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| Foto: León Darío Peláez

ANÁLISIS

Tras la dejación de armas de las Farc, ¿qué sigue?

“Ganamos la paz, pero perdimos el posconflicto”, es la reflexión que hace el analista Eduardo Pizarro Leongómez este 27 de junio después de que la ONU certificó la entrega total del arsenal. Según él, falta mucho por hacer, pero la paz está más cerca que nunca.

27 de junio de 2017

Una de las mayores lecciones que ha dejado a nivel mundial el fin de conflictos armados internos es la importancia de diseñar un plan serio y consistente de posconflicto, con el fin de evitar no solamente la reincidencia de la confrontación al cabo de pocos años, sino que se produzcan olas criminales como resultado de un fracaso en el proceso de “desarme, desmovilización y reintegración” (DDR) de los excombatientes y de la ausencia de otras tareas urgentes y necesarias.  

La reincidencia de los enfrentamientos armados es más común en conflictos interraciales, regionales y religiosos, como se ha podido observar en África, Asia y los Balcanes. Según un estudio clásico de Paul Collier y Anke Hoeffler, el riesgo de retorno de los enfrentamientos armados en los conflictos en estas regiones del mundo, luego del fin de la guerra fría, ha sido del 44 por ciento antes de cinco años tras la firma de un acuerdo de paz.

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En América Latina, a pesar de que todos los países tuvieron presencia de grupos guerrilleros en algún momento tras la revolución cubana en 1959, tras la derrota militar de la guerrilla (Brasil, Argentina, Uruguay, etc.) o su integración mediante procesos de paz (El Salvador, Guatemala), no ha habido ningún caso de reincidencia.

Más bien, el fenómeno preocupante en América Latina, particularmente en Centroamérica, ha sido el desbordamiento de la criminalidad el cual ha constituido uno de los rasgos principales del clima de posconflicto tanto en El Salvador y como en Guatemala. El excomandante militar del Frente Farabundo Martí (FMLN) de El Salvador, Joaquín Villalobos, sostuvo en alguna ocasión que en su país “ganamos la paz, pero perdimos el posconflicto”. Y nos advierte a los colombianos que debemos no solamente ganar la paz, sino, ante todo, ganar el posconflicto. Es decir, evitar una ola criminal que, en el caso de las dos naciones mencionadas, produce hoy más víctimas que durante la guerra civil.

Desde esta perspectiva, como bien afirman los expertos, una cosa es el restablecimiento de la paz (peacemaking) y otra distinta la conservación de la paz (peacekeeping) y, ante todo, la consolidación de la paz (peacebuilding). Se trata de procesos ciertamente interrelacionados -el primero es una condición para los otros dos-, pero son etapas distintas y con exigencias diferentes. Se puede tener éxito en el uno, pero fracasar en los otro dos. Como dijo el propio Villalobos en una conferencia en Bogotá, "después de firmada la paz, comenzó la otra guerra que no vimos venir", impulsada por el fenómeno de las pandillas, en especial, la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18.

En efecto, el acuerdo de paz firmado en 1992 no condujo a una disminución de los índices de violencia: mientras que durante los 12 años de la guerra civil murieron en promedio unas 6.250, en los años poseriores el número de homicidios pasó a 8.000 o más, conduciendo a El Salvador a convertirse en una de las naciones más violentas del mundo.



La desmovilización de las AUC y la seguridad interna

Colombia ha vivido en los últimos años una reducción significativa la tasa de homicidios . Es más. En el año 2016 tuvimos la tasa de homicidios más baja desde 1974 y el número de homicidios más bajos desde 1984.

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La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los años 2005 y 2006, tuvo un hondo impacto en la disminución del número y de la tasa de homicidios. Es decir, que a pesar de la impresión en la opinión pública de que la criminalidad en el país se agravó debido a la emergencia de las denominadas “bandas criminales” (Bacrim), esta percepción es falsa. Colombia pasó en estos mismos años de ser la nación con la mayor tasa de homicidios de América Latina a ocupar un sexto lugar (al bajar de 67,3 en el año 2003 a 22,0 en el año 2016) y, desde el punto de vista del número de homicidios está siendo superada hoy y de lejos por Brasil, Venezuela y México.  

