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| 9/4/2019 3:36:00 PM

Corte revisará tutela para determinar si hay discriminación en el fútbol femenino

La Corte Constitucional decidió meterse al partido que desde hace meses enfrenta a las jugadoras profesionales de fútbol con parte de la dirigencia de este deporte.

Corte revisará tutela para determinar si hay discriminación en el fútbol femenino Los reiterados escándalos en el fútbol colombiano femenino, en los que se han visto involucrados Alzate, Camargo y Luna, han llevado a la Corte a pedir cuentas. Foto: Corte Fútbol Femenino

El alto tribunal decidió revisar la tutela que el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, le había puesto al exsenador y presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, para que se retractara por las afirmaciones discriminatorias que había hecho en contra de las jugadoras de fútbol. Sin embargo, frente a este y otros argumentos presentados por la Asociacion de Futbolistas y otras agremiaciones y ONG, la corte decidió, el pasado 26 de agosto, suspender los términos por tres meses para vincular a FCF, Dimayor, Fiscalía, Acolfutpro, entre otros, para que informen sobre las actuaciones que han realizado en este asunto, con el fin de profundizar en el tema y pedir nuevas pruebas, testimonios y evidencias que permitan determinar si en el fútbol existen actos o esquemas generalizados de discriminación y violaciones de los derechos constitucionales en contra de las mujeres.

Como se recuerda, el pasado 20 de diciembre, Camargo aseguró, cuando se le preguntó por la situación del torneo femenino, que, “eso anda mal, no da nada económicamente. El problema que hay con las mujeres es que son más ‘toma trago’ que los hombres. Pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos por haber invertido tanto. Y fuera de eso [el fútbol femenino] es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo”. Esta frase produjo rechazo de varios sectores y de las propias jugadoras. Yoreli Rincón pidió, a través de su cuenta de Twitter, respeto para las jugadoras del Atlético Huila.

Pese al escándalo, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente de la Difútbol, Álvaro González Alzate, respaldó las afirmaciones de Camargo en febrero, señalando que “a algunos periodistas de este país les han llegado informes y comentarios similares sobre ese tema, pero como somos un país de doble moral e hipócritas, expresamos nuestros conceptos personales en privado, pero no nos atrevemos a hacerlos públicos, y, además, nos lanzamos en picada contra todo aquel que se atreve a hacerlo. Respeto totalmente [la posición de Camargo]".

Además, también se supo de denuncias de las jugadoras sobre supuestos cobros en convocatorias y venta de uniformes a las jugadoras, así como pagos de tiquetes aereos por parte de las convocadas. En su momento, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol le manifestó a las jugadoras que “la Federación Colombiana de Fútbol es su casa, y que allí cuentan con todos los canales necesarios para atender cualquier requerimiento o solicitud que tengan”. Sin embargo, las denuncias se siguen realizando por fuera de los canales de la federación.

Puede leer: ¿Qué tanto avanza el fútbol femenino con los últimos acontecimientos y decisiones de Dimayor y Federación de Fútbol?

Con estos antecedentes, y frente a la insistencia de la Defensoría para que seleccionara la tutela, la corte lo hizo la semana pasada y decidió pedirles de inmediato a la Dimayor, a la Federación Colombiana de Fútbol y a sus comités disciplinarios, al igual que a la Fiscalía General, que informen las actuaciones que adelantan en relación con las declaraciones de Camargo, y que hagan llegar los expedientes en donde se da inicio a la investigación disciplinaria contra este y otros dirigentes. De igual forma, la Corte le pidió a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), a la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia y otras ONG sus conceptos y opiniones sobre lo que está pasando dentro del fútbol femenino.

SEMANA conoció que Acolfutpro le dijo a la corte que lo ocurrido en los últimos meses con las jugadoras no solo pone en evidencia la violación del derecho constitucional a la honra, sino que también representa una grave violación del derecho a la igualdad, consignado en el artículo 13 de la Constitución Política.

Pronunciamiento de fondo

La situación se evidencia en una serie de prácticas generalizadas y sistemáticas, siendo la primera la discriminación laboral. Contratos precarios, baja remuneración y la inestabilidad generan incertidumbres e imposibilitan la construcción de un proyecto de vida a partir de la profesión. Esto despoja a las jugadoras de la dignidad humana, y las hace presas de la marginación y les impide establecer de proyectos de vida a largo plazo.

Prueba de ello es que el torneo profesional de mujeres solo se llevará a cabo entre el 14 de julio y el 30 de septiembre, en el cual jugarán 12 partidos las que integren los equipos que lleguen a la final. La situación contrasta con la de la competencia masculina, en donde se juegan dos campeonatos (Liga I y II y Copa), que equivalen aproximadamente a 64 partidos al año, y sin tener en cuenta a los futbolistas de clubes que participan en los torneos internacionales (Copa Suramericana y Copa Libertadores).

