Esta es la ficha clave en el escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza. Se trata de un mayor de la Policía, quien habría hecho el montaje para perseguirla

La pieza clave de las chuzadas que se ordenaron en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la investigación que realizaba la seguridad presidencial por un hurto en el apartamento de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete y mano derecha del primer mandatario, está en la oficina de anticipaciones, ubicada en el piso 13 del edificio de la Dian, diagonal a la Casa de Nariño.

SEMANA conoció la investigación contra quien sería el eslabón perdido de este escándalo. De acuerdo con la Fiscalía, fue el responsable de ordenar la manipulación de informes, la creación de una fuente falsa y seguimientos en contra de Marelbys Meza, la entonces niñera al servicio de Laura Sarabia. Se trata del mayor Duván Andrés Muñoz, integrante de la seguridad anticipativa de Presidencia, quien fue imputado en audiencias reservadas que terminaron el pasado 22 de agosto.

El mayor Muñoz, según la Fiscalía, es el eslabón para llegar a los responsables de poner todo el aparato de seguridad, investigación e inteligencia del Estado, para encontrar una maleta hurtada de la excanciller Laura Sarabia y que contenía una suma en dólares que hasta ahora no se ha establecido.

La participación del mayor Muñoz en las chuzadas estuvo protegida y su nombre solo apareció en el capítulo del polígrafo ilegal a Marelbys Meza, en los sótanos frente al palacio presidencial. Allí tiene una acusación formal junto al exjefe de la seguridad presidencial, el poderoso coronel Carlos Alberto Feria, y otros funcionarios de la misma dependencia como Elkin Augusto Gómez y Jhon Alexánder Sacristán.

“El grupo de protección anticipativa al mando del mayor Duván Andrés Muñoz Hernández tomó entrevista a Henry Martínez Santana, conductor de la plataforma Didi, misma que posteriormente fue enviada con el patrullero López al capitán Óscar Leandro Mojica, para que fuera incluida como una actividad de actos urgentes, modificándose así el informe ejecutivo por orden del capitán Mojica, de acuerdo con lo explicado”, advirtió la Fiscalía en las audiencias a las que tuvo acceso SEMANA.

Un policía, que aceptó su responsabilidad en la manipulación de los informes judiciales para lograr la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y sus familiares, le contó a la Fiscalía que las órdenes salieron de “Presidencia”. SEMANA revela los detalles de la historia que se convirtió en un escándalo.

El lugar de los hechos está en el piso 13 del edificio de la Dian, diagonal a la Casa de Nariño, la sede oculta de la seguridad anticipativa, donde permanecen equipos de inteligencia y se coordina la seguridad del presidente y su familia. Fue en ese espacio en el que se reunieron los protagonistas de este capítulo de chuzadas en el “Gobierno del cambio”.

“El capitán Óscar Leandro Mojica, el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández y algunos integrantes de su equipo de trabajo sostuvieron una reunión en el edificio Sendas de la Dian, piso 13, ubicado al lado del Palacio de Nariño, en la que el personal que tenía a cargo la labor de recolección dentro del grupo de coordinación y que estaba liderada por el mayor Muñoz”, explicó la Fiscalía al revelar, en audiencia reservada, que en esa dependencia se impartieron las órdenes ilegales a los subalternos.

De acuerdo con el ente acusador, al piso 13 de la Dian llegaron los investigadores de la Sijín de Bogotá con el objetivo de recibir instrucciones de la seguridad presidencial. Allí entregaron los números telefónicos de familiares de Marelbys Meza para incluirlos en los informes falsos con la fuente de información que se inventaron y en la que usaron un conductor de plataforma de transporte.

En esa sede oculta de la seguridad presidencial fue donde la Fiscalía adelantó la inspección judicial, que en ese momento la atendió el coronel Óscar Dávila, y allí mismo se conoció la única declaración que rindió antes de su muerte, en extrañas circunstancias y frente a su vivienda en Bogotá, y que el ente acusador calificó como un suicidio.

