El multimillonario traslado de recursos a días de concluir el gobierno del presidente Gustavo Petro prendió las alarmas, pues, además de la masiva contratación que se ha venido dando, pretendían de un plumazo mandar cerca de 4 billones de pesos para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), entidad que se convirtió en el ejemplo de corrupción en el último cuatrienio.
Sin embargo, el Consejo de Estado le puso freno a este multimillonario traslado de presupuesto, sin destinación clara o específica. La razón, con esta decisión, la Presidencia de la República estaría invadiendo las competencias del Congreso.
Por eso el Consejo de Estado suspendió provisionalmente dos normas del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, que regulan las condiciones para trasladar recursos UNGRD, en el marco de la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.
“La medida se adoptó dentro de una demanda de nulidad simple contra ese acto administrativo. La alta corte concedió una medida cautelar de urgencia que suspende el parágrafo del artículo 4 y el inciso 2 del artículo 5 del decreto. Según el despacho ponente, el Gobierno invadió una competencia exclusiva del legislador”, informaron desde el Consejo de Estado.
Esas disposiciones no se limitaron a regular la ejecución de recursos ya aprobados por la ley, sino que habilitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para modificar la distribución de las apropiaciones fijadas por el Congreso en la Ley Anual de Presupuesto de 2026, mediante traslados indeterminados.
“De manera preliminar, la Sala advirtió que el Gobierno autorizó, mediante decreto ordinario, traslados presupuestales indeterminados sin encontrarse en un estado de excepción, sin identificar la partida afectada y sin contar con autorización legal previa”, informaron desde el Consejo de Estado.
La providencia señaló que el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012 no autoriza traslados para la atención y prevención de riesgos o desastres. Por el contrario, esa norma obliga al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a garantizar que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con los recursos necesarios dentro del proceso ordinario de programación y aprobación del presupuesto, y no le confiere facultades para realizar traslados fuera de ese trámite.
Justamente para eso se tramitan los CDP (Certificados de Disponibilidad Presupuestal), para realizar el debido traslado de recursos, modelo que usó en su momento el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, cuando autorizó 1.4 billones de pesos, que según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla eran, en buena medida, para comprar la conciencia de los congresistas.
“La Sala también advirtió que el decreto autoriza a la UNGRD a ejecutar los rubros sin adelantar licitaciones, permitiendo negociaciones directas en los precios. Por ello se decretó la suspensión provisional de los apartes demandados”, fue uno de los argumentos del Consejo de Estado.
Este último argumento es claro y por eso la UNGRD fue el eje central de la corrupción, al tratarse de una entidad encargada de enfrentar las emergencias, no se necesitan licitaciones ni procesos de contratación complejos, sino, por el contrario, con la declaratoria de emergencia de vía libre a la disposición de recursos.
*En desarrollo…