ENTREVISTA | 4/26/2018 6:23:00 AM

¿Qué tantos riesgos de corrupción hay en Bogotá según el veedor distrital?

Por primera vez se midió el Índice de Transparencia en una ciudad de América Latina. SEMANA habló con Jaime Torres Melo, quien aseguró que entre 2000 y 2009 en detrimento patrimonial el Distrito perdió más de 91.000 millones de pesos, y que entre las entidades con más alto riesgo se encuentran el Concejo de Bogotá y la Uaesp.

¿Qué tantos riesgos de corrupción hay en Bogotá según el veedor distrital? Foto: Cortesía

Aunque el Índice de Transparenecia se hace desde 2002 a nivel a nacional, departamental y municipal, Bogotá no había sido estudiada. Lo que revela este informe, elaborado entre 2016 y 2017, son los riesgos de corrupción en las entidades públicas, a través de la identificación de fallas que facilitarían la corrupción en los procesos institucionales y en las prácticas de las organizaciones y servidores públicos. Al conocer esta información no solo es factible exhibir los errores sino que también se fijan estándares internacionales para que desde las instituciones se pueda prevenir la corrupción.

Los riesgos se identificaron con respecto a la baja divulgación de información y garantía del derecho de acceso a la información pública, fallas en los procesos de la gestión administrativa, y debilidades en los controles internos y externos a la gestión de recursos públicos.

Según este informe, La Secretaría de Gobierno, que obtuvo una puntuación de 82,5 sobre 100 puntos. Le sigue la cartera de Educación con una puntiación de 80,5, la Secretaría de la Mujer, con 79,1 e Integración Social, con 78,4. Por el contrario, el Departamento Administrativo del Servicio Civil (Dascd), encargado de la contratación de personal del Distrito, obtuvo solo 54 puntos. Otras que están en alto riesgo de malversación de fondos es el Concejo de Bogotá, con 59,9; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), con 55,9 puntos; la Secretaría de Desarrollo Económico, con 57,8; el Jardín Botánico José Celestino Mutis, con 59,7 y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), con 59,8.

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SEMANA: ¿Cómo es el panorama en Bogotá en materia de corrupción?

Jaime Torres Melo: Siendo la primera medición, el promedio para las entidades distritales supera al promedio de la última medición de las entidades nacionales y territoriales. El promedio de Bogotá es 68,7 sobre 100, las entidades nacionales obtuvieron 68,2, las gobernaciones 61,4 y las Alcaldías obtuvieron 56,8 en su medición 2015-2016.

De las 34 entidades evaluadas ocho quedaron en riesgo moderado y 20 en riesgo medio. Las otras seis entidades quedaron en riesgo alto y necesitan un esfuerzo focalizado para reducir sus riesgos de corrupción.

SEMANA:¿Cuáles son los tipos de corrupción más comunes en Bogotá?

J.T: La corrupción es difícil de detectar por ser un fenómeno ilícito y secreto, se pueden identificar los tipos de corrupción por las sanciones o por las denuncias. Según la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá entre 2008 y 2016, los delitos contra la administración pública más sancionados fueron el cohecho (43,5 por ciento), el peculado (18,8 por ciento); la concusión (11,8 por ciento) y la celebración indebida de contratos (8 por ciento).

Si revisamos los reportes de medios de comunicación en este mismo periodo de tiempo, las principales denuncias se concentran en la celebración indebida de contratos, soborno y detrimento patrimonial.

De acuerdo a la percepción ciudadana, el soborno es la modalidad que más les afecta. Según la última Encuesta de Cultura Política, el 89 por ciento de los ciudadanos considera que más de la mitad de los servidores públicos son corruptos y el 61 por ciento considera que más de la mitad de sus conciudadanos también lo son.

SEMANA: ¿Cuáles son los menos comunes?

J.T.: Hay tipos de corrupción que no se pueden detectar o registrar, lo cual no quiere decir que no sean comunes. Un ejemplo es el tráfico de influencias, un delito que se materializa por las fallas en la gestión de conflictos de intereses y por fallas en los procesos de contratación. La falta de denuncias y de mecanismos de protección a denunciantes influye en poder detectar los tipos de corrupción más ocultos.

