El 8 de abril de 2026, los dragonenates del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) Juan Camilo Goéz David y Nairo Vargas Rubio pasaron por alto hacer las anotaciones y los registros de los ingresos de la agrupación musical del cantante vallenato Nelson Velásquez a las instalaciones de la cárcel La Paz, en Itagüí.
Cinco meses después de que omitieron sus funciones de control y registro en ese establecimiento penitenciario y carcelario en el departamento de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación los suspendió e inhabilitó por seis meses.
Incumplir el deber de registrar en la minuta los ingresos a esa prisión fue un acto calificado por la Procuraduría como grave, cometido a título de culpa. Por eso, durante el juicio disciplinario quedó establecido que la conducta de los funcionarios públicos trascendio el ámbito social, al generar desconfianza de la ciudadanía en el funcionamiento del Estado, especialmente del Instituto Penitenciario.
Juan Camilo Goéz y Nairo Vargas Rubio confesaron su error en medio de la etapa de instrucción de este proceso disciplinario, por lo que la Regional de Juzgamiento de Antioquia aplicó una reducción a la sanción final. El proceso contra los demás involucrados seguirá en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.
Polémica parranda con Nelson Velásquez provoca operativo sorpresa en la cárcel de Itagüí. Hallaron consolas, neveras, asadores, teléfonos y ollas freidoras en celdas de cabecillas que negocian la paz con el Gobierno. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WTniCoySrd
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 11, 2026
Las “garantías” del gobierno Petro
La confesión de los dragoneantes dejó al descubierto que el gobierno del expresidente Gustavo Petro habría ofrecido una serie de “garantías” a los reclusos en esa cárcel, donde se adelantó la mesa de paz urbana de Antioquia con los principales cabecillas de las bandas criminales en la región.
El guardia Nairo Vargas Rubio confensó en medio del proceso que en la cárcel de Itagüí los presos “intimidan o manipulan” a los custodios por su alto perfil criminal, pero terminó advirtiendo que “ellos (...) están en un proceso de paz con el Gobierno. El Gobierno les ha dado ciertas garantías como para visitas extras, ingreso de alimento; entonces, ya es rutina que a ellos les autorizan”.
Ese proceso era liderado por la senadora Isabel Zuleta, del Partido Pacto Histórico, quien cumplió su rol como representante del gobierno Petro para negociar con los cabecillas de las bandas que sembraban el terror en el Valle de Aburrá.
