 de abril estarían conectadas las cámaras de seguridad. Hasta el 30 de abril están sin cámaras”.
Polémica: la cárcel de Itagüí aún no tiene cámaras de seguridad. El ministro Jorge Iván Cuervo confirmó que hasta la fecha ese centro penitenciario, donde se realizó la parranda con Nelson Velásquez, sigue sin el sistema para monitorear a los presos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RTaDgRmPm8
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2026
La polémica se centra en que la actualidad no habrían mecanismos de monitoreo electrónico en esa prisión, para seguirle la pista a los capos de las organizaciones más peligrosas que, según denuncias, estarían gozando de privilegios, beneficios y un trato especial en el pabellón de máxima seguridad.
Es decir, hasta el 30 de abril, los dragoneantes del Inpec tendrá que seguir acudiendo a requisas, redadas y otras medidas para evitar situaciones irregulares dentro del penal, mientras esperan que hasta esa fecha el contratista detrás de las cámaras de seguridad pueda finalmente conectarlas.
Lo particular es que la Procuraduria ya tiene en la mira a por lo menos 11 guardias de esa entidad que se habrían prestado para realizar varias irregularidades dentro de sus funciones que permitieron la realización de una parranda vallenata en uno de los pabellones que habitan peligrosos criminales.
De hecho, SEMANA conoció una denuncia en poder de la Fiscalía que alerta la forma en que un dragoneaste del Inpec se habría convertido en un ‘chaperón’ de los narcos, pues, al parecer, estaría amasando una millonaria fortuna con los favores que supuestamente hizo a quienes permanecen privados de la libertad en esa cárcel.
“Tiene cuatro apartamentos, locales y un vehículo de alta gama valorado en más de 180 millones de pesos, y todo con un sueldo que no supera los 6 millones. Ese patrimonio lo habría acumulado durante este Gobierno, mientras se discutía la paz en Itagüí”, señala la denuncia que hicieron los propios funcionarios del Inpec.
Por eso, mientras la justicia investiga a funcionarios que habrían permitido actos de corrupción al interior de ese penal, el Gobierno Petro esperará hasta el próximo jueves 30 de abril para poner en operación las cámaras de seguridad en uno de los penales que, según versiones, se ha convertido en el espacio de reclusión más apetecido por los narcos en Colombia.