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| 4/27/2020 10:05:00 AM

La doble emergencia de la Alta Guajira

El aislamiento por la pandemia del coronavirus sumado al incumplimiento de la sentencia T302 de la Corte Constitucional tiene en riesgo a las comunidades wayuus. Para algunos líderes este puede ser el inicio de su exterminio.

La doble emergencia de la Alta Guajira Un grupo de menores sacan agua de un pozo en mitad del desierto guajiro colombiano. Foto: Archivo Particular

La muerte los acecha sin tregua ahora más que nunca. La semana pasada fallecieron dos niños de la comunidad Jiwalain, en jurisdicción de Uribia, como consecuencia de un cuadro viral. La emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus terminó de arrinconar a las comunidades indígenas de la Alta Guajira y, de paso, bloqueó algunas de sus principales actividades económicas, como el turismo y la venta de artesanías y ganado. Encerrados en sus rancherías, pero sin acceso al agua potable y con escasa alimentación, el riesgo es inminente para ellos.

Johan Manuel Ipuana, de 2 años, y Fredy José Ipuana, de 1 año y 4 meses, además del vínculo familiar compartieron la trágica coincidencia de su muerte después de sufrir varios días de fiebre alta, diarrea y vómitos. Casos que se han vuelto cotidianos en unas comunidades que tienen que consumir agua de pozos contaminados y cuya dieta alimenticia es paupérrima.

El escenario es grave por donde se le mire. Aislados para cumplir la orden del gobierno, sin ingresos económicos, agua, alimentos, ni medios para transportarse y atravesando una fuerte sequía desde octubre del año pasado. Lo que también deja en evidencia el incumplimiento de la sentencia T 302 de 2017, que ordenó al Estado (presidencia, ministerios y alcaldías) generar un plan de acción para que se superen una serie de cosas inconstitucionales para evitar que más niños mueran y la población wayuu desaparezca.

Las acciones políticas urgentes que necesita el pueblo wayuu naufragan en una mar de papeles legales. Ahora, además, están desprotegidos frente a la covid-19, porque no cuentan con garantías mínimas básicas. De este modo y sin ser alarmistas, si se llegase a propagar el coronavirus en sus poblaciones se podría generar la extinción de estas comunidades indígenas y con ellos, la muerte de su lengua y su cultura.

En todo el territorio hay quejas por la falta de ayudas y, en el mejor de los casos, denuncias porque estas han sido entregadas haciendo política. Una líder comunitaria de Uribia, por ejemplo, le dijo a SEMANA que solo le estaban entregando mercados a las personas que habían votado por el actual alcalde, Bonifacio Henríquez Palmar. Lo mismo pasa con los carrotanques que llevan agua a los sitios más alejadas, contó Modesto Morales, un popular personaje conocido como RP, que habita en el corregimiento de Puerto Estrella, una de las poblaciones más al norte del país, a seis horas por trocha de la cabecera municipal. Los camiones llegan a las casas de los amigos de los políticos, señaló.                       

Muchos de los indígenas guajiros no conocen bien el tema del coronavirus, ni la forma en que se transmite o sus consecuencias. Voceros del Proyecto Veeduría de la sentencia T302 de 2017, una de las organizaciones que trabaja por ellos, creen que se hace necesario garantizar el desplazamiento de personal médico a las rancherías. Además, de un protocolo especial para la atención de posibles casos, teniendo en cuenta su cultura y su lengua, incluyendo entrega de kits fitosanitarios y piezas comunicativas, en las cuales se explique la situación actual que enfrenta el mundo,y las medidas que pueden tomar para mantenerse ellos y sus comunidades a salvo.

Zulma Rodríguez, de la veeduría, dice que hay que prohibir el tránsito y la circulación de personas externas a las rancherías, a excepción de quienes deban ejecutar acciones para garantizar sus derechos al agua, la salud, la participación y la alimentación. Y que estas medidas deben integrar a los otros grupos vulnerables, como afrodescendientes y campesinos, teniendo en cuenta que hay una permanente relación intercultural.

La Guajira colombiana cuenta con una población de 825.364 personas, según cifras divulgadas por el Dane en 2018, distribuidos en su mayoría en población indígena que habitan en rancherías dentro de los territorios de Riohacha (9.354), Manaure (15.124), Uribia (27.213) y Maicao (8.502). Comunidades con un nivel de analfabetismo del 37,4% superando la media Nacional del 12,6%, lo que les impide conocer el alcance de los decretos presidenciales expedidos por la actual emergencia, los medios de prevención, cuidado y atención que en materia de salud ordena el estado de emergencia por la covid-19.

