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| 1/24/2019 2:34:00 PM

“El supuesto desconocimiento de Pablo Beltrán es irrelevante”: Comisionado de Paz

Miguel Ceballos responde a los cuestionamientos enviados por el ELN desde Cuba. Asegura que el reconocimiento de la guerrilla a ese atentado implica la responsabilidad de sus líderes. Detalla las razones para no aplicar el protocolo de rompimiento.

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, explica por qué el gobierno desconoce acuerdos con el ELN "El supuesto desconocimiento de Pablo Beltrán es irrelevante en este momento porque es la misma organización, de la cual él hace parte, la que reconoce a través de un comunicado oficial -firmado por la dirección nacional del ELN- la autoría" Foto: Alto Comisionado para la Paz

La decisión del gobierno de inaplicar los protocolos acordados en caso de un rompimiento con el ELN ha desencadenado una cascada de reacciones. Los países garantes están divididos. Cuba y Noruega aseguran que hay que cumplir la palabra empeñada, mientras Chile respalda la posición del presidente. Algo similar pasa en los partidos políticos. De los partidos de gobierno solo dos apoyaron por completo la decisión. El Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Conservador le expresaron a SEMANA sus reservas. Por otra parte, el procurador, Fernando Carrillo, aseguró que "un simple protocolo no se puede convertir en el blindaje de quienes han protagonizado y han sido los autores materiales de uno de los atentados más salvajes que se han visto en el mundo”.

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En medio de todas las declaraciones oficial, el ELN también ha buscado su espacio. En una entrevista con la Agencia France Press, el jefe negociador de ese grupo, Pablo Beltrán, afirmó que esperan que “el gobierno dé las garantías para el retorno” y que le exigen “al Estado que cumpla ese protocolo”. También aseguró desconocer los planes del atentado pues los miembros de la delegación están “en Cuba desde hace ocho meses”. SEMANA habló con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, sobre este pronunciamiento y las razones que llevaron al gobierno a inaplicar el protocolo.

SEMANA: Pablo Beltrán advirtió en una entrevista a la AFP que "si nos atacan no nos vamos a quedar cruzados de brazos". ¿Cómo interpreta usted esa afirmación?

MIGUEL CEBALLOS: Ese es un argumento que siempre han esgrimido los grupos terroristas a lo largo de la historia. La interpretación que da el ELN a este acontecimiento es absolutamente insostenible y tampoco es justificable. El gobierno nacional, desde el primer día en que el presidente Duque tomó posesión, le ha dicho al ELN que la única manera de continuar con un espacio de diálogo, era cesando acciones criminales. Ellos nunca se detuvieron y le voy a dar un ejemplo de cómo se ha comportado el ELN durante los 17 meses del proceso de diálogo con el expresidente Santos; el ELN no paró su accionar. Atacó. Ellos cometieron más de 400 actos criminales y asesinaron a más de 100 personas. Y hablando del periodo del presidente Duque, ellos han secuestrado más de nueve personas. Entonces ¿quién no ha atendido la solicitud del gobierno para dialogar es el ELN?.

SEMANA: En esa misma conversación, Beltrán aseguró que no tenía conocimiento del atentado, ni de las acciones que iba a cometer este grupo en la escuela de cadetes. ¿Esa posición tiene alguna relevancia en la posición del gobierno frente a la delegación en ese país?

M.C.: El supuesto desconocimiento de Pablo Beltrán es irrelevante en este momento porque es la misma organización, de la cual él hace parte, la que reconoce a través de un comunicado oficial -firmado por la dirección nacional del ELN- la autoría.

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SEMANA: En el comunicado, donde el ELN reconoce la autoría sobre el atentado, justifica esa acción criminal en el hecho de que se realizaron operaciones militares en diciembre cuando ellos tenían un cese de hostilidades. ¿A qué se refieren?

