Tribunal de paz: el fiscal no da su brazo a torcer

Después del pulso que el fiscal Néstor Humberto Martínez protagonizó en el Congreso durante el trámite del Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), este miércoles se volvió a poner al frente del debate y de nuevo se fue de frente contra el modelo de justicia que investigará los crímenes cometidos en el marco del conflicto tras el acuerdo que se firmó en La Habana con las Farc.

Por más de 20 minutos ante los magistrados de la Corte Constitucional, el jefe del ente investigador le metió mano dura al modelo de justicia transicional que busca el aval del alto tribunal. "La seguridad jurídica depende del establecimiento de fronteras inequívocas entre competencias de la JEP y de jurisdicción ordinaria", fueron las palabras que le dieron rienda suelta a su discurso.

Aunque el fiscal señaló que los colombianos tienen derecho "a una paz duradera", debe ser una en la que "no haya impunidad y que garantice seguridad jurídica para todos". El "diablo está en los detalles" y el fiscal lo sabe muy bien. Por eso se despachó en un larga lista de reparos que, a su juicio, deben ser objeto de análisis de los magistrados, antes de darle vía libre a la JEP para que empiece a funcionar. 

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En principio, Martínez se enfocó en los alcances y competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es decir, en la médula del sistema de justicia transicional al que acudirán los integrantes de las Farc, los militares y terceros civiles que tienen cuentas pendientes con la justicia en el marco del conflicto. Señaló que el proyecto, tal como está redactado, estaría "paralizando la acción de la justicia" y por eso hizo un llamado para que se defina cuál es su competencia en este momento y la que le queda tan pronto entre en funcionamiento el nuevo supertribunal. 

Durante su reaparición, después de la complicación médica que vivió, el fiscal puso de nuevo el dedo en la llaga de los delitos permanentes que lleguen a cometer los excombatientes. Es decir, siguen vivas las objeciones sobre aquellos crímenes cuyos efectos se prolongan en el tiempo. Mientras el homicidio, por ejemplo, se consuma apenas muere la persona, en otros casos como el secuestro, el lavado de activos y el reclutamiento de niños se entiende que el delito se sigue cometiendo hasta que la persona es liberada, el dinero es entregado y el niño vuelve con su familia.

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A su parecer, "la Corte es la que debe desentrañar el alcance del artículo que hace referencia a los delitos de ejecución continuada". Pues, aunque en la normativa se dice que estos crímenes ocurridos después del acuerdo también son potestad de la justicia especial, eso no debería ser así porque es la justicia ordinaria la que está llamada a asumir esos casos, según expuso el jefe del ente investigador.

En concreto, el fiscal también manifestó que la Corte es la que debe definir el alcance de la Jurisdicción Especial de Paz para investigar temas como el narcotráfico. Para ilustrar las ambigüedades que hay, abrió el capítulo de los testaferros de las Farc. A su parecer, no es claro ante quiénes responderán los hombres y mujeres que no militaron directamente con el exmovimiento guerrillero pero que sí lo auxiliaron.

"Se debe resolver quien tendrá la competencia para analizar sus conductas en relación con el patrimonio ilícito de las Farc", dijo. En ese mismo sentido, el fiscal criticó que el ente investigador no pueda utilizar pruebas o testimonios de los excombatientes amnistiados en otros procesos. Pues, a su juicio, eso limita la institucionalidad y el avance de los casos. 

Martínez se fue en contra de las declaraciones que han hecho algunos excombatientes manifestando, según dijo, que la justicia especial debe asumir exclusivamente sus casos y la justicia ordinaria debe actuar con contundencia contra quienes fueron sus enemigos durante el conflicto. Esa postura contribuye para el fiscal en una guerra jurídica que desestabiliza más.

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“Esa pretensión es inadecuada porque el conocimiento de dichos crímenes es exclusivo de la JEP. De lo contrario, el tratamiento especial previsto en la JEP para penas y no extradición, sería exclusivo para las Farc, dejando al resto de actores del conflicto en la justicia ordinaria, con penas de 60 años”, manifestó. 