La sentencia

La sentencia T302 de 2017 de la Corte Constitucional es el resultado de una lucha de años. Luego del registro de la muerte de más de 4.000 niños por enfermedades vinculadas a la desnutrición, en el país se dio una movilización para llevar a gua y comida a La Guajira. Pero el activismo masivo no duró mucho y solo unos grupos reducidos continuaron empujando para mejorar la situación.

Las postales de abandono siguen siendo las mismas en las poblaciones guajiras. Las mujeres y los niños caminan muchos kilómetros sobre la arena del desierto en busca de agua, que la mayoría de las veces no es apta para el consumo humano. A pesar de que entre los puntos establecidos por la Corte Constitucional está la obligación de mejorar el acceso al agua potable, ya que sólo el 9 % de la población tiene este servicio, en una región con temperaturas que superan los 38 grados centígrados.

Otra de las prioridades que estableció la sentencia es garantizar la seguridad alimentaria. No donaciones de comida, sino programas agrícolas para la autosostenibilidad. Objeto que tampoco se ha cumplido. Además, el documento pidió aumentar y mejorar el servicio de salud para las comunidades indígenas. Pero todo es letra muerta, el momento actual de emergencia así lo evidencia.

Como ha pasado históricamente con otros temas, las acciones del Estado frente a la covid-19 no son compatibles con la realidad de los wayuu y, por el contrario, acentúan su situación de vulnerabilidad porque el aislamiento obligatorio les impide la circulación y su labores principales con las  que generan el sustento y el abastecimiento de granos, aceite y azúcar como parte de su canasta familiar básica.

Entre los más afectados pueden ser lo más pequeños, unos 30.000 niños de entre 0 y 5 años que habitan en las rancherías dispersas sobre los cuatro municipios. Y a esto hay que sumarle alrededor de 139.000 niños, jóvenes y adolescentes que no reciben el refrigerio nutricional que debe ser garantizado por el Estado, con el agravante que sólo el 49,9% de esta misma población está inscrita en algún programa escolar.

Las trampas

Los datos y las estadísticas del Gobierno Central no son exactas. Por lo menos eso piensa, Remedios Uriana, activista y líder wayuu, que lleva años luchando por los derechos de su pueblo. Muchos niños se mueren y son enterrados dentro de las mismas rancherías. No son reportados ante el Ministerio de Salud. Se convierten en fantasmas en listados de entidades como el Icbf. Así pasa en el territorio, dice.

La corrupción, la falta de voluntad política y la discriminación en todos los niveles han sido los tres principales obstáculos para la implementación de la sentencia T302 y, en consecuencia, la mejora de la calidad de vida del pueblo Wayú. Y no es que falten recursos ni programas para usarla, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se hace un proyecto con una de las alcaldías, con un porcentaje de la plata se queda el alcalde, con otro el contratista y a la comunidad le llegan las migajas.

Igual con los proyectos alimentarios, como pasa en este momento de emergencia, explica Uriana, que para robarse el dinero se han entregado ayudas a personas que están en bases de datos fantasmas. La dura situación por la corrupción no afecta solo a los niños. Las mujeres, que siguen caminando por el agua, también se mueren en situación de aborto por problemas en el embarazo.

Hay muchos ejemplos para dudar de cómo se invierte la plata que debería ir directamente a lo establecido en la sentencia. En la Gobernación de La Guajira firmaron por $27.000 millones un acuerdo para el transporte escolar, a pesar de tener objeciones para su ejecución por parte de la Procuraduría. En Manaure se gastaron de forma exprés $20.000 millones para remodelar un parque, con contratos hechos a las carreras el 22 de diciembre pasado.  En Uribia contrataron un patinódromo por $6.000 millones a finales del año, junto a la puesta en “operación” de unos acueductos que nunca han funcionado y que el nuevo alcalde volvió a contratar por $11.000 millones.

El caso más llamativo es el del líder Javier Rojas Uriana que, aunque fue uno de los primeros que visibilizó las muertes de los niños wayuu y lideró el proceso para el reconocimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en abril del año pasado terminó preso porque, según la Fiscalía, se apropió de por lo menos $1.000 millones de un convenio celebrado entre su Asociación Shipia  Wayúu y el Incoder para el fortalecimiento de la economía tradicional de 200 familias en el resguardo de la alta y media Guajira.

Qué hay que hacer para soltar esos nudos que impiden avanzar, se preguntan algunos de los que luchan por la comunidad. El panorama es complejo, pero si hay que sincretizarlo, se tendría que oír de verdad las voces de la gente del territorio y el rol de sus autoridades. También entender que tienen una organización social diferente y que los derechos de la niñez indígena están por encima de cualquier discusión legal. Los temas están crudos sobre la mesa y parecen olvidados en medio de esta emergencia.

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