Fiscalía abre investigación a magistrados ‘eternos’ de la Judicatura

Un fallo de tutela por la devolución de unos bienes, entregados por el narcotraficante conocido con el alias de El Mellizo, para reparar a las víctimas, se convirtió en la puerta de entrada de discusión jurídica que expertos consideran un evento para “alquilar balcón”.

La tutela fallada por la sala de disciplina del Consejo Superior de la Judicatura contó con el voto afirmativo de los llamados magistrados “eternos”, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria. En ese fallo se ordenó, a pesar de los repararos de la Corte Suprema de Justicia, la entrega de esos bienes a particulares que los reclamaban.

Posteriormente fue la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala de Casación Penal, la que determinó que la decisión o fallo de tutela no tenía sustento legal, pues los dos magistrados “eternos” Sanabria y Garzón, hace cuatro años debieron dejar sus cargos, por tanto, a su consideración son ex magistrados.

En la misma decisión la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que analicen la información, evidencias de supuestos delitos en los que pudieron incurrir los magistrados Sanabria y Garzón, no solo al mantenerse en sus cargos, sino al tomar decisiones en materia judicial.

“Remitir copia de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación a efectos de que si lo estima procedente, adelante las investigaciones a que haya lugar para esclarecer las posibles responsabilidades penales en que Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, hayan podido incurrir como consecuencia de lo advertido”, señaló la Sala de Casación de la Corte Suprema.

La compulsa de copias llegó al despacho de la vicefiscal general de la nación, Martha Mancera, que después de analizar el documento y solicitud de investigación que hizo la Corte, tomó la determinación de abrir la indagación respectiva.

“Se determine si es posible asignar de manera especial la noticia criminal a la que se de apertura con base a la situación fáctica refería, para que un fiscal destacado de la dirección del Cuerpo Técnico Investigaciones CTI conozca la noticia criminal y determine si la misma se adelantará en el marco de la jurisdicción penal ordinaria o si ella deberá conocer la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes”, señaló la vicefiscal Mancera.

A través de la resolución, firmada por el fiscal general Francisco Barbosa, se ordenó asignar de manera espacial esta investigación al fiscal séptimo delegado ante el Tribunal, Daniel Hernández, conocido por adelantar otros procesos de relevancia nacional como la ñeñepolítica, la llamada “narcofinca” y la investigación contra el abogado Diego Cadena.

“Primero: asignar especialmente al doctor Daniel Ricardo Hernández fiscal 7 delegado ante el Tribunal, adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI para que asuma hasta su culminación el conocimiento de la investigación suscitada por lo dispuesto en la providencia del 21 de octubre de 2020 proferida por la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia al que se hizo referencia en las consideraciones de la presente decisión”, resuelve la decisión firmada por el fiscal general.

El asunto, de acuerdo con expertos juristas, amerita un estudio riguroso pues lo primero por determinar es si un fiscal delegado tiene la competencia para investigar a dos magistrados. La ley ordena que debe ser la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero en criterio de la Corte Suprema los dos investigados, Sanabria y Garzón, hace cuatro años dejaron de ser magistrados y perdieron ese fuero constitucional.

Así las cosas, el fiscal asignado, Daniel Hernández, deberá sustentar bien su competencia, para evitar que en el transcurso del proceso los magistrados Sanabria y Garzón, interpongan recursos sobre la competencia del citado fiscal.