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Guillermo Cano Isaza
La familia participó en el evento. | Foto: Colprensa

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Estado colombiano reconoció por primera vez responsabilidad en el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza

Tras 37 años del asesinato del periodista, el Estado colombiano reconoció la responsabilidad en el crimen. El ministro de Justicia pidió perdón.

Redacción Nación
10 de febrero de 2024

Por primera vez tras 37 años, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato del periodista Guillermo Cano, quien era en ese momento director del diario El Espectador. El crimen, que se perpetró el 17 de diciembre de 1986, generó gran conmoción en Colombia.

En una conmovedora ceremonia que se realizó este viernes, 9 de febrero, y que fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado admitió no haber garantizado de manera efectiva el derecho fundamental a la vida del periodista, que murió de varios impactos de bala a manos del narcotráfico.

Es la primera vez que el Estado colombiano acepta su responsabilidad.
Es la primera vez que el Estado colombiano acepta su responsabilidad. | Foto: Ministerio de Justicia

Néstor Osuna, ministro de Justicia, destacó el legado dejado por el comunicador y la lucha que siempre tuvo por encontrar la verdad.

“El Estado colombiano miró para otro lado; indolente, acobardado, cómplice… una mezcla de todo lo anterior, probablemente, pero en cualquier caso inexcusable, inaceptable que eso haya ocurrido. Nuestra sociedad tiene un poder judicial del que se enorgullece, que obra, la mayor parte de las veces, con pulcritud, pero también quedó debiendo, en este caso la ayuda judicial”, dijo.

Asimismo, resaltó el impacto que tuvo su asesinato en la sociedad colombiana y reconoció la persistencia, así como el compromiso de la familia Cano con la memoria de Guillermo y la continuidad del periodismo.

“Creo que solo en el hecho de reconocer que la sociedad tiene mucho por cambiar es que puede tener justificación un acto de pedir perdón 37 años después. Y en ese sentido, este acto solo se justifica si entendemos que es para cambiar, para reconocer que esto que hoy nos tiene aquí reunidos no se puede repetir, no se puede prolongar y que necesitamos corregir la marcha”, expresó.

Osuna también señaló que es compromiso del Estado colombiano en esclarecer los hechos y buscar justicia, así como en garantizar la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia.

El ministro resaltó la importancia de esta responsabilidad que acepta el Estado.
El ministro resaltó la importancia de esta responsabilidad que acepta el Estado. | Foto: Ministerio de Justicia

La ceremonia se realizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en medio de la celebración del Día del Periodista y en cumplimiento de la petición de los representantes de víctimas de este delito.

Durante el acto se firmó un acuerdo para que haya un cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) en el informe relativo al caso del asesinato de Guillermo Cano, para que los familiares del entonces director de El Espectador sean debidamente reparados.

La familia de Cano habló

Guillermo Cano Isaza
Este es un acto que marca la historia en el crimen del periodista. | Foto: Colprensa

Fernando Cano Busquets, hijo del reconocido periodista, habló acerca del asesinato de su padre recordando la violencia que se desató en contra del periódico tras el crimen. “Defendían la democracia y a todos los mataron”, señaló.

En medio del evento, el hijo del comunicador recordó las formas en las que el Estado colombiano no quería reconocer su responsabilidad en el asesinato, algo que finalmente se logró después de 37 años.

“Aceptamos y recibimos 37 años después la manifestación pública del Estado colombiano, esperamos que este acto no sea el de clausura de un proceso, sino más bien el paso inicial para devolverles a las familias de tantos periodistas, de tantos magistrados, de tantos jueces, de tantos militares, de tantos colombianos, en fin, la merecida memoria de sus seres queridos”, comentó.

La CIDH concluyó que el Estado colombiano incumplió en su obligación de garantizar el derecho a la vida, así como investigar, juzgar y sancionar a los responsables y ofrecer una protección judicial a las víctimas, sus familiares y a la sociedad en general.