M.C.: Ellos justifican que este acto era una respuesta a la acción del ejército. Pero hay que recordarle al país que el ELN hizo un cese de actividades muy corto:  de 12 días. Y como respuesta al cese, el gobierno fue muy claro al decir que las actividades y las obligaciones constitucionales de nuestra fuerza pública y armada no cesarían porque el cese fue unilateral. De ninguna manera el gobierno o el ejército colombiano se comprometieron a no adelantar acciones militares.

"De ninguna manera el gobierno o el ejército colombiano se comprometieron a no adelantar acciones militares"

Y también como lo han dicho muchos expertos internacionales, que confirman la posición del gobierno, este es un acto que violó todas las normas del Derecho Internacional Público, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario porque se comete contra personas que no tenían la característica de un objetivo militar. Estos jóvenes ni siquiera eran miembros de la Fuerza Pública, eran estudiantes, que una vez terminaran sus clase iban a ser investidos como policías. Por esto, cualquier justificación que haga el ELN no tiene la validación ni el reconocimiento de nadie.

SEMANA: Esta semana se ha generado un gran debate por la decisión del gobierno para no cumplir el protocolo de ruptura. A muchos no les parece válido el argumento de que no se honra ese compromiso porque no se firmó en su gobierno, sino en el anterior. ¿Cómo justifican esa postura?

M.C: Las razones por las cuales el gobierno de Iván Duque no aplica el protocolo -porque no se trata de cumplir o no, sino de aplicarlo- en este caso son muy claras. Hay unas razones jurídicas fundamentales, pero hay otras razones, que se han explicado a la opinión pública, de compromiso ético y político con las víctimas.

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"Ese protocolo no fue suscrito ni firmado por el gobierno de Colombia"

SEMANA: Explíquenos cuáles son esas razones jurídicas

M.C: La principal razón sí es que ese protocolo no fue suscrito ni firmado por el gobierno de Colombia. En ese sentido, la Corte Constitucional, a través de la sentencia 379 de 2016, ha sido muy clara en decir que una política pública de paz siempre será una política de gobierno, porque si fuese una política de Estado tendría que haber sido consultada con los partidos políticos, pasar por el Congreso y tendría que haber pasado por el examen de la rama judicial, como sí pasó en el caso de los acuerdos con las Farc. Pero al no haber pasado por todos esos filtros, no se puede exigir su aplicabilidad a un gobierno que no lo firmó.

SEMANA: Esa sentencia estudia una situación muy diferente a la que vive el país. La Corte en ese momento se pronunció fue sobre la participación popular de los colombianos en unos diálogos que ya estaban firmados. ¿Qué le hace pensar que es aplicable a este caso?

M.C: La sentencia, que es la 379 de 2016, es plenamente aplicable. Cuando define que se puede hacer el plebiscito, no solamente habla del plebiscito sino de las implicaciones que en ese momento tenía la política pública del presidente Santos, con respecto a los otros poderes públicos. Hay que decir también que cuando un presidente de la república toma una decisión como esta (de no aplicar el protocolo) de ninguna manera tiene que consultar a las otras ramas del poder. No tiene que convertir ese protocolo en norma legal, como tampoco tiene que pasar por el escrutinio de la rama judicial, a través de la Corte Constitucional, porque no es una decisión de Estado, es de gobierno. Hay otra sentencia que cita algunos críticos, la 630 de 2017, que se refiere a las políticas públicas de paz. Esta solo aplica cuando hay un acuerdo firmado, es decir en el caso concreto de las Farc. Ahí se convierte en política de Estado.

SEMANA: Muchas personas han recordado que ese documento no es solo entre el Estado colombiano y el ELN, sino que hay un grupo de países garantes que también están comprometidos.

"Debe primar la obligación del Estado colombiano de identificar y castigar a los culpables. Como también debe primar una obligación universal, de luchar activamente contra el terrorismo".

