"No hemos recibido ningún tipo de presión": Diego García Sayán sobre la JEP

En medio de la polvareda política que se siente en la carrera por la Casa de Nariño, empezó la puja más importante para la implementación del acuerdo con las Farc: la elección de los juristas que integrarán la Jurisdicción Especial de paz y la Comisión de la Verdad.

Desde este 24 de junio y hasta mediados de septiembre, el Comité de Escogencia integrado José Francisco Acuña, Diego García Sayán, Álvaro Gil Robles Gil, Juan Méndez y Claudia Vaca, seleccionará entre miles de hojas de vida a los llamados a impartir justicia en el marco del conflicto.

La justicia transicional despierta odios y amores y por eso es clave que ahora que se empiezan ajustar los andamios, queden claras las reglas del juego que se seguirán a la hora de escoger a los magistrados. De ese proceso depende, en buena medida, la confianza que los colombianos depositarán en el tribunal, su legitimidad y la tranquilidad frente al tema más espinoso del acuerdo.

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SEMANA habló con el delegado por el secretario general de Naciones Unidas, Diego García Sayán; el delegado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), Juan Méndez y el delegado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, Álvaro Gil Robles Gil.

SEMANA.: ¿Cómo recibió el acuerdo de paz con las Farc?

Diego García.: América Latina y el mundo no pueden ser mezquinos con este paso tan importante que han dado los colombianos. Hay gente que está en desacuerdo, eso es razonable y normal en una sociedad democrática. Pero silenciar las armas por la vía de un acuerdo y poner en marcha un sistema de justicia permitirá una dosis de reparación para las víctimas, de conocimiento de la verdad y de justicia. Como latinoamericano, tengo que decir que para nuestro autoestima esto es un ejemplo para el mundo.

SEMANA.: ¿Cree que ha faltado unanimidad en el continente?

D. G.: Cada país latinoamericano tiene sus propias dificultades y problemas. Uno ve que se reúnen pero, por ejemplo, ahora en Alianza Pacífico que se encontraron en Cali pudo haber sido la Alianza del Pacífico más explícita, más clara, en su respaldo, pero eso no sucedió.

SEMANA.: ¿Qué resalta y que le preocupa del modelo de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se pactó en La Habana?

D. G.: Preocupante lo que cualquier proceso nuevo entraña, hay cosas que hay que ver cómo van a funcionar. Este es el primer caso en donde un proceso de paz se resuelve a través de un acuerdo en el que las fuerzas insurgentes aceptan someterse a alguna modalidad de justicia. Esa es una innovación extraordinaria. Se combina la reparación y el conocimiento de la verdad, como una pieza que apunta a la reconciliación. Eso es un elemento nuevo que hace que otros procesos de paz en América Latina y África, queden en una especie de escalón distinto.

SEMANA.: Por cuenta del ambiente de polarización le caen muchos dardos a la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Se sienten libres para hacer su escogencia? ¿Tienen presiones?

D. G.: Quiero decir con toda claridad y sin ninguna dosis de exageración que no hemos recibido ningún tipo de presión. Ni siquiera de insinuaciones que apunte a cuál  debería ser nuestra escogencia. Ya hemos dado señales claras de que no recibiremos sugerencias, ni presiones en ningún sentido. Incluso, por ahí salió un forajido, creo que es un supuesto exfuncionario de la OEA, traficando con supuestas gestiones pero aquí las presentaciones de las candidaturas son individuales para la Jurisdicción Especial de Paz.

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SEMANA.: ¿Cómo va a ser ese proceso que lo garantizará?

D. G.: Ellos se tendrán que presentar llenando un formulario donde tienen que completar todos los requisitos. En ese proceso nosotros no tenemos ningún contacto con las personas postulantes, salvo con quienes llegan a la fase final de preseleccionados que serán entrevistados. La independencia está garantizada. Además, son cuatro votos de cinco, tendrían que hacer lobby con casi todos y eso es imposible y así no funciona. Una vez se tiene la preselección, los nombres serán publicados para recoger apreciaciones y versiones de la gente. Al final, las entrevistas nos darán el último detalle, más allá de los currículos.

SEMANA.: Tres de los cinco miembros del comité son extranjeros, ¿cómo garantizar que va a ser un trabajo meticuloso y que no se van a dejar llevar por lo que presentan en las hojas de vida?

D. G.: Todo se va a verificar. Pasa en Perú y seguro también en Colombia. Hay personas que se postulan a cargos con títulos académicos y profesionales que no son auténticos. Eso se puede verificar fácilmente. Las bellezas que una persona diga de sí mismo y de su trayectoria en materia de justicia tienen que estar acreditadas con constancias laborales y trabajos publicados. Lo que se quiere hacer, como lo expuso Claudia Vacca, es combinar gente que tenga experiencia judicial, con quienes tengan énfasis en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Claro, debe ser gente con un peso académico.  

