Este es el expediente de la Fiscalía por el escándalo de los carrotanques en La Guajira. Exdirector de la UNGRD sería interrogado

A Olmedo López, ahora exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le advirtieron, en la misma Guajira, que la idea de disponer carrotanques para llevar agua a las zonas más apartadas del departamento no era la mejor.

Pero él insistió y, al parecer, ordenó firmar el multimillonario contrato con intereses que ahora lo pondrán a responder penalmente. Se compraron 40 carrotanques, por más de 46.000 millones de pesos, aunque el senador Jota Pe Hernández denunció el viernes que eran 35 más, para un total de 75. De acuerdo con la Fiscalía, los sobrecostos llegaron a los 20.000 millones de pesos.

SEMANA conoció detalles de la investigación que avanza en el ente acusador, en la Dirección contra la Corrupción, y cómo Olmedo terminó más enterrado que los mismos carrotanques en el desierto en La Guajira. El agua sucia por el escándalo de los carrotanques le cayó a Olmedo López, que se convertirá en el primer llamado a interrogatorio por las irregularidades en el contrato que firmó la UNGRD con una empresa de abarrotes radicada en una casa desocupada y en venta de Cúcuta.

Pero no es el único, otros funcionarios saldrán enredados. A la Fiscalía serán citados otros funcionarios y exfuncionarios de la UNGRD que tuvieron en sus manos la responsabilidad en la millonaria negociación, incluso de advertir las presuntas irregularidades, que ahora se convierten en una investigación formal y en un lamentable capítulo de corrupción en la era del “cambio”.

Entre los citados estarán, según conoció SEMANA, Sneyder Augusto Pinilla, subdirector para el manejo de desastres; Víctor Andrés Meza, exsubdirector de la UNGRD. Además, Roger Alexánder Pastas, el estudiante de veterinaria que figura como representante legal de Impoamericana Roger SAS, la empresa con la que la Unidad firmó los contratos. El ente acusador, en voz baja, ya adelantó diligencias de inspección en la sede principal de la UNGRD y en las oficinas o espacios que aparecían en los registros de las ONG enredadas.

Los investigadores anticorrupción de la Fiscalía recopilaron documentos, contratos, facturas, recibos y minutas que serán analizados para dejar soporte de lo que parece tan claro, incluso para el mismo Gobierno: las irregularidades en la contratación de la UNGRD estaban cantadas, pero solo hasta que los medios las hicieron públicas se tomaron medidas.

La Fiscalía, además, ordenó actuaciones que incluyen peritos en automotores que viajarán a La Guajira para adelantar inspecciones a los vehículos comprados, al parecer, al doble del precio del mercado. Esos expertos entregarán informes que podrían establecer, con rango forense, si efectivamente hubo sobrecostos en el millonario contrato.

Entre los hallazgos del ente acusador, y que seguramente estarán en el listado de preguntas del interrogatorio al exdirector Olmedo López, se incluyen, fuera de los presuntos sobrecostos en la compra de los carrotanques, el pago de seguros de los vehículos, su matrícula en la Secretaría de Tránsito de Riohacha, el mantenimiento y hasta los impuestos que se dejaron de pagar, pero que aparecían en las facturas.

La Fiscalía recibió, además, otras advertencias que surgieron horas antes de la salida de Olmedo López de la dirección en la UNGRD. Se trata de giros de dinero a municipios por más de 400 millones de pesos, buena parte a Uribia, en La Guajira, fortín político del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, de quien se asegura es el padrino de Olmedo López; y Sabana de Torres, en Santander, bajo el argumento de una “calamidad pública”, donde fue alcalde Sneyder Augusto Pinilla, subdirector de la UNGRD.

El ente acusador también revisará la denuncia del congresista Jota Pe Hernández, en la que advierte de la compra de otros 35 carrotanques por más de 25.000 millones de pesos. Según el senador, hubo un sobrecosto de 13.000 millones de pesos. La UNGRD, dijo el senador Hernández, pagó 725 millones de pesos por cada vehículo, cuando su valor no supera los 350. Casi seis meses después de firmado el millonario contrato, y cuando la Fiscalía ya tiene una lista de actuaciones adelantadas y la decisión de citar a Olmedo López a un interrogatorio como presunto responsable del multimillonario fraude, fue la Secretaría de Transparencia de la Presidencia la que denunció al ahora exdirector de la UNGRD.

“De acuerdo con los hechos expuestos y el material probatorio recaudado, esta Secretaría encuentra hechos indicadores que, evaluados en forma conjunta, presuntamente podrían constituir supuestos hechos tipificados en el derecho sancionatorio del Estado, tanto en contra de los particulares proveedores de los bienes como en contra de los funcionarios adscritos a la UNGRD, por los cuales están llamados a responder, incluso, en el caso de encontrarse responsables, con su propio patrimonio”, señaló la denuncia de la Secretaría de Transparencia.

Aunque el escándalo de posible corrupción en la Unidad con los carrotanques de La Guajira ha enredado a varios funcionarios, la Secretaría de Transparencia indaga, asimismo, si las empresas que se presentaron a esa licitación también son investigadas por presunta evasión de impuestos. Uno de los datos que más ha llamado la atención es que los representantes legales de dichas firmas se han rotado entre sí en las mismas compañías.

La entidad le dijo a la Fiscalía que, tras revisar los documentos de la contratación, establecieron que tres empresas se presentaron al proceso lanzado por la UNGRD y que, de acuerdo con los “medios”, fueron identificadas como Impoamericana Roger S. A. S., Luket S. A. S. y Brand S. A. S., las tres con un lazo común que ahora advierten.

En primer lugar, que Sandra Liliana Brand intervino en calidad de secretaria ad hoc en varias asambleas celebradas por las empresas Luket S. A. S. en 2015 y 2016. El segundo, más descarado, que una mujer identificada como Ana Isabel Palacios Ortiz también figuraba como secretaria ad hoc en las tres empresas que participaron del proceso de contratación. Por si fuera poco, en el rosario de irregularidades, José Alberto Sotelo aparece como revisor fiscal “tanto de Luket S. A. S. como de Brand S. A. S.”. Y un detalle final: las tres empresas tienen “objetos sociales prácticamente idénticos”.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, le aseguró a SEMANA que entregó a la Fiscalía información de relevancia para la investigación. “El otro subdirector, que es Víctor Meza, también participó en este procedimiento para la adquisición de los carrotanques, que llevó a la posible fijación de precios artificialmente altos para posiblemente desviar recursos públicos, lo cual también podría constituirse en delitos penales, que espero que las autoridades, de manera pronta, puedan estar resolviendo”, dijo Idárraga.

Con los hallazgos de las inspecciones, las declaraciones y las pruebas que se recauden en las siguientes etapas de la investigación, la Fiscalía no solo fijará responsabilidades de los principales protagonistas, sino de quienes aparecen en el centenar de documentos que quisieron convertir en el soporte de una transparente contratación. Luego de los análisis, los fiscales citarán a imputación de cargos a los presuntos responsables, los mismos que defendieron la millonaria negociación como la oportunidad de calmar la sed en La Guajira, pero que terminó secando las ilusiones de quienes creyeron en la promesa de los carrotanques.