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En el Cauca hay un genocidio que camina: así es la barbarie que azota a este departamento

Durante 2020 han sido asesinados 66 guardias indígenas, y la violencia llegó a máximos históricos contra la población civil. Las fronteras invisibles les cuestan la vida a por lo menos diez personas cada semana. Disidencias, ELN y herederos del paramilitarismo siembran el terror.


Un par de días antes del asesinato de Ánderson Javier Balanta, apareció el cadáver de un adolescente en el corregimiento El Plateado, en zona rural de Argelia, norte del Cauca. El cuerpo estaba maltratado, sin camisa y tenía un letrero en el pecho: “Lo matamos por ser informante del Ejército. Frente Carlos Patiño”. Nadie quiso tocarlo para evitar problemas con esos hombres armados que lo ven y lo saben todo. Y, aunque han pasado los días, aún permanece en la morgue de Popayán, ninguna persona fue a identificarlo. 

“¿Quién va a querer verse involucrado con una persona que señalan de sapo? Eso es ponerse una lápida encima”, pensó Ánderson, que, al igual que muchos colombianos, vio horrorizado con su familia la noticia en un restaurante de Popayán. Dos días después abandonaron la ciudad en una pequeña motocicleta.

En la moto viajaban tres personas: Ánderson al volante, su esposa y su hijo de apenas un año, en medio de los dos. Iban camino a una finca recién adquirida en el corregimiento La Carbonera, zona rural de Bolívar, Cauca, pero no llegaron. 

La violencia en el Cauca, según varios estudiosos del conflicto en este departamento, llegó a máximos históricos en 2020. La atomización del negocio del narcotráfico y la puja por quedarse con rutas y territorios ha desencadenado una oleada de muertes y ataques sin precedentes contra la población civil. 

El Cauca es el botín más preciado para las estructuras armadas: en el norte se siembra y produce la mejor marihuana creepy del país; y en el sur hay cultivos de coca por montón. Cuando las antiguas Farc abandonaron estos territorios, el ELN trató de quedarse con ellos. Quisieron monopolizar el negocio del tráfico de droga hacia el Pacífico –por el Naya o por el cañón del Micay–, pero lentamente se manifestaron las disidencias y grupos afines al Clan del Golfo, herederos del paramilitarismo. 

En el norte (Corinto, Toribío, Suárez, Santander de Quilichao y Caloto) aparecieron las estructuras disidentes Jaime Martínez, comandada por Jhoany Noscué, alias Mayimbú, y la columna Dagoberto Ramos; y en el sur surgieron el frente Carlos Patiño y el bloque José María Becerra del ELN. A mediados de este año, llegaron Iván Márquez y Jesús Santrich con la Segunda Marquetalia. La guerra no se hizo esperar. 

Las columnas Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y el frente Carlos Patiño forman parte del Comando Organizador de Occidente –que recibe órdenes de Gentil Duarte e Iván Mordisco– y tienen el control ilegal del departamento. Su dominio es netamente violento. No hay espacios para diálogos. A ellos se les atribuye el asesinato de un centenar de líderes sociales, dirigentes gremiales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, indígenas y campesinos. Las balas son dirigidas a todo aquel que parezca sospechoso o ante cualquier extraño que pise las fronteras invisibles marcadas en medio del campo.

Quizá el joven asesinado en El Plateado nunca supo por qué lo mataron, así como tampoco Ánderson logró definir qué motivó el ataque contra él y su familia. La motocicleta en que viajaban fue detenida en un retén armado en el sector de La Mata, a pocos metros de La Carbonera, a las siete de la noche del viernes 4 de diciembre. Ánderson trató de explicar que era un simple campesino, que en sus 32 años de vida no había hecho otra cosa que dedicarse al trabajo de la tierra. Al no encontrar respuestas amistosas, rogó por su vida, la de su hijo y esposa, y entonces decidieron dejarlo ir. Alcanzaron a recorrer unos 5 metros cuando un rafagazo los sorprendió de frente.

