¿Habrá fiscal ‘ad hoc’?

La figura del fiscal ‘ad hoc’ podría ser lo único que garantice la supervivencia en el cargo de Néstor Humberto Martínez. Una vez conocidas las grabaciones que en secreto le hizo Jorge Enrique Pizano, las críticas contra el fiscal se convirtieron en un tsunami incontrolable. En la opinión pública, múltiples sectores pidieron su renuncia, y en las redes sociales el asunto se desbordó y llegó incluso a teorías conspiracionales fantasiosas.

Martínez se defendió con explicaciones razonables que poca gente creyó. Pero tuvo una salida en falso. Se presentó como víctima de una conspiración liderada por una persona cuyo nombre no mencionó, pero a quien describió como un personaje sub judice imputado por él, que tendría abogados norteamericanos y nexos con la DEA. Solo dos personas en Colombia fueron asociadas con esa descripción: Luis Fernando Andrade y Carlos Mattos.

Los dos salieron a los medios a desvirtuar esa especulación. Andrade, exdirector de la ANI detenido en su casa, dijo en entrevista con Noticias Uno: “Yo he denunciado las irregularidades de la Fiscalía, he denunciado los conflictos de interés del fiscal Martínez, he denunciado los intereses económicos del Grupo Aval. Y si denunciar eso y buscar mi defensa es conspirar, entonces sí soy un conspirador”. Y Mattos envió un comunicado desde España en el que dice: “Tengo abogados norteamericanos desde hace años. Ni ellos ni yo hacemos parte de una conspiración contra el fiscal general. Ellos se limitan a mi defensa legal y ya”.

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Sorprende que un hombre tan experimentado como Martínez haya recurrido a la teoría de la conspiración, que es la que utilizan la mayoría de las personas investigadas por la Fiscalía. Las múltiples críticas que se oyeron la semana pasada no obedecen a una mano siniestra, sino a la indignación que produjeron las grabaciones clandestinas de Pizano, que volvieron a poner sobre el tapete los conflictos de interés que tenía Martínez para asumir su cargo.

Independientemente del debate alrededor de si el fiscal debería renunciar, la decisión de irse depende exclusivamente de él. En Colombia, el fiscal tiene un fuero similar al del presidente de la república. Eso quiere decir que para destituirlo se requiere un proceso político-jurídico de esos que nunca despegan porque tienen que comenzar en la Comisión de Acusación. Así existiera el ambiente político, los tiempos tampoco darían. Así que Martínez, quien no ha pensado en renunciar, se queda.

A quien más le conviene el clamor por un fiscal ad hoc es a él. Al comenzar ese debate, la controversia pasa del tema de su renuncia a quién debería reemplazarlo para manejar la investigación de Odebrecht. Designar a la persona que se monte en ese potro no va a resultar nada fácil. 

Para comenzar, la figura del fiscal ad hoc no existe en la actualidad. El mismo Néstor Humberto Martínez trató de establecerla al siguiente día de su posesión, cuando presentó un proyecto para reformar la ley de procedimiento penal vigente en lo referente a impedimentos o recusaciones contra el fiscal general. La norma hoy dice que cuando esto ocurra, la Corte Suprema evaluará si el asunto tiene fundamento y, en caso tal, “continuará conociendo de la actuación el vicefiscal general de la Nación”. Pero para muchos, teniendo en cuenta que el vicefiscal no solo es un subordinado, sino la mano derecha del fiscal general, su independencia está en tela de juicio.

En poco más de dos años que lleva como fiscal general, Martínez ha tenido que declararse impedido en tres asuntos: 1) El caso de Carlos Mattos, pues fue su abogado. 2) El caso contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, investigadas por un presunto favorecimiento por la adición de la vía Ocaña-Gamarra a la troncal Ruta del Sol. Martínez fue compañero de ellas en el gabinete y participó de las decisiones de alto gobierno en donde se aprobó el otrosí en cuestión. 3) En la negociación que la Fiscalía adelanta con los brasileños directivos de Odebrecht para otorgarles inmunidad penal a cambio de reparación y verdad judicial. Allí Martínez ha dicho que como abogado del Grupo Aval tuvo la misión en 2015 de redactar el famoso contrato de transacción con el que los brasileños cuadraron cuentas con Aval, una vez detectados los contratos sin sustento en la concesionaria Ruta del Sol. En los tres casos, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, los respectivos expedientes han pasado a manos de la vicefiscal María Paulina Riveros, como ordena la ley vigente. Todos reconocen la integridad de esta funcionaria, pero su dependencia jerárquica del fiscal general desdibuja el concepto del fiscal ad hoc autónomo.

