A las once de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985 sonó el primer estruendo y las palomas de la plaza de Bolívar salieron a volar. Martha de Jesús Hurtado, escribiente grado 7 del Consejo de Estado, creyó que había estallado un cilindro de gas, como lo pensaron empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Enseguida, se percataron de su condición de rehenes cuando empezaron a oír los gritos de “Somos del M-19”, “Por los derechos humanos”.
Tenía 27 años, estaba en gestación de su segundo hijo, y tras el sonido de los primeros proyectiles se tiró al suelo, debajo de un escritorio, antes que dos guerrilleros se apoderaran del despacho. Nunca imaginó que, 28 horas después, el edificio donde trabajaba a diario, desde el 13 de marzo de 1983, fuera arrasado por la acción más demencial vista en el país hasta entonces: la violenta incursión armada de la guerrilla y la desproporcionada respuesta del Estado, que cobró la vida de un centenar de personas, entre civiles, soldados y guerrilleros, y algunas otras con paradero aún desconocido.
Martha de Jesús pudo ser una más de esa lista. La madera de sillas y escritorios y el metal de los armarios fueron trinchera ante el fuego cruzado durante horas, en las que vio morir a varias personas y temió por su vida y la de su hijo, antes de ser rescatada por el ejército. Creyó que ahí terminaría su pesadilla, pero se prolongó cuando atravesó el interior de la Casa del Florero, donde aumentó la incertidumbre.
“Yo salí de allá a las doce de la noche del primer día. Sentía que me quería ir, me dijeron que le dijera a Plazas Vega, todo tocaba con él, pero tenía una guerrillera con él, y de ella decía que estaba difícil, que no quería hablar. Yo le quería decir que estaba embarazada. Unos compañeros y unos hombres le dijeron, y me dejaron salir con una compañera de la Corte. Yo vi a un señor que lo tenían con las manos atrás, apuntando con un arma y posteriormente se escuchó una detonación. Eso me generó angustia, ¿por qué se iba a escuchar algo así ahí? ¿Por qué? Nos fuimos a una droguería, luego me recogió mi esposo…”.
El relato es de Martha de Jesús Hurtado, tres décadas después, en su condición de fiscal de la nación. Lo entregó en 2018 al Juzgado 60 Administrativo de Bogotá. Un testimonio inédito de la toma y retoma del Palacio de Justicia, respaldado por los de César Hernando Pinto, Raúl Giraldo Londoño y Blanca Ligia Salazar Galeano, tres de sus compañeros de trabajo de entonces, quienes ratificaron lo relatado por ella.
Hasta el día del asalto por integrantes del ‘eme’, Martha de Jesús vivió el normal funcionamiento personal, familiar, social y sentimental. Alcanzó su título universitario y comenzaba una auspiciosa carrera laboral. Nunca presentó síntomas de enfermedad mental. Su vida, como la de muchos, cambió tras el holocausto.
Al dar a luz a Jaime Alfredo, su segundo hijo, sufrió la primera crisis, un cuadro de depresión posparto. Desde entonces, acude a consulta por síntomas como decaimiento, astenia (cansancio crónico) y abulia. También padece trastornos gastrointestinales, dolores abdominales recurrentes –tipo cólicos– y episodios de estreñimiento alternados con diarrea: cambio en el hábito intestinal que los pacientes a los que se les ha descartado una enfermedad orgánica lo sufren a causa del llamado síndrome de colon irritable, “frecuente tras un acontecimiento grave y recurrente en tiempos de guerra”, según la literatura médica.
Aunque la presencia de trastorno por estrés postraumático no le impidió a Martha de Jesús avanzar en sus estudios de posgrado y relacionarse con la sociedad, los síntomas descritos le dificultaron llevar sus proyectos a plenitud.
Muchas actividades eran detonantes de estrés: usar un ascensor, estar en medio de multitudes y hasta sentir encierro en su propia oficina. Ella trabajó en el Consejo de Estado (auxiliar judicial grado 1) hasta febrero de 2000, en el edificio que se levantó sobre las cenizas del Palacio de Justicia.
Su proyecto materno, además, se vio alterado por la sensación constante de temor inminente a diferentes estímulos, que afectó el armónico desarrollo e interacción con el entorno de sus dos hijos.
Martha de Jesús tardó tiempo en admitir su enfermedad y buscar ayuda profesional. Fue diagnosticada con trastorno de ansiedad fóbica no especificado y se le formuló tratamiento farmacológico. Requiere manejo por psicología y psiquiatría, y un equipo multidisciplinario de medicina interna, gastroenterología, endocrinología y nutrición para mejorar sus condiciones de salud. La enfermedad mental impactó su vida y la de su familia, y el Estado no le brindó la atención integral al no reconocer su condición de víctima.
La lucha
En septiembre de 2016, Martha de Jesús Hurtado y sus dos hijos presentaron una demanda para que el Estado colombiano fuera declarado responsable por los perjuicios causados a la salud de la mujer durante la toma, por lo que reclamaron reparación.
Tres años después, en noviembre de 2019, el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda por falta de pruebas para demostrar la responsabilidad del Estado.
El juez acogió los argumentos del Ministerio de Defensa, que señaló que los hechos no configuraban delito de lesa humanidad, pues la actuación de la guerrilla y el Ejército no fue contra la población civil, sino que estas fueron víctimas incidentales. “La señora Martha de Jesús Hurtado Gómez no acredita ningún daño a su salud ni a la vida en sociedad, y pretende 31 años después que un dictamen de medicina legal establezca su posible daño”, se lee en la contestación de la demanda.
La fiscal apeló la decisión y esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Estado por el daño antijurídico causado. Condenó a la Nación a indemnizarla con 200 salarios mínimos vigentes por los perjuicios ocasionados a ella y su familia.
El Tribunal se acogió a los exámenes científicos de medicina general, psiquiatría y psicología forense que el Instituto de Medicina Legal le practicó entre 2016 y 2018. Como conclusión, arrojaron que la patología de Martha de Jesús Hurtado no corresponde a problemas generados por su psique, sino como “una reacción normal ante un evento anormal”, en el cual “se vio indefensa y sin posibilidades de protección y de justicia”.
Para el Tribunal, las reacciones psicológicas y psiquiátricas presentadas por la entonces escribiente del Consejo de Estado “hacen parte de las reacciones que cabe esperar en situaciones de alto estrés o estrés extremo”, por lo que recomendó brindarle acompañamiento terapéutico con enfoque psicosocial. “Las características que adquiere este cuadro patológico no pueden ser vistas únicamente a la luz de la psiquiatría y psicología clínica. Estamos hablando de una sociogénesis del trastorno, la cual determina que su tratamiento sea diferencial y no se centre en la prescripción de medicamentos”, dice la sentencia.
Camilo Araque, abogado de la fiscal, no solo calificó de histórico el fallo, sino que resolvió lo que considera “error jurídico” del Juzgado 60, que en primera instancia señaló al M-19 como único responsable, y desconoció la participación del Estado en el peor atentado contra la democracia en el país, como lo acreditan sentencias del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Treinta y cinco años después del sonido de aquel estruendo de mediodía, cuando las palomas de la plaza de Bolívar salieron a volar, y tras una batalla jurídica de más de un lustro, la fiscal Martha de Jesús Hurtado fue reconocida como víctima, la primera del Palacio de Justicia por trastornos en la salud mental.