La Policía Nacional dio un duro golpe a una banda delincuencial que alcanzó a lavar miles de millones de pesos a través de una empresa fachada de minería.
De acuerdo con las autoridades, todo empezó luego de que les llegara una alerta en 2012 sobre las actividades ilícitas de una supuesta empresa que se dedicaba a comercializar metales preciosos, tal como quedaba registrado en facturas, transferencias bancarias y reportes ante autoridades tributarias que, al final, dibujaban la imagen de un negocio supuestamente legítimo.
“La historia comenzó a revelarse en 2012, cuando un informe de fuente no formal llegó a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. El documento alertaba sobre posibles maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito vinculadas a operaciones de comercialización de metales preciosos. Ese primer indicio llevó a los investigadores a revisar una serie de transacciones realizadas entre 2006 y 2009 por dos personas naturales a favor de la empresa C. I. Mineros Exportadores S. A., conocida comercialmente como C. I. Minex S. A.”, indicó la Policía Nacional.
Dicha sociedad, según la Policía, había sido constituida el 6 de mayo de 2003 en la Notaría Tercera de Bucaramanga y el representante legal era un sujeto identificado como Mario Jesús Roa Fernández, y estaba registrada ante la Dian con el NIT 804.015.212-7.
“En apariencia, la compañía desarrollaba operaciones comerciales legítimas, intentando mostrar que se trataba de una empresa más del sector minero. Sin embargo, a medida que avanzaron las labores investigativas y los peritajes contables, empezaron a aparecer inconsistencias que terminarían revelando un complejo esquema financiero”, se agregó.
Las autoridades seguían trabajando para llegar hasta el fondo de esa red y lograron establecer que detrás de las millonarias cifras que reportaban se escondía algo que realmente era ilícito.
Y no estaban equivocados los investigadores. Se trataba de una estructura criminal dedicada a simular compraventas de metales preciosos, principalmente oro, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
“El mecanismo era sofisticado, pero recurrente. Se registraban operaciones millonarias con supuestos proveedores que, al ser analizados, no contaban con la capacidad económica ni la infraestructura necesaria para realizar dichas ventas. Además, las pesquisas permitieron establecer que gran parte del oro comercializado por la empresa presuntamente provenía de actividades de minería ilegal”, resaltó la Policía Nacional.
Afirmó la Policía que, entre los años 2006 y 2010, seis proveedores concentraron más del 50 % de las operaciones comerciales de la sociedad, algo que llamó la atención de los investigadores.
Dichos movimientos, según lograron establecer los investigadores, estaban vinculados a personas naturales que harían parte de la estructura criminal.
“El problema era evidente, por lo que los análisis financieros concluyeron que estas personas no tenían el respaldo económico para justificar ventas por esas sumas, lo que reforzó la hipótesis de que las operaciones eran ficticias”, aseveraron.
Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue que, en la mayoría de los casos, el dinero no llegaba a las cuentas de los supuestos proveedores registrados en las facturas y, por el contrario, los recursos eran girados a terceros autorizados directamente por el representante legal de la empresa y que no tenían relación comercial legítima con la sociedad.
Las personas que recibieron esos pagos, según la investigación de las autoridades, eran dos hombres de nombre Gabriel Jacobo Campo Quintero y Eduen Franklin Silva Mantilla.
Finalmente, las autoridades lograron establecer que esta banda criminal alcanzó a manejar operaciones asociadas a esta red que ascendieron a $731.118.903.591, tal como quedó registrado en los reportes ante la Dian.