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SEMANA: Somos el país de los carteles y los carruseles, ¿a qué cree que se deba?

J.T.: Falta de sentido de lo público, los carteles demuestran la corresponsabilidad que existe por parte del sector privado en la lucha contra la corrupción. De fondo también hay un tema de incentivos económicos y debilidades en las instituciones para mitigar estos hechos.

No es un problema solo de Colombia, hoy existe un llamado internacional para adoptar marcos legales que responsabilicen a personas jurídicas por actos de corrupción, se adopten medidas de integridad y se generen espacios y acciones de articulación entre diferentes actores.

SEMANA: ¿Cuál de estos carteles le duele más a Bogotá?

J.T.: A Bogotá y al país le afecta más el cartel de la salud, no solo por los recursos que se pierden sino por las víctimas a las que se no se les garantiza el derecho fundamental a la salud. La Veeduría Distrital analiza actualmente el impacto de la reforma de la salud en el Distrito sobre estas dinámicas.

El efecto del carrusel de la contratación sobre la ciudad todavía se siente, no solo por el detrimento patrimonial sino porque fragmentó la confianza de la ciudadanía en los servidores y entidades públicas del Distrito.

SEMANA:¿Cuánto dinero pierde Bogotá por la corrupción?

J.T.: Calcular el costo de la corrupción y sus afectados es una tarea compleja. No hay consenso sobre una metodología estándar y fiable para medir los costos de la corrupción.

Si solo miramos detrimento patrimonial, según datos de la Auditoria General de la Nación entre 2000 y 2009, en Bogotá se emitieron 21 fallos por 91.000 millones de pesos, esto representa parte de la gran corrupción que afecta al Distrito. Pero es solo lo que se denuncia, se investiga y se sanciona.

La pequeña corrupción que afecta el día a día de los bogotanos representada en pequeños pagos ilícitos para acceder a un servicio, es imposible de cuantificar.

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SEMANA: ¿Cuánta gente se afecta por la corrupción en Bogotá?

J.T.: La corrupción es el impuesto más regresivo que afecta a todos los ciudadanos. Cualquier obra o servicio público que se retrase por causa de la corrupción termina impactándonos a todos los bogotanos, en nuestra calidad de vida y en la oportunidad de uso de los recursos públicos.

Según la última encuesta del Barómetro de las Américas, el 21 por ciento de los encuestados en Bogotá manifestaron haber sido víctimas de la solicitud de un soborno y la justificación que tuvieron es la mala prestación de los servicios o para agilizar un trámite. Los resultados que arroja el ITB, permitiran identificar dónde están las fallas en la gestión administrativa que abre espacios para este tipo de prácticas.

SEMANA: ¿Cómo combatir la corrupción?

J.T.: Antes de llegar a acciones de investigación y sanción, lo más importante prevenir. Por esta razón desde la Veeduría Distrital impulsamos acciones preventivas, como la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, la cual es un instrumento para articular acciones y actores públicos, privados y sociales.

Se requieren acciones articuladas entre entidades de control, y entre diferentes actores, incluso entre países. Nosotros proponemos priorizar cuatro herramientas en la lucha contra la corrupción: la gestión de conflicto de interés dentro de las entidades públicas, para lo cuál produjo una Guía que debe empezar a aplicarse en las entidades distritales. Herramientas para prevenir el soborno que permitan por ejemplo, declarar regalos o incentivos entre servidores públicos, proveedores y contratistas. Y por último, el país y por lo tanto la ciudad están en mora de reglamentar el lobby y establecer mecanismos de protección al denunciante.

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SEMANA: ¿Cómo ve el panorama anticorrupción para estas elecciones y qué opina de la consulta anticorrupción en trámite en el Congreso?

J.T.: Es importante que el tema esté en la agenda pública. Pero más allá de los discursos necesitamos pasar a definir acciones concretas, reformas y regulaciones necesarias para nosotros como entidades de control pero también para los tomadores de decisiones y la ciudadanía.

La consulta anticorrupción, el “Pacto de Ética y Transparencia” liderado por la Procuraduría General de la Nación, gremios, universidades, y sector privado; y muchas de las iniciativas propuestas por los candidatos presidenciales van a ser importantes solamente si pasamos del discurso a la acción.