Exguerrilleros de las Farc aceptaron ante la JEP su responsabilidad en la Masacre de Bojayá

Seis exintegrantes del Frente 34 del Bloque José María Córdoba de la guerrilla de las Farc, reconocieron ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) su participación en la masacre de Bojayá (Chocó) registrada el 2 de mayo del 2002.

74 personas, entre ellas varios menores de edad, murieron mientras se resguardaban en la iglesia ubicada en el centro del municipio, de la confrontación entre el Bloque José María Córdoba de las Farc y paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Uno de los cilindros bomba que fueron lanzados por los guerrilleros impactó directamente el templo, generando así una explosión. En el enfrentamiento también fue destruida la escuela de Bojayá y el centro de salud, causando un desplazamiento masivo de los sobrevivientes de esa tragedia.

Ante el tribunal de paz, Fancy María Orrego, Luis Oscar Úsuga Restrepo, José Ignacio Sánchez Ramírez, Vianey de Jesús Hernández, Pedro Baracutao García Ospina y Nelson Elías Benites Urrego, ejercieron un reconocimiento colectivo de su participación en esta masacre.

Igualmente, aceptaron su responsabilidad en la toma de Uramita (Antioquia), registrada el 8 de junio de 1991. En esa oportunidad, los guerrilleros secuestraron además a dos integrantes de la Fuerza Pública. Así como su participación en la organización y ejecución de ataques y hostigamientos a las Fuerzas Militares, entre las que se encuentra una emboscada realizada en la vereda Tacidó, de Mutatá (Antioquia), en 1999.

Además de las tomas guerrilleras a los puestos de Policía de poblaciones como Santa María la Antigua del Darién (1987), Balboa (1989) y Acandí, en Chocó (1993); San Pedro de Urabá, en Antioquia (1994), y los retenes en el Cañón de La Llorona ocurridos en 1991.

Condena contra la Nación

En mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Chocó condenó al Estado por los hechos que motivaron el desplazamiento de los pobladores de Bojayá. En esa oportunidad se determinó que el Estado había omitido sus funciones de protección y seguridad para los habitantes tras la masacre.

“(…) se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002 en el medio Atrato, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas, generado por la omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes”, precisa la sentencia.

Por estos hechos, se le ordenó al Estado indemnizar a las 1.195 personas que certificaron que después de la masacre se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por miedo a represalias o a ser víctimas de otro ataque armado. “Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos”, resalta el fallo.

En marzo de 2010, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó condenó a doce guerrilleros del Bloque José María Córdoba a 36 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en esta masacre.