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Las quejas del defensor del Pueblo a la CIDH y a la OEA por la situación de los exmilitares detenidos en Haití

Los 18 colombianos dicen ser víctimas de torturas y tratos inhumanos, además de no tener garantías judiciales.


Los exmilitares colombianos detenidos en Haití después del magnicidio del presidente de ese país Jovenel Moïse aseguran que son víctimas de amenazas de muerte, que no tienen abogado y que los torturan a diario. Su situación es deplorable y la Defensoría del Pueblo se pronunció ante organismos internacionales para solicitar apoyo.

Hace semanas, la entidad visitó Puerto Príncipe y la misión se reunió con los exmilitares en la cárcel. En ese momento, el defensor Carlos Camargo expresó preocupación por su situación, tras conocer el informe de los delegados que estuvieron allá.

Ahora, por medio de cartas, el defensor del Pueblo se comunicó con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Abogados Sin Fronteras.

En la primera, Camargo se dirigió a Luis Almagro, secretario general de la OEA, señalando que la detención de los colombianos no ha cumplido con las garantías mínimas requeridas por Naciones Unidas y la organización que este representa, pues el control judicial se realizó 25 días después de su detención y, por ahora, no tienen apoyo legal. Además, el Gobierno de Haití no les ha proporcionado abogados y los interrogatorios se han hecho sin asistencia legal.

Además, el defensor le informó a Almagro que la entidad ha conocido que grupos armados irregulares tienen intención de tomarse la cárcel, lo que pondría en peligro a los exmilitares detenidos.

Si bien la entidad reconoce la importancia de que el pueblo haitiano conozca la verdad sobre lo sucedido con su presidente, esto no es incompatible con el respeto al debido proceso de los detenidos.

“Le reiteramos, señor Secretario General, la solicitud de que la OEA intervenga en este asunto, y de ser posible, que se logre la creación de un tribunal especial, que por fuera de las fronteras de Haití pueda llevar a cabo el juicio”, concluye la carta.

En la segunda carta, Camargo le escribió a Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, para solicitar coadyuvancia o apoyo para las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría, en aras de proteger los derechos a la vida, la integridad y el debido proceso de los 18 colombianos.

Además, le informó que los grupos armados al margen de la ley han tratado de asaltar la cárcel en tres ocasiones y le recordó que los detenidos dicen estar siendo víctimas de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Además de que han manifestado haber sido torturados durante los interrogatorios. “Por esa razón, respetuosamente solicito a la Honorable Comisión Interamericana dar un trámite urgente a la solicitud de medidas cautelares para la protección de la vida, integridad y debido proceso de los detenidos”, dice el documento.

Finalmente, el defensor del Pueblo de Colombia le envió otro oficio a Appolinaire Fotso, director general de la oficina regional de Haití de Abogados Sin Fronteras. En el documento, Camargo le informó sobre la situación de los colombianos y cómo el Gobierno de Haití ha violado algunas garantías fundamentales.

El funcionario resaltó que no hay un marco legal que permita a Colombia dar asistencia o pagar un asesor jurídico a estos detenidos en el extranjero y es por esa razón que pidió ayuda a la CIDH y a la OEA. No obstante, hasta el momento las gestiones adelantadas no han dado resultados.

“Por esta razón, me dirijo a ustedes con el ánimo de solicitarle respetuosamente, de analizar la posibilidad de dar apoyo para la asistencia legal urgente de los 18 detenidos que hoy se encuentran en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití, con el único propósito de que se respete el debido proceso, y las garantías judiciales que cualquier ser humano debe tener en toda circunstancia”, concluye el documento.