La federación, según la agremiación, también ha vetado el diálogo social de las futbolistas, estigmatizando a aquellas que se asocian para defender los derechos de las futbolistas. Tal es el caso de la futbolista Daniela Montoya, quien no pudo ser parte de la Selección Colombiana de Fútbol por ser tildada como ‘sindicalista’, luego de denunciar públicamente que a ella y a sus compañeras no les pagaron el premio por clasificar a la siguiente ronda del Mundial de Canadá en 2015. Quien la tildó de sindicalista fue Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF y defensor de las declaraciones de Camargo.

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La segunda práctica tiene que ver con la fuerte discriminación sexual. A comienzos de este año, tal como pudo ser constatado de manera pública, las jugadoras Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, quienes hicieron parte de la Selección Colombia Femenina de Mayores, señalaron serios abusos durante las concentraciones y torneos en los que participaron. Posteriormente, salieron a la luz las denuncias de jugadoras de la Selección sub-17, quienes afirmaron ser víctimas de acoso sexual por parte del técnico Didier Luna y del preparador físico, Sigifredo Alonso. De acuerdo por lo manifestado por las jugadoras, se planteaba un esquema de contraprestaciones sexuales, en donde si la futbolista profesional no accedía a aceptar invitaciones, se le truncaba su carrera deportiva.

Por medio de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol le pidió a la Fiscalía “esclarecer cuanto antes los hechos denunciados de supuesto abuso sexual al interior del equipo”, y se limitó a despedir al técnico, pero no estableció medidas para que puedan enfrentarse, dentro del ámbito del fútbol, esas graves conductas. En efecto, no se ha establecido un protocolo para que las deportistas puedan realizar las denuncias, ni se ha estudiado si las actuaciones del técnico fueron individuales o si obedecían a aspectos replicados en los clubes deportivos.

Otros argumentos

En tercer lugar, las futbolistas alegan que las declaraciones públicas de algunos dirigentes reproducen imaginarios discriminatorios contra las mujeres. Vale decir que esa declaración no obedece a un asunto aislado de un solo dirigente. Y como si todo lo mencionado en materia laboral, ámbito sexual o en declaraciones públicas no fuera suficiente, las autoridades deportivas no han adoptado las sanciones previstas en sus reglamentos. Al parecer, ni la Federación ni la Dimayor han adelantado acciones que deriven en investigaciones y sanciones efectivas frente a las conductas denunciadas. A la fecha, no se ha sancionado al señor Camargo, tampoco a González Alzate ni a Didier Luna.


Discriminación laboral, acoso sexual y falta de sanciones son algunas de las dificultades que encuentran las futbolistas colombianas. Foto: AFP

En ninguno de estos casos basta con el despido, pues el sistema disciplinario federativo prevé unas sanciones, las cuales no sólo cumplen, como su nombre lo indica, una función sancionatoria, sino que también son disuasorias. Por lo tanto, si otros trabajadores, directivos o miembros de la Federación incurren en estas conductas, estimarán que pueden ser sancionados y disuadidos de acuerdo con lo previsto en los reglamentos federativos.

“Pese a las históricas y manifiestas violaciones, no asistimos a la construcción por parte de la Federación Colombiana de Fútbol de una política que apunte a la plena observancia de los derechos de las futbolistas. Los medios de comunicación dan cuenta de innumerables agresiones, y, aún así, no se adelantan investigaciones por estas conductas discriminatorias, pese a que están expresamente prohibidas por la Constitución Política y las normas de la FIFA”, dijo Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro.

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La explicación al abandono sancionatorio puede tener origen en la forma como se constituyen los organismos de investigación, conformados por abogados (muchos de ellos magistrados de las altas cortes), que son designados por los propios Directivos de la Federación. Al ser los empleadores los que determinan quienes los componen, se desestiman los derechos de las trabajadoras, lo cual es agravado por una tradición patriarcal que acusa un desprecio por la mujer. Son realidades incontestables que exigen, por parte de la Corte Constitucional, una intervención robusta, a efecto de impedir que tal estado de cosas continúe.

Sin embargo, nada de ello ocurre en el presente caso. Al contrario, no se han adoptado medidas en las que efectivamente sean sancionadas las conductas discriminatorias. Esto, a pesar de que, como se indicó previamente, existen varias disposiciones federativas que han sido violadas sin que las autoridades del fútbol actúen.

“Lo expuesto anteriormente revela que las declaraciones que han sido impugnadas por medio de la presente acción de tutela, se encuentran enmarcadas en un contexto de discriminación estructural y material en contra de las futbolistas colombianas. Por tanto, las afirmaciones, como las que desafortunadamente realizó el señor Camargo, contribuyen a consolidar una disparidad de género en el deporte más popular para la sociedad colombiana”, dice Acolfutpro en su misiva a la Corte Constitucional.

En este orden de ideas es fundamental que el presente caso no se estudie solamente como unas afirmaciones aisladas realizadas por un representante de los empleadores, en un contexto neutro. Al parecer, se trata de una actuación que refleja una cultura sistemática y arraigada en la dirigencia del fútbol profesional colombiano.

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