Lo cual evidencia que una etapa de posconflicto, así haya sido en Colombia parcial y limitada, no conlleva necesariamente -como sí ocurrió en El Salvador y Guatemala-, un aumento exponencial de las tasas de criminalidad. Es decir, lo que llamaremos un “posconflicto traumático”.

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Una experiencia en la propia América Central muestra que un “posconflicto traumático” no es irremediable: el caso de Nicaragua, que hoy por hoy es una de las naciones con menores tasas de homicidio del continente (7,0), solamente mayor que las tasas de Argentina (6,6), Ecuador (5,6) y Chile (3.6). Incluso, lo que puede sorprender, menor que la tasa actual de Costa Rica (11,8). O sea, en Nicaragua se alcanzó, tras la firma de la paz con la “Resistencia Nicaragüense” (o la “Contra”) en 1990 y tras un período muy difícil (debido al levantamiento de los “recontras”, “recompas”, “revueltos” y “rearmados”), un “posconflicto benigno”.

Tareas para construir un “posconflicto benigno”

A mi modo de ver, la reintegración exitosa de los excombatientes a la vida civil es una de las claves para alcanzar un posconflicto en paz. Pero, además de los temas clásicos relacionados con el DDR, existen otras dimensiones complementarias que son indispensables para tener éxito en esta compleja etapa.

1. La implementación rigurosa de los acuerdos de paz

Una primera lección de los procesos de paz es simple y, si se quiere casi obvia: la necesidad de implementar con rigor los acuerdos  en los procesos de paz.

En general los acuerdos firmados ponen siempre el acento en factores que han incidido en el surgimiento o en la persistencia del conflicto armado y cuya superación es fundamental para construir un posconflicto en paz y sostenible. Se trata de temas tales como la superación de “enclaves autoritarios” en el sistema político, de obstáculos para el desarrollo, de reformas en beneficio de comunidades marginadas etc., cuyo incumpliendo se puede convertir no solamente en un lastre para el futuro, sino en una fuente de desencanto y frustración en la población.  

Un ejemplo lo constituyen los acuerdos en torno a la modernización del agro alcanzados en La Habana cuyo atraso, además de constituir uno de los factores que han influido en la prolongación del conflicto armado en Colombia, igualmente, ha constituido un “cuello de botella” para el desarrollo del país.  

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2. La construcción partidista: “de las armas a la política”

Una lección que nos dejan los procesos de transición de la guerra a la paz es la importancia que tiene la construcción partidista para los excombatientes. Una de las consecuencias que apareja la dejación de las armas es la pérdida súbita de referentes para la población desmovilizada, ante todo, los militantes de base quienes entran en una etapa de hondas incertidumbres sobre su futuro. Aun cuando el Estado diseñe una sólida política de DDR, el éxito o fracaso en la construcción partidista puede ser clave para evitar que surjan disidencias armadas o grupos criminales compuestos por antiguos miembros de la guerrilla.

Dado que el surgimiento de redes criminales compuestas por antiguos miembros de grupos armados desmovilizados es muy común en los períodos de posconflicto, la canalización y la disciplina partidistas pueden ser claves para evitar este resultado potencialmente negativo de los procesos de paz. El contraste entre la transición organizada de las “armas a la política” de los años noventa (M-19, MAQL, PRT y EPL), con la desbandada anárquica que se produjo tras la desmovilización de las AUC entre el 2005 y el 2006 -cuyos líderes fueron encarcelados y se les decreto la “muerte política”-, es un ejemplo claro de la significación de un aparato político posconflictoerior a la dejación de las armas para canalizar a los desmovilizados.

3. Desmovilización, desarme y reintegración (DDR)

Una política acertada de DDR de los excombatientes es una de las claves principales para evitar un “posconflicto traumático”. Ante todo, impidiendo que se produzca un reciclamiento en la vida criminal de un alto número de desmovilizados o que las armas de los grupos armados vuelvan a ser utilizadas, ya sea por desmovilizados, por grupos disidentes o por facciones criminales.

(a) Desmovilización: es fundamental garantizar que la totalidad o, al menos, la inmensa mayoría de los miembros de los grupos guerrilleros se desmovilicen y que no se creen ni disidencias ni grupos criminales.

(b) Desarme: es fundamental que haya una dejación de la totalidad de las armas en manos de la entidad internacional responsable y que estas armas sean clasificadas y fundidas en un acto público.

