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La directora del ICBF, Concepción Baracaldo, lidero la búsqueda de las  Unidades Básicas de Atención, UBA, en La Guajira.
Unidades Básicas de Atención, UBA, en La Guajira. | Foto: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

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ICBF tiene plazo de dos meses para realizar acto de reconocimiento del pueblo wayú como sujeto de derechos

La petición la hizo una sala de seguimiento de la Corte Constitucional. Estos son los argumentos.

16 de marzo de 2023

El Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF) tendrá dos meses para realizar un acto de reconocimiento del pueblo wayú como sujeto de derechos para participar en la planeación, desarrollo e implementación de la política pública encaminada a garantizar los derechos fundamentales de la niñez indígena.

La decisión, conocida por SEMANA, fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de la niñez wayú en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, departamento de La Guajira.

Según el documento de la decisión, el acto de reconocimiento deberá, en primer lugar, contar con la presencia de las autoridades, líderes o representantes indígenas de los cuatro municipios, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.

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LA GUAJIRA, COLOMBIA - 24 DE SEPTIEMBRE: Una mujer lleva una canasta mientras camina sobre un terreno seco cerca del río Ranchería, donde vive el pueblo wayuu, luego de enfrentarse a la expansión de la mina de carbón Cerrejón en La Guajira, Colombia el 24 de septiembre. En el Provincial Reserva, una región semidesértica de Colombia, Cerrejón (la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia y América Latina, y la décima más grande del mundo) ha creado desigualdades ambientales, problemas cardiovasculares, daños en la piel y contaminación. El río Ranchería ha transformado la dinámica del agua, afectando a los Wayuu. (Foto de Lis Mary Machado/Agencia Anadolu vía Getty Images) | Foto: Getty Images

Pero además, deberá hacer explícitas las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos del pueblo wayú a la luz de la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales.

La Sala de Seguimiento, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas, determinó un cumplimiento bajo de la orden que se le dio al ICBF en 2021 para que realizara un acto simbólico de reconocimiento de las comunidades wayú como titulares de derechos en el departamento de La Guajira.

Según el Alto Tribunal, “pese a que la entidad celebró un evento en mayo de 2022, la actividad no superó un estándar de satisfacción y efectividad, puesto que “no se mencionaron las fallas que impiden un relacionamiento efectivo con esta etnia y la forma de resolver tales obstáculos; así como tampoco el alcance de la convocatoria, la representatividad y calidad de las y los indígenas que asistieron al evento”.

El evento persiguió, en su lugar, un cumplimiento formal de la orden, más no la teleología ni los elementos materiales del mandato judicial”.

En cambio, advierte la Corte, deberá transmitir certeza sobre el respeto por la diferencia sociocultural del pueblo wayú y sus prácticas ancestrales. “En el acto de reconocimiento se deberá expresar la hoja de ruta o actividades que adelanta o espera adelantar el ICBF para vencer expresiones prejuiciosas, estereotipadas o irrespetuosas entre sus empleados, operadores, agentes y directivos acerca del mundo social y cultural de esta etnia”, indicó la Sala de Seguimiento.

Los wayuu tienen que caminar largos trayectos para conseguir agua.
Los wayuu tienen que caminar largos trayectos para conseguir agua. | Foto: Archivo Particular - Cortesía

Para el cumplimiento de la orden, la Sala de Seguimiento estima pertinente que el ICBF tenga en cuenta la representatividad territorial y comunitaria de las personas que asistirán al evento de reconocimiento de titularidad de derechos, con lo que se busca que el acto goce de la mayor legitimidad social al interior de las comunidades y no se trate del mero acatamiento formal de un mandato judicial.

Sin embargo, la Sala estimó que tales actividades deben estar dirigidas no solo a quienes trabajan desde el nivel territorial, sino también a aquellas personas que desde el nivel central tienen la tarea de implementar las órdenes de la Corte.