Ánderson cayó de costado, tenía varios agujeros en su camisa de cuadros. La moto quedó sobre sus piernas. El pequeño bebé también fue abaleado. Ambos fallecieron en esa carretera polvorienta. La esposa de Ánderson sobrevivió, aunque malherida por un disparo en el pecho.

Los cuerpos, al igual que ocurrió con el adolescente de El Plateado, reposaron más de cinco horas en el suelo hasta que llegó una delegación de la Defensa Civil. Nadie se animó a tocarlos para llevarlos al casco urbano de Bolívar, así como en los años terribles del paramilitarismo en los que la Policía y la Fiscalía no se atrevían a hacer levantamientos y los cuerpos quedaban a la buena voluntad de los bomberos y los civiles. La principal hipótesis es que a Ánderson y a su familia los graduaron de informantes del Ejército u otro grupo armado, porque no acostumbraban a verlos en esa zona. 

La idea no es descabellada, dicen las autoridades. El miércoles 9 de diciembre, en el casco urbano de Mercaderes, también fueron asesinados dos vendedores de helados que viajaron desde La Unión, Nariño, a buscar mejor suerte en el Cauca. Ante la duda de saber quiénes eran, los mataron.  

Un genocidio indígena

Las noticias de asesinatos y masacres en el Cauca parecen normalizarse en Colombia. No hay una alarma colectiva ante la degradación de la violencia que arrincona a las comunidades indígenas por atreverse a plantar cara a los grupos armados. 

El domingo 6 de diciembre, un día después de la masacre de cuatro personas en el territorio indígena Gualanday, norte del Cauca, circuló un panfleto firmado por la columna Dagoberto Ramos en el que justificaban el asesinato de comuneros y autoridades indígenas. “(...) Nos dirigimos a ustedes, líderes de la Acin (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) que con sus políticas de control afectan al pueblo que cultiva, al pueblo que siembra y vive de la coca y marihuana (...) La Acin y sus líderes son cómplices del Estado con su ideología de control territorial quemando lo que el pueblo cultiva para subsistir, abusando de sus cargos”, dice el panfleto. 

Ese fue, desde 2016, el florero de Llorente que motivó el desacuerdo entre la Guardia Indígena y las nacientes disidencias. Por un lado, los comuneros iniciaron un programa de sustitución de cultivos en los territorios; por el otro, los recién alzados en armas querían retomar el negocio del narcotráfico, que tanto rédito les dio a las Farc en las épocas más duras del conflicto. A diferencia de la otrora guerrilla, las disidencias no quisieron abrir puertas al diálogo. Financiadas por carteles mexicanos, su comportamiento es igual: bala y más bala. Justo en 2016 ocurrieron ocho homicidios de comuneros indígenas en el norte del Cauca. Doce meses después, la cifra se elevó a 19, según datos entregados por la Acin. 

En 2018 cayeron baleados 26 indígenas. Para esa época aún los asesinatos eran selectivos, pero en 2019 aparecieron las masacres y la barbarie se multiplicó: 49 comuneros y gobernadores indígenas fueron asesinados en el norte del Cauca. Uno de los crímenes más sonados ocurrió el 29 de octubre en zona rural de Tacueyó, donde fue masacrada la gobernadora Cristina Bautista y cinco personas más. Para 2020, año atípico por la pandemia, han sido asesinados 66 indígenas.

Cada semana, entre ocho y diez homicidios de comuneros. Lo que ha pasado en los últimos 12 meses no tiene precedentes ni en los días más álgidos de la confrontación armada entre las Farc y paramilitares. Hoy en el Cauca hay un genocidio que camina. Un luto prolongado que no da tregua, una oleada violenta que se ensaña con cualquiera y un desprecio por la vida que atemoriza. Los cadáveres caen en todos los rincones y las balas no se detienen, aunque quien esté enfrente sea un anciano de 90 años o un niño que apenas comienza a vivir.