Las sanciones que actualmente pueden recibir los propietarios de viviendas en propiedad horizontal por no asistir a las asambleas generales podrían cambiar si avanza un proyecto de ley que ya inició su trámite en el Congreso de la República.
La iniciativa, identificada como el proyecto de ley 031 de 2026, propone modificar varios apartados de la Ley 675 de 2001, con el propósito de establecer mayores garantías para los copropietarios antes de que las administraciones de conjuntos residenciales impongan multas u otras sanciones relacionadas con la inasistencia a estas reuniones.
Uno de los principales cambios plantea que las decisiones sancionatorias deberán respetar el debido proceso. Esto significa que, antes de imponer una multa, la administración tendría que adelantar un procedimiento en el que el propietario pueda conocer los motivos de la posible sanción y presentar sus explicaciones.
La propuesta también busca fijar límites a las sanciones económicas y reforzar principios como la buena fe, la transparencia, la proporcionalidad, la dignidad humana y el derecho de los residentes a acceder a la información relacionada con la administración de la copropiedad.
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa modifica las reglas sobre las justificaciones por no asistir a las asambleas generales. De ser aprobado el proyecto, los propietarios podrían informar con anticipación que no podrán participar en la reunión o presentar una excusa hasta cinco días hábiles después de su realización.
El texto también contempla situaciones excepcionales en las que la justificación podría entregarse incluso después de ese plazo, siempre que exista una causa debidamente sustentada. Entre ellas se encuentran enfermedades, casos de fuerza mayor o caso fortuito, compromisos laborales que no puedan aplazarse, el cuidado de un familiar, calamidades domésticas, fallas de conectividad durante reuniones virtuales o inconvenientes relacionados con la convocatoria.
La iniciativa legislativa también propone actualizar la normativa frente a las asambleas virtuales y las modalidades mixtas, que han ganado protagonismo en los últimos años.
Con esta modificación se busca facilitar la participación de propietarios que, por motivos de trabajo, movilidad o responsabilidades familiares, no pueden asistir de manera presencial. Además, el proyecto pretende brindar mayor seguridad jurídica a las decisiones adoptadas mediante estas reuniones y reducir las controversias relacionadas con la validez de las actas y los procedimientos.
Por ahora, la propuesta continúa su trámite en el Congreso. Si supera los debates legislativos y recibe la sanción presidencial, los conjuntos residenciales deberán ajustar sus procedimientos para imponer sanciones y convocar asambleas, bajo un esquema que prioriza el debido proceso y amplía las garantías para los propietarios.