Una jueza de conocimiento de Bogotá emitió una condena de 9 años y 9 meses de prisión contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar. El fallo judicial halló al exmandatario culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, tras el análisis del material probatorio aportado en el proceso.
Adicionalmente, el despacho judicial fijó una sanción económica equivalente a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2014. La jueza determinó además la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo idéntico a la pena principal de prisión impuesta al exfuncionario.
Respecto al desarrollo de las actuaciones procesales, la Fiscalía General de la Nación confirmó que se “demostró en juicio que el entonces alcalde intervino en la estructuración de un contrato suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una empresa privada por 6.532 millones de pesos”.
Omisiones técnicas e impacto en la red hospitalaria
El objeto del contrato suscrito contemplaba las obras de mantenimiento y adecuación en las sedes asistenciales de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. Las investigaciones establecieron que el proyecto avanzó sin la aprobación de licencias de demolición, además de carecer de conceptos técnicos de viabilidad emitidos por el Ministerio de Salud.
Sobre las falencias administrativas cometidas durante la fase previa, la Fiscalía detalló que “Carlos Caicedo impulsó la iniciativa mediante el Acuerdo 004 del 5 de junio de 2014 sin contar con estudios previos ni la inclusión dentro del plan anual de adquisiciones de la entidad, obteniendo las licencias tres años después”.
Las anomalías en la contratación derivaron en la suspensión del servicio médico en varios puntos de la capital del Magdalena. Esta situación obligó al traslado de la atención hacia inmuebles alquilados y sedes comunales, manteniendo proyectos inconclusos hasta la liquidación del contrato en julio de 2016.
Balance del detrimento al patrimonio público
Las evaluaciones financieras realizadas por los peritos judiciales determinaron una afectación económica al presupuesto municipal superior a los 5.040 millones de pesos.
Las pruebas mostraron giros al contratista por 4.408 millones de pesos, pese a que los trabajos ejecutados en las sedes solo alcanzaban un valor de 1.570 millones.
La decisión emitida por el juzgado de la capital corresponde a un fallo de primera instancia. El exmandatario y su equipo de defensa disponen de los recursos de apelación de ley ante las instancias superiores para controvertir la sentencia.