Fuertes señalamientos, intentos para silenciarla, y más, fueron solo algunos de los episodios que tuvo que soportar la exmagistrada Stella Conto Díaz del Castillo por parte de sus compañeros del Consejo de Estado, cuando hizo parte de este alto tribunal en 2013. Una nueva decisión, tras varios años de espera, ordena pagarle una alta suma, superior a los 400 millones de pesos.
El fallo conocido por SEMANA es del Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá que, básicamente, condenó a la Rama Judicial por el ataque tanto verbal como discriminación en el marco de género que sufrió la exmagistrada.
Los magistrados le hicieron duros cuestionamientos en su momento por haber salido a hablar con un medidor comunicación explicando los motivos para salvar voto (apartarse de una decisión mayoritaria) en un caso puntual que estudió el Consejo de Estado.
Cuenta el documento, conocido por SEMANA, que el 28 de mayo de 2013, el el Consejo de Estado resolvió una solicitud de impedimento en el marco de una acción de pérdida de investidura, en el sentido de negarla, “suscribiendo la exmagistrada Conto dicha providencia el mismo día, en el recinto de la Sala. Además de ello, tres magistrados salvaron su voto”.
Posteriormente, el exmagistrado Hugo Bastidas Bárcenas explicó ante el país su voto particular, el 8 de junio de 2013, e igualmente la consejera, para ese entonces, doctora Conto Díaz del Castillo, fue entrevistada sobre su postura disidente el día 11 de junio siguiente, previa intermediación de la oficina de presidencia del Consejo de Estado, a cargo de la difusión de las actuaciones y decisiones de la corporación.
Lo que ocurrió luego, el documento lo relata explicando que se citó a una sesión extraordinaria, en la cual se acordó por mayoría no grabar su desarrollo, ni las intervenciones de los consejeros que asistieron. Dicha sesión se realizó por un llamado a sesionar formulado por el presidente de la corporación, y se extendió por espacio de cuatro (4) horas, habiendo sido la exmagistrada Conto maltratada verbalmente, hostigada y fustigada, “por haber dado a conocer a la opinión pública de su propia voz la explicación de su postura particular en el salvamento de voto que profirió en Sala Plena.
Además de ello, en el desarrollo de la sesión extraordinaria, se afirmó que la providencia aún permanecía en el despacho de la consejera ponente, “pendiente de ser comunicada al país”.
Otro punto es que aunque había dos salvamentos de voto del magistrado Hugo Bastidas y de Stella Conto, solamente fue objeto de cuestionamientos el de Conto, algo que para el juez “inaceptable en este tipo de amonestaciones que dejan es tristeza, dolor, desconsuelo, indignidad, humillación”.
“Olvida el cuerpo colegiado que en las altas cortes, no pueden existir esta clase de reuniones de Sala “informales”, máxime, si se había iniciado la sala como extraordinaria, con la grabación oportuna, para luego decidir de manera arbitraria si se continuaba grabando”. La tesis del juez, es que lo realizado por los consejeros de Estado desconoció por completo la Ley Estatutaria respecto de la publicidad de las salas en este tipo de casos.
La exmagistrada Conto, relata el juzgado, “comenzó a exigir el cumplimiento de la disposición constitucional que prevé la publicidad de las actuaciones judiciales”, es decir, en el sentido de levantar el acta de la sesión extraordinaria, donde ella fue maltratada, para así poder visibilizar lo allí ocurrido,” junto con la estructura patriarcal que se evidenció ese mismo día en la corporación judicial y así procurar correctivos”, agrega el documento.
La decisión final, tras varios años, en primera instancia se lee al final del fallo en el que finalmente se le da la razón a una persona que en algún momento estuvo del lado de quienes deciden, esta vez siendo ella la persona que reclamaba justicia. El fallo ordena lo siguiente: “Declarar responsable a la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los daños causados a la parte demandante exmagistrada Stella Conto Díaz, y sus hijos”.