Nación
¿Fiscalía no está colaborando en investigación por corrupción en la UNGRD? Corte Suprema podría dar beneficios a no aforados
El magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción, habría puesto esa opción sobre el proceso que avanza contra los congresistas de la Comisión de Crédito Público.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que al interior del proceso contra los congresistas de la Comisión de Crédito Público por el escándalo de la UNGRD podría salir a flote una opción que les otorgaría beneficios a personas no aforadas que colaboren dentro de este proceso. Esa decisión pondría en entredicho la colaboración que la Fiscalía le estaría brindado al alto tribunal en esta investigación.
El ultimátum lo habría puesto sobre la mesa el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y encargado de la investigación contra los congresistas de Crédito Público, que supuestamente se iban a beneficiar con la contratación de la UNGRD en Córdoba, Bolívar y Arauca, a cambio de apoyar los empréstitos de la Nación.
Ahora, la Corte Suprema estaría pensando en ofrecer beneficios judiciales a quienes no cuentan con fuero, como los senadores y representantes a la Cámara, dependiendo de la información, los documentos y demás elementos de interés, que permitan destapar todo el entramado de corrupción que se ejecutó desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Con esa decisión, se podría motivar a testigos que pueden estar interesados en colaborar, pero que siguen en la Fiscalía esperando beneficios judiciales mientras tienen información clave sobre aforados investigados por el alto tribunal. En este proceso, la Fiscalía ha imputado a quienes han colaborado, como los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla.
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Con la información que han entregado López y Pinilla, terminó imputada y recluida en un cuartel militar la exconsejera para las regiones de la Presidencia Sandra Ortiz, quien fue identificada como la “mensajera”. Ella estuvo a cargo de llevarle 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a cambio de que apoyara las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso.
Con la información que López y Pinilla podrían entregarle a la Corte Suprema de Justicia, los procesos que actualmente avanzan contra ocho congresistas y un exrepresentante a la Cámara podrían tener progresos significativos. Sin embargo, el gran interrogante que queda en el aire es si el alto tribunal acudió a esa figura ante una falta de colaboración de la Fiscalía en ese proceso.
La Corte Suprema ha llamado a declarar a altos funcionarios del Gobierno Petro, concejales y todo tipo de políticos que tendrían información clave detrás del escándalo de corrupción que se dio en la UNGRD con contratos como carrotanques, entre otros.