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| 8/16/2017 5:46:00 PM

Fiscalía no está maniatada para investigar sometidos a la JEP

Aunque no podrá aplicar órdenes de captura, indagatorias, juicios o proferir sentencias, tiene vía libre para seguir adelante con las investigaciones que adelanta en el marco del conflicto. Se aclara otra zona gris de la Jurisdicción Especial de Paz.

Fiscalía puede investigar postulados a la JEP hasta que se cree Fiscalía no está maniatada para investigar sometidos a la JEP Foto: Archivo Particular / pixabay.com

Se va delimitando cada vez más la frontera que separa la justicia ordinaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Las zonas grises que quedaron y que podrían provocar conflictos de competencia empezaron por fin a quedar resueltas. Este miércoles, después de revisar el caso del exguerrillero Iovany García García, la Corte Suprema de Justicia definió que a pesar que muchos procesos judiciales -relacionados con el conflicto armado- quedaron en stand by hasta que empiece a funcionar el Tribunal de Paz, las investigaciones seguirán su curso normal.

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Más de 700 hombres y mujeres de las Farc han salido de las cárceles del país y han recuperado su libertad, en algunos casos, de manera condicional. Sin embargo, eso no significa que la Fiscalía deba quedarse cruzada de brazos esperando que se termine de moldear el alto tribunal a donde comparecerán los excombatientes, agentes de Estado y terceros civiles que hayan cometido delitos en el marco del conflicto.

"Se debe continuar con las versiones de los postulados y con las actividades investigativas aquí relacionadas", resuelve la corte en su fallo. Aunque no se podrán aplicar órdenes de captura, indagatorias, juicios o proferir sentencias, se pueden "adelantar labores de aseguramiento de pruebas". 

Como las versiones de los postulados son el principal insumo para llegar a la verdad y construirla, nada impide ante las autoridades judiciales que sigan siendo escuchados. Ese es el caso de García García, un excombatiente del Frente 47 de las Farc, que en mayo del 2008 se desmovilizó, se entregó al Ejercito Nacional en Pácora (Caldas) y decidió someterse a la ley de Justicia y Paz.

Aunque por siete años hizo parte del grupo de insurgentes que se acogió al mismo modelo de justicia transicional que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe ideó para hacer el tránsito a la vida civil de las Autodefensas, hace unas semanas el excombatiente renunció a ese proceso, firmó una carta de compromiso y consiguió el pase de la libertad condicional bajo la sombra de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

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Pero sus compromisos con la justicia no se disuelven hasta que se termine de armar el modelo de justicia transicional que se estructuró en La Habana. Más, teniendo en cuenta que la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida de José Robiro Ospina Osorio y Rubiela Herrera Giraldo, secuestro extorsivo agravado y desplazamiento forzado de Gloria Amparo García Castaño.

A juicio de la Fiscalía y la Procuraduría con la suspensión del proceso se pone en riesgo el derecho de las víctimas a que se les reconozca su condición en forma definitiva. Es decir, en este momento sólo las víctimas sólo ostentan un reconocimiento provisional y aspiran a que en la sentencia se les indemnice en forma integral. Sin embargo, ese propósito se frustra en la medida de que no es claro cuándo empezará a funcionar la Justicia Especial para la Paz.

Entre otras cosas, el problema radica en que los tiempos que se pensaron en La Habana, nada que empatan con los de la realidad política. Aunque en el Congreso ya se le dio el visto bueno a la Ley de Amnistía y el Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, nada que ven la luz en la Corte Constitucional. A estos retrasos se suma que nada que arranca la discusión de la Ley Estaturaria en el Congreso. 

Se trata de la ley más esperada por los actores del conflicto porque allí están contemplados los detalles de la justicia transicional, de ahí su importancia de que entre en discusión en los próximos días. Pero a esa desalineación se suma la elección de los 51 miembros de la Jurisdicción Especial de Paz que se conocerá el próximo 26 de septiembre.

Mientras todas estas decisiones terminan de tomarse y llega el momento del empalme con la justicia ordinaria, la Fiscalía continuará adelantando la investigación hasta el día en que la Sala, (…) anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones.

Una vez llegue ese momento, se deberá remitir la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas. Automáticamente el ente investigador perderá competencias para seguir indagando hechos o conductas pasarán a ser competencia de la Jurisdicción Especial de Paz.

La incertidumbre que ronda a la fecha en la cual comenzará sus labores la recién creada Jurisdicción Especial de Paz, a juicio de la corte, "no faculta desconocer una norma incorporada al sistema jurídico que pretende agrupar los procesos adelantados contra los integrantes de las Farc para que sus militantes sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz". 

Con esta decisión se resuelve uno de los reparos que venía esgrimiendo el jefe del ente investigador. Aunque aún faltan varios temas por resolver, se empiezan a zanjar las diferencias que dejó el aterrizaje de un nuevo modelo de justicia que resolverá todos los casos que se han cometido en el marco del conflicto.

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