El oficial le explicó a la Fiscalía los equipos que tenían en esa dependencia, la forma de trabajo en la seguridad anticipativa y cómo en el reporte de operaciones o el uso de los equipos de vigilancia, ninguno fue utilizado para investigar o seguir a Marelbys Meza en el momento más complejo del escándalo.

“Ese equipo, desde momento, ha estado en ese cuarto y no ha tenido ningún tipo de uso desde el día que lo recibimos y desconozco si fue utilizado previamente; por lo anterior, pongo a disposición de la Fiscalía este equipo para que realicen los exámenes técnicos que consideren, y verifiquen que no fue utilizado para la actividad que mencionan los medios de comunicación, de extracción de información del teléfono de la señora Marelbys Meza”, señaló el coronel Dávila.

Pero hubo más órdenes irregulares de la seguridad presidencial y del mayor Muñoz. En la imputación de cargos contra el uniformado, la Fiscalía señaló que fue manipulada la declaración de Marelbys Meza para incluir las placas de un vehículo y terminar de montar una escena, sentada en una mentira, en la práctica un falso positivo, con el único objetivo de obtener las órdenes de interceptación de comunicaciones.

“Les hizo entrega a los investigadores de la Sijín, Mojica y Quinchanegua, de una información con los números telefónicos de Johnson Pineda y Lucelia Robles, personas cercanas a la señora Marelbys Meza, para que se creara una fuente no formal y se llegara el proceso de hurto que se adelantaba por la denuncia de Andrés Parra Valverde (exesposo de Laura Sarabia) con el fin de que fueran interceptadas sus comunicaciones”, advirtió la Fiscalía.

El mayor Muñoz, quien es una pieza clave de este escándalo, logró mantenerse al margen del proceso por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza. Sin embargo, las declaraciones de sus subalternos, los mismos que estuvieron en la reunión del piso 13 en la Dian, terminaron por revelar que fue el responsable de impartir órdenes tendientes a violar derechos fundamentales, con la protección o el parapeto de la seguridad presidencial.

Pero el mayor Muñoz no actuó solo. Coordinar la manera en que los investigadores de la Sijín tenían que convertir a Marelbys Meza en la integrante de una organización criminal dedicada al hurto en Bogotá no fue un impulso personal del oficial. Su estrategia ilegal, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, nació escalones arriba de su rango. No era Muñoz el jefe de la seguridad anticipativa.

En las declaraciones que rindió el coronel Carlos Feria, procesado por la Fiscalía y desterrado de la agregaduría en los Estados Unidos, advirtió que una vez conoció del hurto en el apartamento de Laura Sarabia, se comunicó con el fallecido coronel Óscar Dávila, a quien le pidió estar al frente del caso, dada su experiencia en policía judicial. Con Dávila muerto, es Muñoz quien tiene la verdad en sus manos.

El mayor Muñoz estaría en curso de ascenso, lo marginaron de la seguridad presidencial y junto a su abogado negó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, es el eslabón para conocer con certeza de quién fue la orden de utilizar todo el poder del Estado contra una niñera; interceptar comunicaciones, manipular informes judiciales, inventarse fuentes de información y engañar a la Justicia.

La imputación que hizo la Fiscalía podría ser la última actuación en este proceso, antes de la “reorganización” que propuso el ente acusador, casualmente cuando los investigadores se acercaban a la cabeza de esta red que convirtió la seguridad presidencial en una organización criminal dedicada a engañar a la propia Justicia y perseguir niñeras y empleadas de servicio.

Los fiscales de la Dirección contra la Corrupción tienen fecha de vencimiento con la resolución que conoció SEMANA y que advierte, sin rodeos, que deben entregar los expedientes para una “reorganización”, incluso en otras direcciones de la Delegada Contra la Criminalidad Organizada.

Las víctimas de estos procesos expresaron molestia y dudas por los actos administrativos de la Fiscalía que afectan la operatividad y, por ende, a la Justicia. Los responsables están blindados con las resoluciones de “reorganización”, mientras que las víctimas exigen verdad, la misma que podría terminar impactada por las polémicas decisiones del ente acusador