M.C: Sí. Hay una argumentación que dice que el protocolo al haber sido firmado por unos países garantes, tiene una importancia en el derecho internacional y en gracia a discusión, aunque se aceptara ese argumento, también hay que aceptar -y eso lo ha dicho el profesor Kai Ambos, entrevistado por SEMANA- que hay una jerarquización en las normas y leyes del Derecho Internacional. Así como pudiera atribuirse al protocolo una obligatoriedad en materia de Derecho Internacional, hay normas en este derecho que tienen una jerarquía superior. En este caso, las normas de protección de los derechos humanos obligan a todos los Estados, parte de las Naciones Unidas, a cumplirlos.  Y en este atentado fueron violados los derechos humanos más esenciales: la vida de 20 estudiantes que estaban preparándose para llegar, algún día, a ser policías. En ese sentido prima la obligación del Estado colombiano de identificar y castigar a los culpables. Como también prima una obligación universal, de luchar activamente contra el terrorismo.

SEMANA:Otro punto que genera gran debate es la obligatoriedad que tendría el comunicado firmado por el Consejo de Seguridad de la ONU, respecto a este atentado. Hay quienes dicen que por ser un comunicado de prensa no tiene valor jurídico, ¿qué interpretación tiene usted de ese argumento?

M.C: El Consejo de Seguridad de la ONU, como máximo órgano a nivel político de esa organización, ha pedido a todos los países miembros, sin excepción, a que contribuyan con el gobierno colombiano para que los autores de este delito sean llevados a la justicia. Ese Consejo no emite comunicados de prensa sin haber tomado una decisión unánime. Si uno solo de los países que hacen parte del Consejo no está de acuerdo con esa declaración, la declaración no es pública. El Consejo tiene cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra) y estoy seguro que ninguno de esos países permitiría que fuese interpretado como un comunicado, como tampoco permitiría que se afirmara en esa comunicación algo distinto a aquello que ellos han aprobado. En este caso dice que las Naciones Unidas condenan este acto como terrorista  y que le pide a todos los países miembros -lo dice totalmente claro en inglés to bring- es decir, llevar a los ‘culpables, autores, organizadores, financiadores y patrocinadores‘ ante la justicia y colaborar con Colombia para que ello sea así.

SEMANA:  Hay quienes dicen también que el Estado debe cumplir la palabra empeñada, aun en hechos tan dolorosos como un atentado.  ¿Qué opinión tiene al respecto?

"Ese protocolo, por supuesto, no vincula al gobierno de Iván Duque"

M.C.: Insisto, esto no es una responsabilidad de Estado. En el criterio del gobierno del presidente Duque, aquí no hay obligación del Estado, era una de gobierno y ese protocolo, por supuesto, no vincula al gobierno de Iván Duque.  ¿Qué pasaría si el ELN, siguiendo en Cuba, toma la decisión de cometer otro acto de terrorismo igual o peor al que ya cometió?. En ese sentido, todas las miradas se dirigirán, no solamente a los países que en este momento mantienen a estas personas en su territorio, sino a la propia Colombia por no haber hecho lo que le correspondía. Por eso es que la obligación, ahí sí, como estado colombiano, es activar todos los caminos de cooperación judicial para que estas personas sean capturadas y entregadas a la justicia. Así como ya ha anunciado otras medidas, el gobierno solicitará en extradición a estas personas invocando un tratado de extradición que está vigente con Cuba desde 1932.

SEMANA: Si el gobierno no compartía el contenido de estos protocolos y la forma como se había adelantado la negociación ¿por qué no se levantaron de la mesa antes y dejaron claro que estos documentos no tenían valor para ustedes?

