Tras la polémica que se generó por la solicitud del Gobierno Petro de levantar órdenes de captura a 23 cabecillas de bandas criminales en Antioquia, la Fiscalía hizo varias aclaraciones sobre en qué momentos no se concede la libertad.
📄Comunicado de prensa | Sobre la resolución 0072 del 27 de marzo del 2026, acerca de la suspensión de órdenes de captura de voceros de Estructuras Armadas para continuar trabajando en la construcción del Acuerdo Condicionado de Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, en… pic.twitter.com/xFFDE2fP0i
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) March 31, 2026
De acuerdo con el ente acusador, “atendiendo una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, realizada el pasado 24 de febrero, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura a 23 personas reconocidas por el Gobierno nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá“.
Así mismo, indicó la Fiscalía que “la decisión, respaldada por la Ley 2272 de 2022, la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía".
Frente al periodo de vigencia de la medida, la Fiscalía explicó que: “la Resolución 72 del 27 de marzo precisa que las suspensiones tendrán una vigencia inicial de seis meses y buscan que los referidos voceros participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan”.
Comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 31, 2026
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A su turno el Gobierno, a través del alto comisionado de paz, indicó que: “la Delegación de Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá ha estado enfocado en el desescalamiento de las violencias urbanas, la construcción de paz territorial y el tránsito a la ciudadanía plena de los integrantes de estructuras armadas, todos ellos objetivos que constitucionalmente debe perseguir esta Consejería, el Gobierno nacional y el Estado en su conjunto, bajo la premisa de la Ley 2272 de 2022 que establece la paz como una política de Estado”.
Además, el gobierno indicó que: “De ninguna manera esta resolución implica la excarcelación de los voceros de las EAOCAI en el proceso de Paz Urbana. Cualquier versión que asegure esto implica una grave e irresponsable desinformación”.
“Esta medida busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico y trabajando en la construcción del Acuerdo Condicionado de Paz Urbana”, agregó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