SEMANA.: ¿Se han sembrado muchas dudas alrededor de la transparencia del proceso porque ustedes están estrechamente vinculados con el tema de Derechos Humanos?...

D. G.: Los miembros del comité no tenemos ninguna agenda oculta. Tres de los cinco no vivimos, ni pertenecemos a ninguna institución colombiana. Además, nuestra trayectoria profesional hace que seamos muy cuidadosos para no equivocarnos. Para el proceso se ha diseñado un sistema donde los interesados llenarán un formulario de inscripción con un montón de preguntas y de sustentaciones que permitirá conocer quién es cada una de las personas. En segundo lugar, con el auxilio de los medios de comunicación se podrá hacer una convocatoria amplia para que muchos participen. No queremos caer nunca en un debate político y politizado de sectores que quieren hacer gestiones, presiones públicas o privadas a favor o en contra de una u otra persona. Eso en lugar de favorecer, hará daño. Queremos trabajar con independencia, sin presiones que no las aceptaríamos.

SEMANA.: ¿Cómo vienen trabajando? ¿Qué tan complejos han sido los encuentros teniendo en cuenta que son de países distintos?

Juan Méndez.: Tuvimos la oportunidad de crear un equipo de trabajo que está dando muchas satisfacciones. Nosotros estamos en permanente contacto. Venimos seguido al país, casi todos los meses.

SEMANA.: Hay temor por los perfiles de quienes ocuparán los cargos. Unos piden que tengan énfasis en el Derecho Internacional Humanitario y otros en Derechos Humanos. ¿Cómo encontrar ese equilibrio que devuelva la tranquilidad y legitime el Tribunal de paz?

Juan Méndez.: No se trata de asignar puestos en la Jurisdicción Especial de Paz a distintas concepciones. Lo que vamos a hacer es designar a un grupo de personas que  equilibren experiencias y vocación de entender las necesidades de paz y justicia en una situación de resolución de conflictos. Deben conocer el DIH, los DDHH y la Justicia Transicional. Estamos convencidos que podemos seleccionar a 51 colombianos que entiendan que el combate es una cosa y la violación a los derechos humanos es otra. Es decir, tomarse las armas puede haber sido una mala decisión en su momento, pero lo que tienen que condenar son las violaciones del derecho de la guerra cometidas en el curso de ese alzamiento.

SEMANA.: Por ejemplo, ¿sería posible ver a militares como magistrados?

D. G.: Sí, en la medida en que cumplan con las condiciones. Queremos dar certeza de que no hay ningún perjuicio, no queremos gente que piense de determinada manera sino que haya garantía absoluta de que lo que pesará es la trayectoria profesional, la académica y su respeto a la ley. No serán personas que hayan violado el derecho. Claro, es importante si al final hay formas de pensamiento mucho más plurales y variadas, será mejor.

SEMANA.: ¿Cualquier persona podrá postularse? ¿Cómo han delineado el tema de los impedimentos?

Juan Méndez.: Ese tema lo hemos estudiado y el de los conflictos de intereses. Nosotros vamos a aplicar los principios que la ley colombiana manda en esos términos. Sin embargo, lo que no tenemos es una definición taxativa. Por ejemplo, qué va a pasar con los que están trabajando hasta último momento en aspectos relacionados con la implementación, pero no podremos ser tan absolutos porque algunas personas que hace cuatro años trabajaron -en las primeras conversaciones- quedarían por fuera.

SEMANA.: Por cuenta de un desfase que hay entre la aplicación de la Ley de Amnistía y la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, muchos hablan de nombrar un presidente ad hoc, ¿es cierto?

D. G.: El decreto dice lo que dice: se nombran todos. Si hubo posibles conversaciones, y evaluaciones para un escalonamiento que permitiera tomar algunas decisiones administrativas, pero no se ha puesto en ejecución y a estas alturas del partido sospechamos que no se va a poner en ejecución. Ahora que empieza del debate en el Congreso de la Ley Estatuaria, si se fijan las normas procesales fundamentales que le permitan a la justicia ponerse en marcha, sería un paso muy importante para que el tribunal empiece a operar más rápidamente. 

SEMANA.: Ustedes hablan de una elección donde prevalecerá, preferiblemente, la pluralidad de género y etnias. ¿Tienen cuotas ya establecidas?

Juan Méndez.: Cuotas no. Sin embargo, hemos establecido en los criterios de selección y en las categorías -que llenarán los postulados- algunas formas de precisar la pertenencia a género y a etnias. Vamos tratar en igualdad de condiciones para conformar esta Jurisdicción Especial de Paz con la mayor diversidad étnica y de género posible.

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SEMANA.: En este momento la justicia no tiene una buena imagen por cuenta escándalos de corrupción y clientelismo. ¿Cómo van a hacer para que esta elección no se vuelva un botín?

