Los reproches de diferentes sectores, surgidos cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, designó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, se condensaron en una dura sentencia condenatoria en su contra por más de 100 hechos criminales cometidos contra comunidades indígenas en el departamento de La Guajira.
La Fiscalía confirmó que el jefe paramilitar y gestor de paz del Gobierno Petro fue condenado a 40 años de cárcel por 117 hechos criminales en contra de poblaciones indígenas, cometidos cuando estaba al frente de los paramilitares. Un Tribunal de Justicia y Paz lo declaró penalmente responsable.
“En atención a los argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, por 117 hechos delictivos contra la población wayúu y otras comunidades de La Guajira”, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, hombres al mando de Mancuso, en el departamento de La Guajira, así como integrantes de un autodenominado grupo de contrainsurgencia Wayúu, se dedicaron a homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia basada en género y otras conductas ilícitas entre 2002 y 2006.
Fue el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien estrechó la mano de Salvatore Mancuso cuando fue designado como gestor de paz, luego de su regreso a Colombia tras pagar una condena por el delito de narcotráfico en Estados Unidos. Las víctimas del paramilitarismo percibieron este hecho como una bofetada a la dignidad de su lucha por encontrar justicia y reparación.
La Fiscalía reveló declaraciones de víctimas de grupos indígenas que, en la época más cruda de la violencia paramilitar, fueron sometidas por los hombres que recibían órdenes directas de Salvatore Mancuso. El asesinato de varios líderes indígenas, las torturas y el desplazamiento que provocó en el departamento de La Guajira aún no han encontrado reparación.
“El Frente Contrainsurgencia Wayuu fue creado en marzo de 2002. En sus inicios contó con 150 integrantes y permitió a las AUC extender sus acciones armadas a los sectores comprendidos entre las zonas media, alta, noroccidental y nororiental de La Guajira, localizadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta”, señaló el ente acusador..
Se trata de una de las sentencias que estaba pendiente de recibir Salvador Mancuso y que se suma a otras en el marco de la Ley de Justicia y Paz, el sistema transicional que se creó en el proceso de paz con los paramilitares y que permitió no solo extraditar a los máximos cabecillas vinculados al narcotráfico, sino que ahora, de regreso en Colombia, enfrentan nuevas condenas.
“En ese sentido, se le atribuye la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en Uribia (La Guajira), el 10 de octubre de 2003. En este evento delictivo, varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas. Además, les destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, bienes que eran su medio de subsistencia”, dijo la Fiscalía.
Como lo establece la misma Ley de Justicia y Paz, se otorga una pena alternativa para quienes se sometieron, incluido Salvatore Mancuso. Por tanto, se mantienen los ocho años de prisión, con el compromiso de no reincidir, participar en los actos de reparación y estar atento a los llamados de la justicia, que se suma al beneficio otorgado por el Gobierno Nacional de considerarlo gestor de paz y permitirle estar en libertad.