Y es que esta no es la primera vez que Martínez parece meterle los dientes al acuerdo de paz. Lo hizo a los pocos días de su posesión, cuando sugirió regresar a la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, o cuando anunció perseguir la fortuna ilegal de la guerrilla, también cuando les exigió un inventario de bienes para reparar a las víctimas, antes del plebiscito y cuando consiguió modificar algunos puntos de este mismo Acto Legislativo que hace unos meses vio la luz verde en el Congreso.

Por eso, adicionalmente señaló que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos debe colaborar con la Fiscalía para evitar que se entorpezcan los procesos que vienen adelantando y a la par hizo un llamado para que se aclare la competencia de la JEP en Justicia y Paz. Esto, en razón de los comentarios que apuntan a que el nuevo alto tribunal espera que sean compulsadas copias de las investigaciones que se vienen adelantando. 

La discusión no es sencilla y la decisión que tiene en sus manos la corte no es de poca monta. Por un lado, entre más se demore el trámite jurídico los excombatientes -que ya dejaron sus armas- quedarán un limbo legal que entorpece más la implementación, pero también es cierto que el proceso se debe llevar con calma y hasta conocer e mínimo nivel de detalle. En ese contexto, fue que durante su intervención el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, hizo un llamado para que se dé vía libre a la implementación.

"Hemos llegado al fin del conflicto. La semana pasada asistimos al desarme individual de las Farc, el final de tanta violencia y victimización. Así como las Farc han cumplido con esa parte del acuerdo, nos corresponde a nosotros cumplir", dijo.

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Para Jaramillo, es claro que el fin del conflicto no se reduce al silenciamiento de los fusiles pero recordó que está en marcha todo el andamiaje que pondrá a andar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que proporciona un trabajo más integral. Por eso fue que levantó la voz ante los siete magistrados para decirles que "si se negocia una cosa hay que cumplirla".

Durante su intervención, el Alto Comisionado de Paz recordó que el proceso contó con la participación de más de 60 víctimas del conflicto que viajaron a La Habana y se encontraron frente a frente con sus victimarios. Por eso destacó que el acuerdo también está pensado en la convivencia del sistema. Es decir, de construir una base para el futuro. "Hay que romper los círculos de venganza", dijo y se abstrajo de la discusión jurídica para aterrizarla en el escenario que por estos días vienen encarando los excombatientes que el pasado 26 de junio dejaron sus armas para siempre.

En esa misma orilla se paró el Ministro de Justicia, Enrique Gil, quien pidió al alto tribunal declarar exequible la totalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y contrario, algunas voces que se levantaron horas después de su intervención, fue el primero en salirle a las críticas que le han hecho a la reforma, por lo que dijo que "no sustituye ningún pilar esencial de la Carta Política"

“Nuestro propósito es hacer efectivos, al mayor nivel posible, los derechos de las víctimas. La creación del Sistema Integral responde a la necesidad de diseñar una institucionalidad de transición lo suficientemente robusta para satisfacer a las personas que fueron víctimas del conflicto armado. Los problemas no pueden seguir siendo resueltos exclusivamente por la vía judicial, pues esta se está convirtiendo en una carga excesiva para los jueces”, señaló. 

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Adicionalmente, el jefe de la cartera de justicia aseguró que "se equivocan quienes sostienen que esta reforma se reduce a otorgar beneficios judiciales a guerrilleros de las Farc". A su juicio, se trata de todo lo contrario, pues con esta reforma se "dota al Estado de una institucionalidad robusta dirigida a imponer sanciones de diferentes tipos a todos los actores del conflicto armado”.

Frente al acuerdo de paz, aún se siguen encontrando las voces de optimismo y escepticismo. Aunque la Corte Constitucional es la que tiene la última palabra y falta ver qué posición asume el magistrado ponente, de lo que no cabe duda es la cruzada que desde hace meses emprendió el fiscal Martínez por llenar los vacíos y tapar las zonas grises que ve en el acuerdo y que podrían provocar conflictos de competencias con la justicia ordinaria.

“Subvertir la competencia exclusiva de la Jurisdicción Especial de Paz, pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera porque se haría tránsito de una guerra militar a una guerra jurídica”, concluyó Martínez.