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“Hay fiesta en la cárcel, la justicia penal colapsará”: duras críticas a polémico proyecto de ley

SEMANA conversó con el abogado y presidente del colegio de penalistas de Colombia, Francisco Bernate, sobre el proyecto que pide mantener la virtualidad de la justicia, exceptuando los temas penales.


El Decreto 806 buscó abrirles la puerta a los medios virtuales para la justicia y agilizar procesos, en medio de la pandemia y resultó un éxito, tanto que está a punto de convertirse en ley. Sin embargo, en la tarde de este martes, en la Cámara de Representantes, en la discusión del proyecto de ley se hizo una excepción que hoy nadie se explica: la justicia en materia penal se mantendría en la presencialidad.

La razón es que, durante la tensa sesión en Cámara, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, pidió la palabra para proponer precisamente que la justicia en materia penal siguiera bajo presencialidad y que no fuera acogida en el decreto.

La tesis del vicepresidente de la Suprema es que “el proceso penal no es el proceso laboral o civil, sino que tiene que ver con las garantías y las libertades humanas y además porque el juez, dada la especialidad, debe tener todas sus facultades de dirección sobre el proceso penal, incluida la de decidir si lo hace de manera presencial o virtual”.

Sus palabras recibieron el aplauso de al menos 97 representantes y la aprobación fue inmediata, por lo que ahora restaría el debate en el Senado para que sea formal.

Sin embargo, la polémica no para. La posibilidad de volver a la presencialidad ha generado una verdadera tormenta de opiniones divididas sobre el tema, pero en su mayoría, rechazando que las audiencias de tipo penal vuelvan al papel. ¿Pero quién tiene la razón realmente?

SEMANA conversó con Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien calificó como “absurda” la decisión de la Cámara de Representantes al acoger una proposición presentada por la Corte.

“Es que estaríamos volviendo a los aplazamientos de las audiencias, a las filas, a las demoras, a que ya no puedan hacerse audiencias en varias partes del país y esto, lo que genera, es un auténtico colapso. Más de 200.000 audiencias que se realizarían en segundo semestre, seguramente, se van a cancelar. Quienes están incentivando esta decisión son los corruptos, los que están pendientes de los vencimientos de términos”, dijo Bernate.

Y agrega que va a haber dos tipos de justicia: “Una tipo clase ejecutiva para lo civil, laboral y familia, y la penal en clase económica. Hice lo más que pude, no tengo palabras para agradecer su apoyo, ni para lamentar una decisión tan absurda”.

Y es que, sin lugar a duda, las medidas alternativas que surgieron con la pandemia de covid-19, el uso de la virtualidad fue una de las que permitió continuar trabajando. Día a día se ha visto a jueces, abogados y fiscales ejercer la justicia en las audiencias a través de una pantalla, mientras los implicados en el caso exponen sus argumentos cada uno desde un lugar diferente.

Iván Cancino, abogado penalista, también señaló: “Se va a retroceder siglos, no solo se perderá lo avanzado, sino que estaremos aún peor que antes de pandemia”.

Y es que ya pocos recuerdan los engorrosos trámites que había que hacer para asistir a una audiencia. Debido a la pandemia, temas como las notificaciones, el otorgamiento de poderes, los expedientes y las audiencias ahora son virtuales. A pesar de que no era el propósito ni estaba en las cuentas de nadie, se han ahorrado recursos.

Así se hizo, por ejemplo, con procesos como el que involucra al expresidente Álvaro Uribe o la audiencia del caso de Jhonier Leal, asesino de su hermano Mauricio Leal. El país tuvo la oportunidad de conectarse de manera masiva a las audiencias y no hubo tropiezos ni retrasos por imposibilidad de realizar las diligencias.

Este miércoles los jueces de Bogotá también se pronunciaron rechazando la exclusión de la jurisdicción penal de la ley que busca hacer permanente el Decreto 806/2020.

“Expresamos nuestra preocupación por el futuro de la administración de la justicia en el Distrito Capital si el Congreso no nos otorga herramientas adecuadas para su funcionamiento”.