Wadith Manzur fue vinculado a un proceso por la Corte Suprema de Justicia en el marco del caso relacionado con el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los magistrados impusieron una medida de aseguramiento privativa de la libertad que continúa vigente contra el senador. Aunque fue reelegido en las pasadas elecciones, su posesión en el Congreso de la República aún está pendiente, por lo que su defensa solicitó que se garantice ese trámite.
“Lo que se ha solicitado a las autoridades judiciales competentes y al Senado de la República de Colombia es que se adopten las medidas jurídicas necesarias para garantizar su posesión como senador de la República, mediante las alternativas legalmente procedentes”, señalaron los abogados del congresista.
La defensa advirtió que, una vez “cumplido el acto formal de posesión”, se disponga de manera inmediata la suspensión en el ejercicio del cargo, en los términos previstos por la Constitución y la ley.
“Estas actuaciones tienen como único propósito garantizar la protección de los derechos políticos del senador electo y preservar la voluntad democrática expresada por los 134.914 ciudadanos que le otorgaron su voto, sin desconocer ni afectar las decisiones judiciales actualmente vigentes”, explicó la defensa.
Los abogados sostuvieron que el senador Manzur goza plenamente de la presunción de inocencia. Indicaron que en su contra no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, sino una medida de aseguramiento de carácter cautelar.
“De manera independiente a los recursos promovidos para la protección de sus derechos políticos, su equipo de defensa continúa adelantando las actuaciones legales correspondientes dentro del proceso penal para demostrar su inocencia”, señalaron en un comunicado.
La defensa indicó que el pronunciamiento busca aclarar “las interpretaciones inexactas” que han surgido sobre los recursos legales promovidos en favor del senador electo, las cuales, según sostuvo, no corresponden a la realidad ni a las solicitudes presentadas ante las autoridades competentes.