“No permitiremos infiltraciones en la minga”: fiscal general

El lunes 12 de octubre, cerca de 10 mil indígenas llegaron a Cali, capital del Valle del Cauca, para encontrarse con el presidente Iván Duque en una cita a la que este no asistió. Sin embargo, una delegación comandada por la ministra del Interior, Alicia Arango, y otros funcionarios del Gobierno, se reunieron con voceros de la protesta, pero no con el Consejo Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que no asistió al encuentro. En caso de que el mandatario no asista, se desplazarán a Bogotá, lo que ya parece inminente.

Según información de inteligencia, esta movilización tradicional de los pueblos indígenas, mediante la cual suelen hacerse reclamos al Gobierno, sería infiltrada por las disidencias de las FARC.

Las autoridades interceptaron comunicaciones de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias, en las que es posible escuchar a alias El Paisa comunicándose con un compañero para informarle que una comisión política se está desplazando a ese encuentro: “Yo voy a mandar un delegado de acá, ¿oyó?... para que estén pendientes, de pronto se pasa derecho porque no conoce el camino”.

Los informes de inteligencia conocidos por SEMANA revelan que este bloque de las disidencias estaría intentando convencer a las comunidades de permitirles infiltrarse, a cambio de financiación para la minga.

A propósito, el fiscal general Francisco Barbosa, habló del tema en un evento institucional del lanzamiento de una plataforma digital sobre los delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos.

“Quiero referirme a los deberes de los ciudadanos. También quiero referirme al derechos de los ciudadanos de gozar de la tranquilidad en las ciudades y de no ser vulneradas, por ejemplo, su seguridad y su movilidad”, empezó diciendo Barbosa, quien señaló que la Fiscalía protege la protesta social “y por ello combatirá todo tipo de terrorismo urbano a través de las instituciones judiciales y del Código Penal”, manifestó.

El fiscal fue enfático en decir que “no se puede permitir que los terroristas se infiltren en marchas o en mingas”, por lo que sostuvo que las autoridades estarán atentas y judicializarán a todos aquellos que alteren el orden y la salud pública.

No obstante, desde la minga aseguran que se trata de información falsa y que la movilización “no está infiltrada por actores armados”. Para los integrantes de la minga, esta movilización es de carácter “netamente político” y busca defender la vida, la paz, el territorio y la democracia “en un debate público que no se realizará con delegados del Gobierno, sino directamente con el presidente de la República Iván Duque”.

Según un documento conocido por este medio, la minga tiene más de 18 exigencias para el Gobierno, pero no tienen pensado hacer bloqueos de vías. Una de las peticiones que tienen los indígenas y otros movimientos que acompañan la minga es la de reestablecer los diálogos de paz con el ELN. Además, hablan de la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y de una modificación de la doctrina militar y la política de seguridad y defensa, así como el desmonte del Esmad.

Varias de estas exigencias estaban incluidas en el pliego de peticiones del Comité de Paro Nacional que sindicatos, estudiantes e indígenas conformaron para la convocatoria de movilizaciones en todo el país durante los últimos meses de 2019.

A pesar de lo que ha dicho el Gobierno sobre posibles infiltraciones de grupos al margen de la ley en la protesta, los indígenas han manifestado que buscan completar una movilización en paz.

Por el momento, desde Casa de Nariño han dado señales de que el presidente no irá a Cali para reunirse con el Consejo Mayor, por lo que lo más probable es que la minga sí se desplace a Bogotá.