SEMANA: Hay alerta porque la Defensoría no pudo realizar los pagos de diciembre a los contratistas que ejercen la defensoría pública. ¿Qué da origen a esa situación?
Iris Marín (I. M.): Yo entiendo que, en general, el Gobierno tiene un problema serio de flujo de caja para poder terminar todos los pagos. Sin embargo, nosotros habíamos hecho un PAC, que es el Plan Anual de Caja, con el fin de presupuestar la plata para cumplir los compromisos que se han adquirido de acuerdo a la ley de presupuesto. Entonces, hicimos la solicitud del PAC de enero. A mediados de diciembre, nos mandaron una comunicación informándonos que no iban a disponer de los recursos para ejecutar este plan anual de caja y que eso afectó varios pagos, principalmente el de los contratistas en general de la entidad y los de los defensores y defensoras públicos. Nos informaron que en enero, cuando tuvieran flujo de caja, entonces darían los recursos a la Defensoría y ahí nosotros podríamos pagar.
SEMANA: ¿Quiénes son los defensores públicos y de cuántas personas podemos estar hablando?
I. M.: La figura del defensor público fue creada en el sistema penal acusatorio y consiste en el derecho que tiene una persona que no tiene recursos para pagar un abogado, a que el Estado le proporcione un servicio de representación judicial gratis. Hoy hay 4.200 abogados y abogadas que ejercen como defensores públicos de manera independiente, por contrato de prestación de servicios bajo las directrices generales de la entidad.
SEMANA: ¿Qué hacen esos defensores públicos?
I. M.: Son las personas que atienden, por ejemplo, los procesos de las personas que no tienen para pagar un abogado cuando son capturados. Es el defensor quien acompaña que ese procedimiento se haga bien bajo el control de garantías. Pero también están en procesos de familia, en casos civiles. Son muy importantes porque son los que ofrecen las garantías en esas primeras etapas del proceso.
SEMANA: ¿Existe en este momento algún riesgo de que esos defensores no sigan prestando su labor en los casos en los que están?
I. M.: Hasta el momento no. Tanto los contratistas, en general de la entidad, como los defensores han sido supremamente comprometidos. Han hecho el reclamo, obviamente. Hay una tristeza general en la institución por esta situación, pero afortunadamente no han dicho que se deje de prestar el servicio.
SEMANA: Esta limitación se da en el marco de una disminución muy grande de presupuesto que vivió la Defensoría y que usted ha denunciado. ¿Qué sucedió?
I. M.: Con relación al presupuesto para el 2026, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley en junio de este año en el que definió unilateralmente el monto de presupuesto para nuestra entidad. Esa definición inicial significaba una reducción no solo del presupuesto respecto a lo que habíamos solicitado, sino también respecto al presupuesto que tuvimos en 2025.
Adicionalmente, durante el debate en el Congreso, se radicó una ponencia en la que nos hicieron un recorte adicional al que ya se había proyectado. Y, finalmente, el proyecto de ley del presupuesto se aprobó de esa manera.
SEMANA: ¿Cómo se traduce ese recorte en el trabajo de la entidad?
I. M.: Por ejemplo, se reduce en un 47 % el presupuesto de inversión que tuvimos en 2024. También se ha afectado mucho la movilidad de los equipos: viáticos, tiquetes, operación logística. Así mismo, el equipo de las regionales que se fortalecía con los contratos de prestación de servicios. Hemos priorizado en medio de las restricciones. Así, el sistema de alertas tempranas, el de mujer y género y el de víctimas hoy estamos priorizándolos. Pero eso significa que se recortan recursos para otras poblaciones, por ejemplo, jóvenes. Hay programas importantes como el acompañamiento en salud mental y de cuidado que están en riesgo. También todo lo que hemos hecho de seguimiento a la situación de salud, en el que hemos buscado resolver casos estructurales como puntuales.
SEMANA: ¿Qué es lo que más le preocupa?
I. M.: Las misiones humanitarias y las jornadas que llamamos Lengua futuro, que son jornadas de atención en territorios que no tienen mucha presencia estatal.
SEMANA: ¿Siente que este recorte obedece de alguna forma a una retaliación del gobierno por la gestión independiente que usted ha hecho?
I. M.: Yo realmente no puedo afirmar eso. No tengo más elementos que los que pueda intuir. De lo que sí estoy convencida es de que es una vulneración de la autonomía presupuestal de la Defensoría del Pueblo. La Constitución dice que la entidad tiene autonomía presupuestal, pero en la práctica no la tenemos porque el gobierno define unilateralmente ese monto.
Hay una situación adicional. Este año yo no he tenido ninguna conversación, ni presencial, ni telefónica con el ministro de Hacienda. No nos atienden. Entonces realmente nos tratan como si fuéramos una agencia más de Gobierno de manera vertical, tomando las decisiones, sin comunicación, sin interlocución y afectando la labor de la entidad.