D. G.: Yo siempre veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Vengo de un país vecino donde se presentan ese mismo tipo de problemáticas o más graves. La diferencia con lo que pasaba hace algún tiempo es que muchas veces no se conocían los casos por falta de acceso a información o transparencia. El accionar del sector público eran distintos. Ahora la pertinencia y acción de la justicia para capturar a una persona supuestamente responsable de un delito como ocurrió aquí la semana pasada o en mi país con el contralor, eran cosas que antes no se veían. Hay una mayor acción de la justicia. Entiendo que hay una percepción, igualito a en el Perú, de que estamos peor que nunca, pero veamos otra cara del asunto: hay cosas que antes simplemente no se conocían.

Juan Méndez.: En una Jurisdicción Especial de Paz las posibilidades de clientelismo son menores. No quiero decir que desaparezcan, pero precisamente como no hay una institución establecida a lo largo del tiempo, el desafío es encontrar a los mejores 51 colombianos que por su trayectoria garanticen que sus funciones van a estar libres de estos vicios que afectan a todos.

SEMANA: ¿Ustedes han hecho consulta? ¿Ya se reunieron con los militares y el uribismo?

D. G.: Sí, con Acore. Fue una reunión intensa y frente a algunas cosas que ellos han dicho en público les pedimos cordial y respetuosamente que sustenten con alguna información esas acusaciones terribles y por supuesto nos hemos quedado esperando esa información, que nunca llegó. No nos hacemos mala sangre con esos temas. En todo país en donde surgen soluciones frente a una situación tan dramática y difícil como la que vivió Colombia pueden surgir voces que no son necesariamente las que uno quisiera escuchar, pero con todo respeto los hemos oído. Estamos abiertos a las conversaciones, pero naturalmente lo que no hacemos, ni haremos es entrar en encuentros que tengan que ver con gestiones vinculadas a candidaturas.

Juan Méndez.: Con sectores políticos no hemos hablado, pero tampoco nos hemos negado a alguien que quiera hablar con nosotros.

SEMANA.: La terna de donde saldrá la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales se dejó para octubre, ¿porque? ¿no les parece tarde? ¿Ya se reunieron con el fiscal?

Juan Méndez.: El orden de prioridades lo dictó el decreto. Hay unas prioridades, el Tribunal de Paz, pero las diferencias de tiempo no son tan pronunciadas. Frente a su otra pregunta, no, nosotros no hemos tenido ninguna conversación con el fiscal y no creo que corresponda.

SEMANA: Como parte de la contienda electoral que se comenzó a agitar, algunos sectores prometen volver trizas el acuerdo, ¿eso les preocupa?

D. G.: Eso hace parte de un debate político sobre el cual no nos vamos a pronunciar. Sin embargo, evidentemente cuando se ponga en marcha la Justicia Especial para la Paz, difícilmente podrá contraerse.

Álvaro Gil Robles: Ninguno de nosotros ha venido aquí a dar ninguna lección. Porque no hace falta venir a Colombia a dar unas lecciones, ustedes tienen una tradición jurídica y democrática muy seria. Simplemente nosotros vinimos a aportar nuestra experiencia y lo que podemos hacer, pero nada más, no venimos a dar lecciones de nada. Bastante experiencia tiene ya el país.

SEMANA.: Si la justicia no empieza a funcionar con pie derecho por cuenta de la polarización que vive el país, ¿temen que se abran de nuevo las heridas del conflicto y termine siendo peor el remedio que le enfermedad?

Álvaro Gil Robles: Creo que un proceso como este que es tan importante y tan excepcional tiene que verse y enfocarse por parte de todas las fuerzas políticas y la sociedad con mucha generosidad. Olvidar los combates partidarios, eso es legítimo, pensando en el interés nacional y el interés de las futuras generaciones. Este proceso de paz, por el momento va bien, hay que decir las cosas como son, se han entregado armas como en ningún otro.  Por lo menos en el ámbito internacional así lo valoramos. Se pone en marcha un proceso de justicia transicional que terminará en un tiempo y que le permitirá a la sociedad ver de frente lo que ha pasado. Las futuras generaciones estarán sobre una base en que no se han cerrado los problemas en falso como muchas veces se ha visto en Europa. Muchas veces lo que importa es que me escuchen lo que a mí como víctima me ha pasado, mi sentimiento, mi dolor, mi sufrimiento, lo que no he podido contar durante tantos años. Eso ya atrae la paz moral de las personas, de las familias y de mucha gente. Eso es un reto para toda la sociedad colombiana y los sectores políticos. Aquí se pueden hacer las cosas bien, muy bien, pero hace falta que todo se pague, que cerremos un poco nuestras legítimas posiciones partidarias y pensemos en el país como tal, en el futuro del país.