M.C.: Para el gobierno colombiano ni para el ELN existió una mesa de negociación y le explico por qué. La misma declaración oficial de Pablo Beltrán, que era el vocero de la delegación de negociadores del ELN siempre fue reiterativa -y ustedes lo pueden verificar- la única manera en que el ELN consideraba que hubiese una mesa, era el envío de delegados oficiales del gobierno de Colombia a la isla de Cuba. Pero el presidente Duque siempre se negó a esta posibilidad hasta que se cumplieran los requisitos, que hoy, siguen siendo los mismos: no más secuestro, entrega de todos los secuestrados y cese inmediato de todas las acciones criminales; que por supuesto incluían el reclutamiento de los menores, además de la siembra de minas antipersona, la voladura de los oleoductos (prohibida internacionalmente). Es decir, el ELN y el gobierno siempre entendieron que no había un espacio de diálogo y al no haber este espacio, no había protocolo.

"Ni para el gobierno colombiano, ni para el ELN existió una mesa de negociación"

SEMANA: ¿El gobierno está dispuesto a cambiar su posición si se da un eventual acto de buena voluntad por parte del ELN, por ejemplo si hay liberaciones de secuestrados?

M.C.: El gobierno colombiano ha estado solicitando eso desde hace muchos meses. La Unión Europea, en pleno, en una declaración pública de su vocera, hace dos días, le exigió al ELN que detenga los secuestros y que cese definitivamente ese delito. Eso no es un acto de buena voluntad, es una obligación del ELN.  Y más, en este momento en el cual está siendo señalado por todo el planeta, después de que ese grupo mismo ha confesado el asesinato de inocentes.

SEMANA: ¿Cómo manejará esta situación el gobierno con los países garantes que han acompañado a Colombia, durante tantos años, en este esfuerzo de una paz negociada con el ELN?

M.C.: El presidente Duque, desde el inicio mismo de esta triste situación, nos pidió al señor canciller y a mí que nos reuniéramos con los países garantes del proceso que el gobierno anterior inició con el ELN.  Nos reunimos con las representaciones diplomáticas de Noruega, de Cuba, Brasil y Chile. Vale la pena recordar que Ecuador renunció a ser garante en abril del año 2018 por considerar que el ELN continuaba realizando actos terroristas. En el caso de Venezuela, Colombia a través de una declaración oficial, manifestó que no reconocía a este país como garante porque no hubiese sido coherente con la petición hecha a la Corte Penal Internacional sobre investigar el régimen de Nicolás Maduro. El hecho de que algunos de los garantes tengan una opinión distinta frente a la opinión del gobierno colombiano, de ninguna manera implica que las relaciones diplomáticas se afectan. En ese sentido, el país es respetuoso de las decisiones que tomen, o vayan a tomar esos países. Pero también quiero recordar que ninguno de ellos ha expresado que no entregarán a los responsables de esto. Se está discutiendo es la forma como estos responsables deben ser entregados y nosotros como país confiamos en que esos Estados tomen la decisión correcta.

SEMANA: ¿Cómo cree que puede esta decisión del gobierno, de no aplicar estos protocolos, afectar futuras negociaciones con otros grupos alzados en armas o con este mismo grupo?

M.C.: La constitución política de Colombia y la ley 418, que ha sido prorrogada varias veces, siempre permiten que el gobierno colombiano, a través de la decisión soberana y exclusiva del señor presidente, y a través de sus agentes -uno de ellos soy soy como Alto Comisionado- tomen decisiones políticas, en momentos políticos en los cuales haya lugar a esas negociaciones. Pero ese momento, en este instante de la realidad colombiano, no se está dando, mas esto no quiere decir que el momento político sea estático. Los momentos van cambiando y cuando eso suceda, la Constitución nos da toda la facultad para poder iniciar, o no, un proceso nuevo de diálogo.

"Esperamos que los culpables de este acto de terrorismo no queden impunes"

SEMANA: Por último, ¿Qué se espera que pase con el ELN?

M.C.: Lo primero que espera el gobierno es que se cumpla con lo que la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está solicitando. Y es que los culpables de este acto de terrorismo no queden impunes. Lo segundo es que el ELN renuncie permanentemente al secuestro y cese acciones criminales. Si esto sucede habrá un momento político para tomar decisiones.

(*) Directora de Semana.com. Con colaboración de Sophia Gómez

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