En este terreno, la experiencia internacional muestra que es indispensable intentar recolectar la totalidad de las armas para evitar que éstas se terminen reciclando en la vida criminal o en disidencias internas e, igualmente, que haya una fundición de las armas, pues su almacenamiento conlleva el riesgo que éstas terminen saliendo al mercado criminal “gota a gota”, debido a prácticas corruptas. Igualmente, es deseable que las armas se transformen, por ejemplo, en obras de arte generando un impacto cultural.

En video: El camino de las Farc hasta su desarme

(c) Reintegración: es fundamental que haya un alto éxito en la política de reintegración de los desmovilizados, para evitar que un número de éstos se recicle en la vida criminal ante la imposibilidad de encontrar opciones de vida.

En la Ruta de la Reintegración que impulsa la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), esta tiene para tres dimensiones principales: la reintegración individual, la reintegración familiar y la reintegración comunitaria.

4. La reintegración comunitaria

La inserción comunitaria es clave al menos por tres razones. En primer término, en muchas ocasiones, tras la desmovilización de los actores armados, sus miembros se ven obligados a convivir en los mismos espacios en los que se encuentran víctimas de su propia organización. Y este encuentro entre víctimas y victimarios no es nunca un escenario fácil.

En segundo término, en muchas comunidades tanto urbanas como rurales, la población ve con preocupación la llegada de desmovilizados, a quienes asocia con prácticas criminales. En ambos casos, el riesgo de un rechazo y de la conversión del desmovilizado en una suerte de “paria social”, es muy complejo pues éste puede optar por integrarse en redes criminales ante la ausencia de aceptación social.

En contexto: El peligro inminente de los otros grupos violentos

Y, en tercer término, no es improbable que los municipios receptores de desmovilizados hayan sido escenarios de la violencia y, por tanto, que tengan serias limitaciones en el plano del desarrollo económico y de generación de empleo. Por estas tres razones al menos, se requiere mucho trabajo sistemático en las comunidades receptoras de desmovilizados.

5.  Incentivos institucionales e incentivos criminales

Uno de los problemas centrales que se vivió en la desmovilización de las AUC entre 2005 y 2006, fue que un importante número de exmiembros de las AUC se concentró en áreas rurales o urbanas en las cuales se presentaban altas tasas de criminalidad, presencia de organizaciones criminales organizadas y economías ilegales (cultivos y laboratorios de coca, micro-tráfico de drogas, minería clandestina, extorsión, etc.).
Esta coincidencia conduce a una tensión entre los incentivos institucionales que ofrece el Estado para los desmovilizados para su tránsito hacia la vida civil y los incentivos criminales que les ofrecen grupos armados para que regresen a la ilegalidad. El problema que hemos observado en los últimos años, es que en muchas ocasiones los incentivos criminales pueden resultar más atractivos para ciertas personas que los incentivos institucionales, ante todo, si estos últimos por múltiples factores no logran garantizarles un proyecto de vida sostenible.  

6. Una política de seguridad consistente para el posconflicto

Si recogemos las lecciones de El Salvador y Guatemala, uno de los errores fundamentales en la etapa del posconflicto fue el desmantelamiento de los aparatos de seguridad del Estado.

En ambas naciones, tras la firma de los acuerdos de paz el vacío institucional y la ausencia de control del territorio generó un espacio ideal para la emergencia de redes criminales del ámbito nacional o trasnacional e, igualmente, de la expansión sin límites del fenómeno de las pandillas en las zonas urbanas.

Ante esta experiencia, es indispensable no solamente mantener unas Fuerzas Armadas y un presupuesto de seguridad sólidos, sino, construir un modelo de fuerza pública para las tareas del posconflicto, igualmente, sólido.

Conclusión

Tan importante como firmar un acuerdo de paz bien diseñado es elaborar un plan de posconflicto serio y consistente para evitar ya sea una reincidencia (como es común en conflictos interétnicos o religiosos), o una brutal ola criminal como ocurrió en El Salvador y Guatemala. Es decir, se debe ganar la paz y ganar el posconflicto.

Si la desmovilización de las AUC permitió una disminución drástica de todos los indicadores de criminalidad en el país, la desmovilización de las Farc y, eventualmente, del ELN puede ser una oportunidad de oro para una nueva caída de estos indicadores de manera sostenida en los próximos años. Por ello, la manera como afrontemos los temas del posconflicto va a ser estratégico en tal sentido.