Lo último: Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, a indagación por presunta participación en red de corrupción

Crecen los problemas para el senador boyacense del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien está en un gigantesco lío penal y disciplinario por su presunta participación en una gigantesca red de corrupción. La Procuraduría acaba de abrirle indagación previa por su supuesta participación en el direccionamiento de varios contratos por un valor superior a los $ 9.000 millones. Este se suma al lío penal, ya que la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que sea investigado.

Para el ente de control, las pruebas que se han recaudado hasta el momento sobre la presunta corrupción a la que está ligado el senador Ramírez y de la cual sería el principal protagonista, serían argumento suficiente para abrirle este proceso.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias hechas por varios medios de comunicación que refirieron que, al parecer, junto con otros servidores, el congresista participó en la manipulación de al menos 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022″, señalaron desde la Procuraduría General de la Nación.

El esquema de cooptación de contratos, según las investigaciones, es claro y similar a la forma en que operó la red criminal del también senador Mario Castaño. En él la cabeza sería el senador Ramírez, quien aprovechando su influencia como congresista pedía y direccionaba los contratos. El senador del Centro Democrático, en este proceso disciplinario, tiene derecho a solicitar una versión libre.

En la Corte Suprema de Justicia

Justamente, en marzo, el fiscal Francisco Barbosa anunció la compulsa de copias de la investigación de esta red criminal a la Corte Suprema de Justicia para que el senador Ramírez sea investigado ante el alto tribunal.

Pero el asunto no quedó ahí, las investigaciones de Fiscalía siguieron con las personas que estaban relacionadas en la red, entre ellas miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista. Por eso judicializó a Katherine Rivera Bohórquez, quien hasta agosto de 2023 fue su encargada de prensa y comunicaciones. También fue presentado ante jueces de control de garantías el señor Anderson González González, contratista que resultó metido en un enredo que, ahora, lo tiene privado de la libertad.

“Como parte de un nuevo frente investigativo contra las redes que direccionan la contratación en los entes nacionales y territoriales, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que harían parte de un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos contractuales que se realizaron en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022″, explicó la Fiscalía, hace una semana.

Las cuentas de la Fiscalía son mucho más costosas y graves que las que lleva hasta el momento la Procuraduría, pues la magnitud de la corrupción pasa de $ 9.000 millones a $ 48.000 millones.

El tema habría arrancado en 2021 cuando entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron un contrato interadministrativo por esos $ 48.660 millones.

“En atención a lo pactado, Proyecta Quindío se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal”, señaló la Fiscalía tras confirmar la captura de la exfuncionaria y el contratista.

Entre los contratos a los que se refieren las investigaciones penales y disciplinarias están:

• Purificación, contrato de obra por 1.639 millones y de consultoría por 114 millones para construir vías con placa huella.
• Mariquita, contrato de obra por 1.981 millones y de consultoría por 139 millones para vías con placa huella.
• Villarrica, contrato de obra por 1.293 millones y de consultoría por 90 millones para vías en placa huella.
• Melgar, contrato de obra por 2.125 millones y de consultoría por 148 millones para la pavimentación en concreto rígido de una vía.
• Piedras, contrato de obra por 1.139 millones y de consultoría por 79 millones para la pavimentación de varias calles.
• Contrato denominado Tolima Varios, que correspondía a una consultoría por 629 millones.