“Es una actividad criminal”: César Lorduy sobre presunta infiltración a campaña de Fico Gutiérrez

SEMANA publicó las declaraciones en las que el abogado Miguel Ángel del Río, a bordo del proyecto del Pacto Histórico, reconoció que hay personas infiltradas en la campaña de Federico Gutiérrez buscando información o evidencias relacionadas a posibles hechos de corrupción con el fin de afectar esa campaña.

Desde distintos sectores han criticado este hecho no solo porque parecería ilegítimo, sino que podría tener consecuencias judiciales, ya que sería ilegal.

El representante César Lorduy, de Cambio Radical, aseguró que ese tipo de espionaje no está permitido en el país y que los responsables podrían caer en conductas delictivas.

“Infiltrado es un agente encubierto que solo es posible cuando este de manera previa ha sido autorizado por un fiscal a cargo de una investigación, previa autorización del director nacional o seccional de Fiscalías. Realizar lo anterior sin esos requisitos, es una actividad criminal”, afirmó el representante por el Atlántico.

Lorduy amplió su idea. Agregó que un particular no puede hacer este tipo de seguimientos si no está autorizado, así esté en búsqueda de hechos que pueden ser delictivos.

Recordó que el tema de las filtraciones y el espionaje en el país ha sido ampliamente discutido, pero que precisamente por los antecedentes solo quienes estén avalados por la justicia podrán adelantar estas labores.

“Dice el artículo de Procedimiento Penal, artículos 241 y 242, que en algún momento se debatió sobre los agentes encubiertos, que un infiltrado es un agente encubierto y un agente encubierto es un miembro de la policía judicial, o puede ser un particular autorizado de manera previa por el fiscal, como dice el Código por la Dirección Nacional o Seccional de la Fiscalía”, afirmó Lorduy.

Agregó que otro de los requisitos previos para adelantar este tipo de procedimientos es que debe haber una investigación en curso. “Como consecuencia de que haya una investigación en curso, alguien es autorizado para que pueda desarrollar esa actividad”, le dijo el representante a SEMANA.

En ese sentido, el agente puede llegar a acudir a herramientas que fuera de esa facultad podrían ser considerados delitos, como interceptaciones, violación de comunicaciones, de la intimidad, entre otros derechos que tienen todos los ciudadanos. “Lo contrario es un delito”, afirmó el congresista de Cambio Radical.

Lorduy también recalcó que quienes están realizando esas filtraciones podrían ser investigados y llegar a ser judicializados, además de la persona que les ordenó realizar esas actividades.

“Habrá que ver el bien jurídico protegido para ver el bien penal que podría ser investigado; por ejemplo, violación de la intimidad, de comunicaciones, de correspondencia, seguimientos, lo que habría en peligro son derechos fundamentales”, comentó el representante.

Lorduy afirmó que como no hay autorización ni investigación previa para lo que se quiere buscar, hace que la actividad de infiltrarse sea un delito.

En el caso del abogado Miguel Ángel del Río, que fue quien reconoció las filtraciones en SEMANA, Lorduy aseguró que hay que aclarar que él no ordenó, sino que conoce el hecho, por lo que la obligación que tendría como cualquier ciudadano al saber que se está cometiendo un presunto delito, sería denunciarla ante las autoridades.

“Mucho más él siendo un gran conocedor y experto en derecho penal”, afirmó el congresista barranquillero.

Las declaraciones que despertaron la polémica fueron en las que el abogado reconoció que pusieron gente a buscar esa información en la campaña de Fico en el Caribe.

“Claro que los tenemos infiltrados, tenemos a una persona en cada casa electoral, ya están adentro”, respondió Del Río a esta revista.

Cabe recordar que desde el pasado 23 de abril el candidato Gustavo Petro anunció en sus redes sociales que Del Río sería el encargado de construir un equipo que judicializaría a los compradores de votos en el Caribe.

Desde la campaña de Federico Gutiérrez ya respondieron que adelantarán las acciones judiciales correspondientes.