Martínez ha sido el primero en criticar ese remedo de fiscal ad hoc a la criolla. Por ello, hace dos años presentó el mencionado proyecto de ley que se hundió sin pena ni gloria en el Congreso. Y por ello ahora –en medio de la tormenta– acudió a la Corte Suprema acompañado de la vicefiscal para insistir en que conviertan en realidad la figura de un fiscal ad hoc independiente.

Al clamor se sumó Fernando Carrillo, quien ha dicho que el fiscal ad hoc que debe concebir la Corte Suprema no puede ser un tigre de papel. El procurador general incluso ha ido más allá, pues no se ha limitado a hablar de la necesidad de un funcionario independiente, sino de “una fiscalía ‘ad hoc’”. Con esto quiere decir que no basta una persona, pues se requiere un equipo de investigación con dientes que le reporte solo a este. “Cero burocracia, plena eficacia y autonomía absoluta para investigar la integralidad de los casos relacionados con Odebrecht”, dice Carrillo.

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Pero a pesar del consenso y de la premura, no es nada fácil que haya pronto humo blanco en la Corte Suprema. Lo primero es que los 23 magistrados que integran la Sala Plena deben analizar el asunto y este año quedan solo dos sesiones antes de las vacaciones. Los togados regresarán el 11 de enero, pero para esa fecha habrá cuatro menos por cumplimiento de sus periodos. El dato es relevante, pues se requieren mínimo 16 votos para elegir un fiscal ad hoc. Una posibilidad ante la estrechez del tiempo es que la corte se declare en sesión permanente, pero es poco probable porque hay planes de viajes de por medio. Y como dice un magistrado, “en vísperas de Navidad no a todos les corre sangre ante las urgencias del país”.

Para que haya elección de un fiscal ‘ad hoc’ se requieren mínimo de 16 votos de 23 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Para enero cuatro sillas estarán vacías por cumplimiento de periodos.

Si en las dos salas restantes prospera la tesis de que ante las excepcionales circunstancias hay que hacer a un lado la ley y nombrar un fiscal ad hoc autónomo, la corte tendría que solicitar al presidente de la república una terna. Eso tomaría como mínimo diez días. Pero allí asoma otro escollo, pues hay quienes aseguran que Iván Duque podría estar impedido porque lo mencionan como uno de los acompañantes del candidato Óscar Iván Zuluaga a Brasil en su controvertida reunión con el publicista Duda Mendonça. Esa interpretación es forzada, pero sectores de izquierda la han convertido en una bandera.

Sin embargo, el veto al primer mandatario no parece viable, pues para esos sectores la alternativa debería ser una comisión internacional que asuma el caso, como ocurrió en Guatemala. Eso no solo aterra a los uribistas, sino que sería inviable en la práctica porque implicaría un procedimiento muy engorroso que tendría que incluir al Congreso y a la Corte Constitucional. Por todo esto, el presidente de la república conformará y enviará la terna para el fiscal ad hoc, que estudiará la Corte Suprema. De cualquier forma, una vez la corte reciba los tres postulados se abrirá una densa discusión que no será nada fácil.

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También, la Sala Plena de la Corte debe resolver el alcance del eventual fiscal ad hoc. Actualmente, en la Fiscalía hay cerca de veinte líneas de investigación relacionadas con Odebrecht, pero las normas vigentes indican que los impedimentos y las recusaciones deben ser taxativos y motivados uno o uno. La corte tendría que habilitar al fiscal ad hoc para que asuma una competencia frente a la totalidad del caso. Esa responsabilidad integral del caso sería más lógica que otro escenario mencionado y bastante absurdo: que algunos procesos del escándalo de Odebrecht queden en manos del fiscal ad hoc y otros en el búnker que dirige el fiscal general.

Una vez el país sortee los obstáculos del proceso de conseguir un verdadero fiscal ad hoc, habrá que esperar a que el nuevo funcionario y su equipo estudien lo que hay –miles y miles de folios y centenares de videoaudiencias– antes de tomar las primeras decisiones. Mientras no termine este escándalo el país no recuperará la ecuanimidad para evaluar el trabajo del fiscal Néstor Humberto Martínez en muchos frentes y hacer un balance objetivo de su gestión.